Para los miembros del ICADH, las querellas sobre la situación política de Puerto Rico pueden tener un impacto sobre el examen de otros territorios. (GFR Media) (horizontal-x3)
Para los miembros del ICADH, las querellas sobre la situación política de Puerto Rico pueden tener un impacto sobre el examen de otros territorios. (GFR Media)

Washington - El Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH) ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consulte a expertos en el tema del coloniaje y la transición de territorios hacia el autogobierno, al decidir las querellas de estadistas en contra de Estados Unidos por la falta de participación de los residentes en Puerto Rico en la conformación del gobierno federal.

“Le hemos dejado saber (a la CIDH) que la situación en Puerto Rico debe mirarse (desde una perspectiva) diferente” a lo que fue el examen del caso de Washington D.C., indicó Annette Martínez, directora del ICADH y de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana.

Martínez sostuvo que han podido transmitir a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay (Jamaica), el mensaje de que las querellas sobre la situación política de Puerto Rico pueden tener un impacto sobre el examen de otros territorios del continente.

“Hemos tenido reuniones con miembros, personal de la CIDH, con (May Macaulay). El caso puede sentar un precedente en las Américas. El sistema interamericano es citado en otros foros internacionales”, dijo Martínez, quien trabajó para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en Washington D.C., y litigó ante la CIDH.

“El asunto tiene implicaciones más amplias sobre el desarrollo de los temas de transición de un territorio que exige un ejercicio de autodeterminación”, abundó.

Martínez ya conocía que May Macaulay instaría a recibir más escritos relacionados al caso -como “amigos de la corte”-, y afirmó que, como institución, la CIDH “no es experta en temas de la autodeterminación” de los pueblos.

La CIDH examinó el viernes, en Colorado, las querellas del exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa, padre, en las que denunciaron como una violación de derechos humanos y civiles la exclusión de los residentes en Puerto Rico de la elección del presidente y los miembros con plenos derechos del Congreso estadounidense.

May Macaulay -relatora para EE.UU. y temas de pobreza en la CIDH- fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2007 y 2012.

En la sesión del viernes, tanto May Macaulay como la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, de Panamá, coincidieron con los querellantes en que poder votar “es un derecho fundamental”.

Aunque Estados Unidos expresó en la audiencia que las querellas son reclamos relacionados con la propuesta de estadidad para Puerto Rico y que no hay consenso en la isla en torno al status, May Macaulay sostuvo que la CIDH decidirá a base de los reclamos sobre el derecho al voto.

Orlando Vidal, abogado del exgobernador Rosselló González, sostuvo que varias entidades ya han presentado escritos de“amigos” del proceso, entre ellos, las cámaras legislativas de la isla.

“Mientras más información tenga la Comisión, mejor. Estamos totalmente confiados -y las expresiones de los comisionados nos confirman- que al final prevaleceremos”, expresó Vidal.

El Junte de Mujeres 2018 también envió una carta a la CIDH en la que mantuvo que los querellantes “pretenden transformar” el asunto inconcluso de la libre determinación de Puerto Rico “en un asunto de derechos humanos de ciudadanos estadounidenses”, con el objetivo de “validar la imposición del anexionismo”.

Los sectores estadistas han criticado la intervención del Junte de Mujeres, que reúne a líderes soberanistas. “El reclamo de los peticionarios ante la CIDH no es uno basado en el ‘status político’ de Puerto Rico, sino más bien en la carencia de derechos humanos básicos y democráticos”, indicó el delegado permanente ante el Partido Demócrata de Estados Unidos, Luis Dávila Pernas, quien presenció la audiencia del viernes.

En la sesión, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que los residentes en Puerto Rico que quieran votar en las elecciones estadounidenses pueden mudarse a uno de los 50 estados. Cualquier decisión de la CIDH -como el caso de 2003 a favor de Washington D.C.- no es vinculante para Estados Unidos.


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