"Es otro invento amañado que pretende excluir alternativas y engañar a los que genuinamente creen en el ideal de la estadidad", sostuvo Torres. (GFR Media)

Washington - El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), senador Aníbal José Torres, afirmó hoy que al abrir la puerta a un nuevo referéndum de status sin aval federal, el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) acepta que el proceso puede carecer de seriedad ni permita avanzar el debate sobre el futuro político de la Isla.

Tanto el precandidato a gobernador por el PNP Pedro Pierluisi como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, han indicado que el referéndum estadidad sí o no que se proponen legislar en San Juan debe tener lugar con o sin que el Departamento de Justicia de EE.UU. avale la papeleta electoral y la campaña educativa que diseñe la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Ahora Pierluisi dice que se haga la consulta, aunque no tenga el aval federal. Eso es una aceptación de que el proceso no es uno serio. Es otro invento amañado que pretende excluir alternativas y engañar a los que genuinamente creen en el ideal de la estadidad. En vez de perder el tiempo y sugerir gastar el dinero del pueblo en encuestas caras como las que propone, debe pedir disculpas por decir que se siente orgulloso de las decisiones de la administración Rosselló”, sostuvo Torres.

Pierluisi indicó la semana pasada en Washington que “se debe celebrar (la consulta) irrespectivamente de (que tenga el respaldo de Justicia federal), pero idealmente tenemos el aval y los fondos ($2.5 millones)” que permite asignar una ley estadounidense de 2014.

El proyecto de ley presentado por el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, propone un referéndum estadidad sí o no, vinculado a la ley de enero de 2014 que permite al Departamento de Justicia estadounidense determinar si la papeleta electoral y la campaña educativa de la CEE cumplen con la constitucionalidad, las leyes y la política pública del gobierno federal.

Si el Departamento de Justicia de EE.UU. aprueba la consulta, asignaría $2.5 millones para ayudar a financiarlo.

En 2017, también se hizo un esfuerzo inicial para vincular el plebiscito de ese año con el estatuto federal, pero después del Departamento de Justicia federal invalidar la legislación original- por excluir el status territorial vigente-, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares decidió no esperar por una respuesta final del gobierno de Donald Trump.

La consulta de 2017 solo movilizó al 23% del electorado, en medio del boicot de la oposición. Y el gobierno del PNP nunca pudo convencer al Congreso de que el 97% que obtuvo la estadidad en el plebiscito, era representativo del sentir de los electores de la isla.

Ahora, el gobierno del PNP buscará que el Departamento de Justicia de EE.UU. avale un referéndum pro estadidad que define el “No” como un apoyo a que “Estados Unidos reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico” por medio de la libre asociación o plena independencia. Defensores del status territorial ya han criticado la consulta.

Bajo un informe que acompaña la ley de presupuesto del 20 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. tendría hasta hoy para responder a una petición para que excluya el actual status territorial de cualquier recomendación de alternativas de status para un próximo referéndum en la isla.


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