El representante Víctor Parés Otero fungió ayer como presidente  de la Cámara en ausencia de Carlos “Johnny” Méndez.  Lo acompaña, de pie, el portavoz de la mayoría  cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló.
El representante Víctor Parés Otero fungió ayer como presidente de la Cámara en ausencia de Carlos “Johnny” Méndez. Lo acompaña, de pie, el portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló. (Teresa Canino Rivera)

El proceso legislativo que concluyó ayer con la aprobación del Código Civil estuvo plagado de errores, y algunos de estos podrían provocar extensos litigios por deficiencias palpables en la redacción del voluminoso documento, coincidieron expertos consultados por El Nuevo Día.

Al referirse a la pandemia de COVID-19, el exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, sostuvo que el Código Civil fue aprobado en la Legislatura “en el escenario menos adecuado”.

Se introducen enmiendas sustanciales en el Senado, la Cámara concurre sin que haya habido oportunidad para que diversos sectores se expresen sobre el contenido y muchas personas no han tenido acceso a las enmiendas propuestas. Eso, en sí mismo, es un defecto sustancial”, indicó Rivera Ramos, especialista en Derecho Constitucional.

Rivera Ramos, quien también imparte el curso Teoría del Derecho en la UPR, argumentó que la Legislatura se ha “aprovechado” de la pandemia de Covid-19, que trae consigo ciertas limitaciones a ciudadanos que normalmente se estarían manifestando en las calles en contra de la legislación. “Que se aprovechen de eso me parece un acto realmente antidemocrático”, sostuvo.

“Lo que está en juego es el proceso democrático, la aprobación de toda legislación tiene que responder a la participación ciudadana y, sobre todo, en el Código Civil, que es un instrumento que afecta tantos aspectos de la vida de nosotros”, sostuvo.

A su juicio, la gobernadora Wanda Vázquez Garced debe vetar la medida y posponer la discusión.

Defensores del proceso utilizado en la Legislatura para aprobar este cuerpo de leyes sostienen que el Código Civil fue discutido por más de 20 años y que siempre está disponible la vía de los tribunales para cualquier ciudadano que desee retar su contenido.

Rivera Ramos argumentó que ese proceso de discusión fue interrumpido en varias ocasiones en las que se colocaban sobre la mesa los temas más controvertibles. “Y esa recomendación de que quien tenga una objeción que vaya al tribunal es irresponsable. Les toca a los legisladores atender el asunto y no colocar la carga sobre el ciudadano”, apuntó.

Para el también profesor de Derecho Luis Rafael Rivera, quien llegó a formar parte de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil, el proyecto recién aprobado carece de lo que llamó el “proceso de articulación”.

“El proceso final requería una revisión total para armonizar los artículos con la legislación especial. Había que determinar cuál legislación tendrá que ser derogada o enmendada o, incluso, si hace falta legislación nueva. Así no se terminan las cosas”, sostuvo el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, quien imparte cursos de Derecho Real, Hipotecario y Sucesiones.

“Este Código no ha madurado”, insistió.

Rivera resaltó cómo el proceso legislativo fue interrumpido alrededor de 2009. Hasta ese momento, dijo, cada artículo y cada enmienda contenía toda una explicación que incluía su justificación, su fuente de derecho y el país.

“Eso está en un archivo, pero de ahí en adelante (2009), se dejó ahí”, agregó el jurista, al recalcar que toda esa información es crítica para que los tribunales puedan aplicar el Derecho correctamente tomando en cuenta la intención del legislador.

Rivera no fue tan tajante en cuanto a lo que él espera que haga la gobernadora con la medida. Sostuvo que la primera ejecutiva debe consultar con expertos en la materia para “que tenga un diagnóstico del estado del producto”.

“Tiene que darse un doble chequeo, una consulta y ver si esto está maduro, y si es el momento apropiado para hacerlo”, dijo.

Para el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana Carlos E. Ramos González, la Legislatura ha seguido “el camino del oscurantismo y la falta de rastreo adecuado”.

“Oscurantismo porque las enmiendas no han sido motivo de difusión pública, abierta, sosegada y transparente”, dijo Ramos González. “Y rastreo porque tiene que haber un estudio de cada uno de los (más de) 1,500 artículos. Tenías que decir que en el uso de esta palabra… cómo se compara con este estado, país, Estados Unidos, y es de ahí que sale lo que estamos proponiendo. Eso es importante para que el tribunal pueda indagar de dónde sale el lenguaje”.

Ramos González criticó que el Senado presentara enmiendas, en elhemiciclo, sin que se explicara ni una sola.

“El Código es para regir nuestras vidas y tenemos que entender lo que dice, y si hay ambigüedad, confusión e inseguridad, los tribunales tienen que recurrir a la intención y el contexto”, puntualizó.