Los pensionados no sufrirían recortes en el presupuesto que el gobierno enviaría anoche a la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
Los pensionados no sufrirían recortes en el presupuesto que el gobierno enviaría anoche a la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

La administración de Ricardo Rosselló Nevares se aprestaba anoche a enviar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el presupuesto recomendado para el año fiscal 2020 sin incluir los recortes en partidas como pensiones, bono de Navidad y gastos operacionales que pidió, hace menos de un mes, el organismo federal, supo El Nuevo Día.

Al cierre de esta edición, este diario supo que personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y del Departamento de Hacienda hacía ajustes al documento.

El secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, se encuentran en Washington, D.C.

El gobierno sometería ayer la nueva versión del presupuesto ante la JSF, luego de solicitar una extensión de cinco días que le fue concedida.

Empero, en la carta de extensión que la JSF concedió el lunes, la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, indicó a Maldonado que esperaba recibir un documento de presupuesto que sea consistente con el plan fiscal certificado el pasado 9 de mayo.

Entre otras cosas, ello implicaría ajustar los gastos de nómina para excluir del presupuesto el pago del bono de Navidad y limitar a $125 mensuales la aportación al plan médico de los empleados públicos, salvo en el caso de empleados en corporaciones públicas con acuerdos previos de cobertura médica.

Antes de esa misiva, Jaresko había escrito a Rosselló Nevares, el 11 de mayo, para advertirle que tampoco daría paso a un presupuesto que contemple $1,500 millones en gastos por encima de lo proyectado para el Fondo General.

Rosselló Nevares lleva más de un mes señalando en diversos foros, incluido el Congreso de Estados Unidos, que no aplicará recortes al presupuesto del gobierno que considera innecesarios, en especial, luego de haber identificado sobre $1,300 millones en ahorros por diversas vías.

La semana pasada, el rechazo del gobernador quedó plasmado en un mensaje especial, en el que planteó que incluso demandaría al ente fiscal con tal de no aplicar la reforma de las pensiones, lo que afectaría a unos 167,000 jubilados del sector público.

De esta manera, si la propuesta de Rosselló Nevares no cumple con las expectativas de la JSF, durante la primera semana de junio, el organismo federal –que opera bajo una extensión de tiempo adicional concedida por el Primer Circuito de Apelaciones luego del fallo de inconstitucionalidad en sus nombramientos– sometería a la Legislatura un presupuesto propio por tercer año consecutivo.

“La Junta –y dicho por el mismo presidente de la Junta– dice que ellos establecen el número alto de lo que se supone que sea el gasto del presupuesto y la Asamblea Legislativa y el gobernador definen entonces cómo se usan esos recursos. Últimamente, la práctica no ha sido esa, y yo llamo a la atención esa práctica porque tratan de imponer política pública llevando a cabo su iniciativa a base del presupuesto”, dijo ayer Rosselló Nevares tras participar de un evento en Arecibo.

“Yo invito a que la Junta evalúe el presupuesto que ya sometimos a la Asamblea Legislativa, que ellos sí han dicho que está por encima de lo que se debe gastar, pues nosotros, a nivel global, vamos a estar buscando cómo podemos mitigar esa parte. Pero, en términos de cuáles y cómo van a ser las prioridades, no son las prioridades de la JSF, son las prioridades nuestras, y nosotros lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, agregó el mandatario.

La ruta del gobernador

Hace poco más de una semana, la OGP y la Aafaf divulgaron el presupuesto recomendado para el año fiscal 2020, pero identificar si, de entrada, esa propuesta atiende las exigencias hechas por la JSF no resulta factible. Ello, porque las partidas presupuestarias no coinciden con los lineamientos explicativos en las cartas de la JSF.

El documento divulgado por la Aafaf señala que, a partir de julio próximo, el presupuesto consolidado totalizaría unos $26,124 millones. La cifra supone un alza de 3.6% en relación con el presupuesto vigente.

En ese total, unos $19,269 millones corresponderían a las entidades y fondos cubiertos por la ley federal Promesa incluidos en el plan fiscal.

En el caso del presupuesto con cargo al Fondo General, Rosselló Nevares concibió un presupuesto en el orden de $9,527 millones, o casi $500 millones más que el tope de gasto contra el Fondo General que fijó la JSF.

En el caso del presupuesto consolidado, el plan fiscal apunta a que los gastos para el año fiscal 2020 deben rondar unos $18,200 millones.

La mayor parte de ese impacto parece estar asociado a la Reforma de Salud, porque a partir de julio próximo el gobierno local tendría que sufragar nuevamente una tercera parte del programa Vital. En este presupuesto, la totalidad de ese programa se pagó con fondos federales.

En marzo, Rosselló Nevares dijo a El Nuevo Día que impulsaría una reforma al proceso presupuestario, aplicando el método de presupuesto basado en desempeño y política pública.

Sin embargo, el documento preparado por la OGP dice que el programa de gastos e ingresos se preparó bajo el método de presupuesto “base cero”, mientras a la par se habría iniciado la identificación del presupuesto “con las reformas de estructuras y enfoques de política pública”, lo que se denomina “policy based budget” en inglés.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje


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