Vázquez no tiene que redactar una explicación sobre estos vetos. (Gerald López Cepero)

En lo que va del mes de enero, la gobernadora Wanda Vázquez impartió vetos de bolsillo a 20 proyectos legislativos, pero convirtió otros 22 en leyes, según datos brindados por La Fortaleza.

Con un veto de bolsillo, el gobernante deja pasar el tiempo reglamentario desde que la medida llegó a La Fortaleza para actual sobre ella. En este caso, las medidas fueron enviadas en receso legislativo, por lo que Vázquez tenía 30 días para actuar y, al no hacerlo, se convierten en vetos de bolsillo.

Vázquez no tiene que redactar una explicación sobre estos vetos.

En días recientes, el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos y el representante penepé Antonio Soto tronaron contra la primera ejecutiva por el veto de dos medidas. El galeno, en torno al proyecto que expandía las clasificaciones de médicos elegibles a la tasa preferencial de 4% y Soto sobre su proyecto de enmiendas a la reforma contributiva convertida en ley en el 2017.

Vázquez, por un lado, vetó el Proyecto del Senado 692 de Miguel Romero, Luis Berdiel, Ángel “Chayanne” Martínez, Itzamar Peña y Nayda Venega que obligaba tanto al plan de salud del gobierno como a las aseguradoras privadas a ofrecer una cubierta básica para los pacientes de Síndrome Down. Sin embargo, Vázquez convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1520, que crea una clínica permanente en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para la atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes de Síndrome Down.

Ese proyecto, convertido en la nueva Ley 20-2020 igualmente ordena la creación un registro de personas con Síndrome Down.

Vázquez vetó el Proyecto del Senado 383 de Evelyn Vázquez, que enmendaba el Código Militar de Puerto Rico para concederle a los cónyuges de los militares que han sido convocados a servir en el exterior una licencia de ocho horas para que puedan realizar todos los trámites y preparativos necesarios de cara a su ausencia. Igualmente vetó el Proyecto del Senado 506, de la exsenadora Zoé Laboy y de los senadores Abel Nazario, Luis Berdiel y Ángel “Chayanne” Martínez, que enmienda el Código de Rentas Internas para flexibilizar la solicitud de créditos contributivos en compras de productos del agro puertorriqueño.

La gobernadora también rechazó el Proyecto del Senado 1075, de los senadores de mayoría Nelson Cruz, Romero, José Vargas Vidot y la exsenadora Laboy que le permitía a los alguaciles de la Rama Judicial un retiro temprano con 55 años y 30 años de servicio. Igualmente, la medida aumentaba a 62 años la edad obligatoria de retiro para servidores públicos de alto riesgo.

Vázquez también vetó el Proyecto del Senado 1455 que pretendía sacar nuevamente a la Compañía de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“Una de las razones para esta medida ha sido la preocupación constante que se ha levantado a lo largo del sector turístico en Puerto Rico con la consolidación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Dicho sector, por lo dinámico de su industria, requiere que su ente regulador opere con la misma agilidad e independencia que lo ha hecho hasta el momento. La incertidumbre que permea en la industria turística con la consolidación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico preocupa a esta Asamblea Legislativa y hace repensar su verdadera conveniencia y eficiencia económica”, lee la Exposición de Motivos del proyecto que básicamente anulaba parcialmente una iniciativa de la administración del pasado gobernador Ricardo Rosselló.

La gobernadora también vetó el Proyecto de la Cámara 903, del representante penepé Michael Abid Quiñones, que ordenaba crear un registro de convictos por maltrato de animales. Lo mismo hizo Vázquez, que ha logrado que muy pocos legisladores se manifiesten a su favor en la primaria a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, con el Proyecto de la Cámara 1889, de la representante Maricarmen Mas, que eximiría del pago del Impuesto de Ventas y Uso cualquier gasto incurrido por ciudadanos sobre el recogido de la basura, desde el pago de una cuota mensual hasta la compra de productos como zafacones y bolsas especiales.

Vázquez rechazó también el Proyecto de la Cámara 2218, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y de Antonio Soto, que buscaba obligar a cualquier entidad pública o privada que haya sido beneficiaria de fondos legislativos a entregar, de ser solicitada y en un periodo no mayor de 10 días laborables, una certificación del uso que se le dará al dinero o cómo se utilizó el dinero asignado, de ya haber sido utilizado.

Ambos defendieron la medida argumentando que se trata de un mecanismo adicional de fiscalización del uso de fondos públicos.

Nuevas leyes

Vázquez estampó su firma sobre el Proyecto de la Cámara 2210, de Antonio Soto, que obliga a cualquier contratista de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a tributar por servicios al ente fiscal rendidos fuera de Puerto Rico.

Actualmente, los contratos de esta índole los ingresos no tributan en Puerto Rico sino en la jurisdicción donde se rinde el servicio. Con la medida, se modifica el lenguaje para que aplique una tasa tributaria de 29%.

La gobernadora convirtió en el Proyecto del Senado 1385, que exime a los municipios de cumplir con ciertos lineamientos de la nueva Ley de la Administración de Servicios Generales (ASG), aprobada el año pasado. En síntesis, esa ley, si bien le reconoce a los municipios la potestad de acogerse a los procedimientos de la ASG en cuanto a compras y subastas de bienes y servicios no profesionales, sí los obliga a adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales de la ASG.

El autor de la medida, Rivera Schatz, sostiene que el proyecto les concede más autonomía a los municipios.

Todavía hay decenas de medidas aprobadas en los últimos días de sesión legislativa del año pasado que no han sido enviadas a La Fortaleza.


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