Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

El gobernador anunció que, tras el huracán María, "se venderán activos de la AEE a empresas que transformarán el sistema de generación"

Mientras cerca del 40 por ciento de la población continúa a oscuras y el gobierno federal invierte millones de dólares para levantar postes, cables y transformadores para electrificar la isla, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer que venderá y privatizará la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una decisión que abre la puerta para una posible disputa legal con los verdaderos dueños de esa corporación pública: los bonistas.

Ayer, en un mensaje televisado en directo y sentado en su despacho en La Fortaleza, Rosselló Nevares indicó en menos de 10 minutos que la venta de activos de la AEE es necesaria para transformar la economía de Puerto Rico, para proteger “a los más vulnerables” con precios de electricidad más bajos y conseguir generar el 30 por ciento de la energía en la isla con fuentes renovables.

El Nuevo Día supo que la venta de la AEE es una movida contemplada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que, desde hace algunas semanas, el organismo que controla las finanzas gubernamentales de la isla había dejado entrever a los diversos acreedores de la corporación pública la posibilidad de “una venta a quemarropa” de esa entidad.

De igual forma, este diario supo que el plan fiscal que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentará mañana considera la venta y privatización mediante concesiones de la AEE como piedra angular de la supuesta transformación de la entidad, considerada como “la joya de la corona”, por tratarse del activo más valioso en los libros del gobierno de Puerto Rico.

Al presente, sin embargo, la AEE está sujeta a lo que dicte la JSF, que la representa en el proceso de bancarrota bajo el Título III de Promesa.

Anoche, la JSF indicó que no emitiría comentarios. Hace unas semanas, no obstante, el organismo federal determinó que celebrará una audiencia pública a principios de febrero, en la ciudad de Nueva York, para discutir el plan fiscal para la AEE.

La deuda no desaparece 

“Sobre mi cadáver”, dijo un acreedor de la AEE a El Nuevo Día bajo condición de anonimato cuando este diario, antes de que Rosselló Nevares anunciara su plan, le preguntó si la venta de los activos de la corporación pública sería factible.

“No desaparecen las deudas por el hecho de que se haga una venta”, explicó el exjuez federal de quiebras Gerardo Carlo Altieri en referencia a la obligación que la AEE mantiene con bonistas, bancos y aseguradores.

La JSF radicó la petición de TítuloIII para la AEE el 2 de julio de 2017, y señaló entonces que la AEE no podía honrar sobre $9,000 millones en bonos y millones de dólares adeudados a suplidores y generadores privados de energía.

Según Carlo Altieri, aunque quedan muchas interrogantes del anuncio del gobernador, la situación apunta a que se trata de una decisión “dramática” -con repercusiones que revisten de un gran interés público- que necesitará, a fin de cuentas, el aval de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico.

“Es dividir el pulpo y tratar de vender algunas partes”, ilustró Carlo Altieri.

Acto seguido, el exjuez sostuvo que una cosa es privatizar un activo público y otra es el fruto de esa transacción; qué acreedores tienen prioridad y cómo afectará a la población y a la economía de Puerto Rico.

El proceso de quiebra

Según Carlo Altieri, la venta de activos de entidades antes de que se complete un proceso de bancarrota es frecuente, y mencionó el sonado caso de la quiebra de Lehman Brothers como un ejemplo.

La AEE no es una entidad privada y está regida por el Título III de Promesa, pero Carlo Altieri subrayó que ese estatuto tiene por referencias tanto el capítulo 9 del Código de Quiebras, que proteje a jurisdicciones de gobierno, como el capítulo 11, que aplica a negocios en reorganización.

De acuerdo con Carlo Altieri, lo más razonable sería que la venta de la AEE sea parte de un plan de ajuste de deudas, que en principio debe ser avalado por los acreedores y que, a la fecha, no ha mostrado avances a pesar de una mediación ordenada por Swain.

El desastre de María

Para Rosselló Nevares, la privatización de la AEE -sea mediante venta o concesión- es un asunto de mejor calidad de vida y desarrollo económico.

“Lo que hoy conocemos como la AEE no funciona y no puede continuar operando así”, prosiguió el primer ejecutivo.

“Con esa autoridad, no podemos enfrentar los riesgos que conlleva vivir en un área de alta vulnerabilidad a eventos catastróficos, como los recientes dos huracanes”, indicó Rosselló Nevares.

El mandatario presenta así su solución -la privatización de la corporación pública- cuatro meses después de que ni la Junta de Gobierno de la AEE que él designó ni el director ejecutivo que nombró, Ricardo Ramos, pudieran restaurar el servicio y se recurriera al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que repare el sistema.

El proceso de venta de la AEE tomaría 18 meses, dijo el mandatario.

Comenzaría, explicó el gobernador, con aprobar legislación para establecer el marco legal de la nueva AEE y se abriría una convocatoria para las empresas interesadas. En una segunda etapa, se evaluarían las ofertas y, en la etapa final, se negociarían los términos de adjudicación y se contratarían las entidades privadas.

“Te describo un modelo de privatización de la generación de energía y una concesión, a término definido, de la distribución y transmisión de la energía”, dijo Rosselló Nevares.

El pasado 5 de enero, El Nuevo Día reveló en exclusiva parte de dicho plan cuando el director ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo que este año se lanzarían varias solicitudes de propuestas para nuevas unidades de generación en las centrales de San Juan y Palo Seco, entre otras.

Duda de las promesas

Por su parte, el expresidente de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos, dijo que la venta de la AEE no garantiza las promesas del gobernador.

“Ahora, el doctor nos receta una privatización, que, en otros sitios donde ha ocurrido, se ha traducido en un peor servicio y en costos más altos de energía”, afirmó el líder sindical.

Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, aseguró que la propuesta privatización lo que demuestra es incapacidad para gobernar.

“La pregunta es qué vamos a hacer ahora con la crisis que enfrentamos. Su respuesta está basada en su incapacidad para gobernar, de atender los problemas de Puerto Rico”, dijo en un mensaje a través de Facebook.

“Cuál es el gobierno que va a negociar este contrato, el mismo (que otorgó el contrato) de Whitefish (Energy Holdings)”, dijo Ferrer, en referencia a la empresa con sede en Montana que obtuvo un contrato para restaurar la electricidad en la isla, lo que es objeto de una investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Una propuesta en la mesa

Rosselló Nevares anunció su plan luego de que el grupo organizado de bonistas de la corporación pública (Ad Hoc-AEE) financiara a esa entidad mientras negociaba, durante tres años, un acuerdo que no quedó en nada cuando Rosselló Nevares y la JSF rechazaron los términos producto de ese proceso.

De igual forma, Rosselló Nevares recurre a la privatización luego de que, por meses, el grupo Ad Hoc-AEE sugiriera a la JSF y al gobierno utilizar un operador privado para poner a la AEE sobre sus pies. Dicho pedido está en el despacho de Swain.


💬Ver 0 comentarios