Juan Oscar Morales insistió hoy en que el “único motivo” de la pesquisa fue defender al pueblo de “Puerto Rico y fue motivada “por intento de lucro millonario de compra de pruebas en medio de una pandemia que ha cobrado y que sigue cobrando vidas”. (Ramón “Tonito” Zayas)

El representante penepé Juan Oscar Morales insistió esta mañana que su pesquisa sobre las compras del gobierno en el contexto de las pruebas de COVID-19 no tuvo motivaciones políticas.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo ayer que la investigación solo iba dirigida a hacerle daño a su figura.

No tengo la menor duda que tiene que estar relacionada con política porque no hay otra. Por querer hacerme daño a mí, le hacen daño al pueblo de Puerto Rico y yo le hago un llamado al pueblo a que estén muy pendientes a quienes van a botar por ese informe… porque le hacen un gran daño a Puerto Rico”, sostuvo la gobernadora el lunes.

Morales hizo la afirmación hoy al mediodía al presentar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes el informe final de la pesquisa que concluyó con referidos a 15 personas, incluyendo a 11 en el segundo informe parcial revelado ayer.

Morales insistió hoy en que el “único motivo” de la pesquisa fue defender al pueblo de “Puerto Rico y fue motivada “por intento de lucro millonario de compra de pruebas en medio de una pandemia que ha cobrado y que sigue cobrando vidas”.

Es fácil fiscalizar al opositor, pero difícil es realizar una investigación de tu propia administración”, dijo Morales. “Se hizo el desembolso de $3.7 millones y el gobierno no tuvo un solo beneficio” al referirse a cómo un contrato a la empresa 313 LLC por esta cantidad por la compra de 101,500 pruebas rápidas mantiene a la empresa y al gobierno en un litigio. Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) desautorizó las pruebas, por lo que el gobierno no podrá utilizar las pruebas e intentará recuperar el dinero por la vía judicial.

Esa compra fue autorizada por la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

Pudimos comprobar que hubo un patrón de irregularidades y negligencia en el proceso de compras realizadas, que hubo funcionarios que faltaron a su deber y responsabilidad en el gobierno poniendo en riesgo la vida y salud de miles de puertorriqueños. En el Departamento de Salud hay una crasa deficiencia en la fase administrativa y se tomaron decisiones sin consultar a los expertos”, dijo Morales en el hemiciclo.

Morales recordó cómo se le compraron pruebas por $650,000 a la empresa Castro Business que no pudieron utilizarse, aunque en ese caso no se hizo un desembolso de dinero y cuestionó por qué el gobierno le pagó a 313 LLC el 100% de la compra de 101,500 pruebas por $3.6 millones.

“Eso fue en contra de lo que estipulaba la orden de compra que establecía claramente que le iban a pagar el 60% al emitir la orden y el 40% cuando entregaran las pruebas. Se les pagó el 100% sin entregar una sola prueba y cuando entregaron parcialmente las pruebas fue fuera de fecha”, dijo Morales.

“Y todavía hay personas en este país justificando lo injustificable y que se hizo todo en orden”, agregó.

Morales también recordó cómo mientras el gobierno tramitaba en tiempo récord una transacción de $38 millones a Apex General Contractors por la compra de un millón de pruebas, el gobierno ignoró una cotización de 500,000 pruebas a $10 la unidad.

“Esa ni se evaluó’, dijo el representante.

Buscones y mafiosos

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez describió como “buscones y mafiosos” a los ciudadanos privados que se pretendieron beneficiar con el negocio de venda de pruebas COVID-19.

“Esto se da en el contexto de la lucha primarista y los bandos, pero fue una investigación en donde hubo una amplia participación de todos los representantes y eso hay que decirlo públicamente”, dijo Márquez. “Tuvimos la oportunidad de interrogar a diversas personas, de confrontar a negligentes y corruptos funcionarios, y de preguntarle y contrainterrogar a una partida de buscones y mafiosos que se aprovecharon de la situación que vivía Puerto Rico”, dijo al referirse a la venta de Apex, comandada por el abogado Juan Maldonado y Robert Rodríguez, y la transacción de 313 LLC, dirigida por su presidente, Ricardo Vázquez.

Más allá de su lucha política y su primaria, que me importa poco… yo apoyo el informe porque es un informe importante con señalamientos de delitos y fallas administrativas y negligencia y hay que reconocerlo… claro que es una tragedia”, sostuvo Márquez al aludir a una frase que utilizara la gobernadora ayer para describir la investigación cameral.

Márquez manifestó que el turno de hoy era el de “mayor indignación y mayor coraje” que ha asumido en cuatro años en la Cámara.

“Son unos corruptos y consiguieron, a través de conexiones con el partido en el poder, acceso a lo que nadie tenía acceso”, dijo.

En el caso del portavoz Rafael “Tatito” Hernández, elogió el trabajo de la Comisión de Salud, pero dijo que va a referir el informe a la fiscalía federal y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras al entender que se ha concretado un esquema de fraude bancario.

“El gobierno de Puerto Rico Rico no estaba preparado para esta pandemia”, dijo Hernández. “En su ejecución, trabajó por encima de la ley, no cumplió con el debido proceso y fue irresponsable en su desempeño” agregó al aludir a un “gobierno paralelo” que cobró protagonismo en las compras de Covid-19 al referirse al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, la ayuda especial de la Gobernadora, Marisol Blasco y Mabel Cabeza, exjefa de personal del Departamento de Salud.


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