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(GFR Media)

Un proyecto de ley que busca prohibir que negocios les cobren a los consumidores por proveer bolsas en sustitución de las desechables fue rechazado tanto por el gobierno como por representantes de la empresa privada.

Se trata de una medida por petición de la representante novoprogresista Lourdes Ramos, el P de la C. 1649. Se indica en la exposición de motivos del proyecto solicitado por la ciudadana Ana Luisa Díaz que la Ley 247-2015 para la promoción de bolsas reusables ha tenido el efecto de “perjudicar al consumidor”, al supuestamente obligarlo a adquirir bolsas reusables en negocios.

“La responsabilidad de cuidar y proteger el medioambiente es de todos. Así que todas las medidas que tengan el propósito de cumplir con esa responsabilidad son bienvenidas. Pero, la carga mayor no puede ser para el consumidor”, reza la exposición de motivos.

El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) encabezó la oposición al proyecto indicando que las bolsas plásticas más resistentes que se venden en negocios a un costo de 10 centavos siguen siendo un problema ambiental en la medida en que se fabrican con recursos no renovables y por su disposición inadecuada en vertederos que “crean impactos que se pueden prevenir” y tardan entre 100 y 500 años para descomponerse.

“Entendemos que, entre los valores comprometidos, el medioambiente representa el valor más vulnerable. El efectivo negativo del desecho plástico en el ambiente es devastador”, lee una ponencia firmada por la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, que preside la representante Yashira Lebrón.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) también se opuso al proyecto al sostener que prohibir que los comercios cobren por la venta de estas bolsas derrota el propósito ambiental de la Ley 247-2015 y abriría la puerta a que se regrese al escenario en que los comercios regalaban las bolsas plásticas, abonando al nocivo impacto ambiental que estas tienen.

“La venta de bolsas reusables puede ayudar a que esto ocurra”, lee la ponencia firmada por el titular de la agencia, Michael Pierluisi Rojo, al sostener que precisamente el cobro por el uso de estas bolsas tiene el efecto de reducir la disposición de desperdicios sólidos, promueve el reciclaje y la reutilización.

“Anteriormente, era costumbre en Puerto Rico que los comercios regalaran las bolsas plásticas desechables a los consumidores. Eso permitía que algunos consumidores utilizaran este tipo de bolsa indiscriminadamente para múltiples usos sin ningún tipode control”, sostuvo Pierluisi Rojo.

La Cámara de Mercadeo, Industrial y Distribución de Alimentos (MIDA) también se opone al proyecto al sostener que la medida pretende que los comercios regalen en grandes cantidades bolsas más dañinas al ambiente, ya que la ley 247-2015 obligó a los comerciantes que, como alternativa, aunque a un costo, ofrecieran bolsas más resistentes y reusables a sus clientes.

“En cuanto al tema de obligar al comerciante a regalar la misma, nos parece altamente cuestionable, y hasta potencialmente inconstitucional”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso.

El Centro Unido de Detallistas (CUD) también se opuso al proyecto.

Otro proyecto discutido hoy fue el P de la C. 1433, que busca la prohibición de envases de poliestireno y el uso de bolsas plásticas en negocios de comida rápida.

El CUD no endosa la medida al defender el uso del estereofón como un envase adecuado para alimentos.

“Aunque estamos conscientes de las características de este químico pudieran ser negativas al ambiente, así también cuenta con propiedades eficaces que facilitan la conservación de alimentos perecederos”, lee una ponencia firmada por el presidente del CUD, José Argüelles Morán.

Por argumentos similares, MIDA también se opuso a la prohibición del uso de envases de poliestireno.

“El legislador debe establecer un balance entre la protección del ambiente y la salud de nuestros consumidores”, lee la ponencia del organismo donde describe la prohibición como algo “drástico”.

El DRNA favoreció la medida. En el caso del DACO, no asumió postura y refirió las preguntas a la Autoridad de Desperdicios Sólidos.


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