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La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, aseguró que el nuevo acuerdo de reestructuración supone más ahorros para el gobierno.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, aseguró que el nuevo acuerdo de reestructuración supone más ahorros para el gobierno. (Teresa Canino Rivera)

A pesar del rechazo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se mueve a toda prisa para radicar el plan de ajuste (POA) enmendado para el gobierno central en o antes del próximo 28 de febrero con la expectativa de que Puerto Rico salga del proceso de bancarrota este mismo año.

Así lo confirmó ayer la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien aseguró que el nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (RSA-GOs/PBA) supone más ahorros para el gobierno, y asegura la continuación de los servicios públicos, así como el pago de las pensiones.

En conferencia de prensa -y mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) reiteraba la oposición de la administración Vázquez Garced-, Jaresko sostuvo que el nuevo acuerdo con los bonistas del gobierno central es mejor que el riesgo que representa continuar con la impugnación de parte de la deuda constitucional.

De igual forma, según Jaresko, si Puerto Rico deja atrás el proceso de bancarrota, se beneficiará el fisco, pero también la economía y los negocios en la isla, que hoy pagan más caro o no consiguen capital porque operan teniendo como fondo un gobierno en bancarrota.

Encontrados la JSF y Vázquez Garced

Jaresko reconoció que, para implementar el plan de ajuste del gobierno central, será necesario radicar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Pero, acto seguido, insistió en que lo pactado es el camino correcto para salir de la bancarrota.

“Espero que la gobernadora y la Legislatura revisarán y entenderán elvalor real que estos acuerdos proveen a Puerto Rico”, dijo Jaresko.

En ese sentido, pero sin soltar prenda de lo que discuten, Jaresko indicó que conversa con la mandataria regularmente. Reveló que se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez recientemente y que hará lo propio con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para conversar en torno al pacto alcanzado.

“El acuerdo anunciado (el domingo) por la JSF, si bien incluye una reducción sustancial en la deuda pública de (Obligaciones Generales), también mejora las protecciones legales y garantías que tendrían los bonistas durante los próximos 20 años. Entre esas salvaguardas, se encuentran gravámenes estatutarios sobre ciertas partidas, la emisión de nuevos bonos subordinados de Cofina y el establecimiento de nuevos fondos de reserva para asegurar el repago de la deuda reestructurada”, ripostaba la Aafaf en declaraciones escritas.

“Como parte del proceso de confección de este nuevo acuerdo, la JSF se ha negado a mejorar la posición de nuestros pensionados”, agregó la Aafaf. “En vista de lo anterior, el gobierno de Puerto Rico ha decidido no apoyar el nuevo acuerdo, según sus términos actuales”.

La oposición de Vázquez Garced al RSA-GOs/PBA sería la tercera discrepancia entre la mandataria -ahora precandidata a la gobernación- y el organismo fiscal.

La semana pasada, Vázquez Garced pidió revisar el acuerdo de reestructuración (RSA) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el liderato legislativo aseguró que no dará paso a ningún pacto que conlleve un alza tarifaria. Durante el fin de semana, la mandataria también se enfrascó en una controversia con la JSF por los fondos de emergencia tras los terremotos del mes pasado.

Espaldarazo del Equipo de Mediación

Jaresko subrayó que el proceso de Título III de la ley Promesa “ha limitado” la capacidad de crear empleos en el sector privado y mantiene al gobierno sin acceso al mercado de capital.

Ayer, incluso la oposición del gobierno parecía inconsecuente, porque al radicar su informe enmendado, el Equipo de Mediación de los casos de Título III, nombrado por la jueza Laura Taylor Swain, dio un espaldarazo al acuerdo gestado bajo su tutela.

“Habida cuenta el tiempo de estos casos de Título III, el Equipo de Mediación cree que obra en los mejores intereses de todas las partes con interés en estos casos (el pueblo de Puerto Rico, su gobierno, la JSF todos los acreedores) que los casos de Título III del gobierno central y PBA y, si posible, el de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) concluyan tan pronto como sea posible”, indicó el Equipo de Mediación al tribunal.

Según el documento, el tribunal podría aprobar el plan de confirmación del gobierno central para octubre próximo.

El domingo, la JSF anunció que había llegado a un acuerdo definitivo (RSA-GOs/PBA) con la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el “Grupo Go”, el Grupo de Deuda Constitucional, QTCB y Fir Tree Capital para modificar unos $18,757 millones en GOs y bonos PBA.

Según documentos de la JSF, el gobierno recortará el principal adeudado en GOs y bonos PBA a unos $14,478 millones.

Jaresko buscó justificar el pacto señalando tres características particulares. La primera es la reducción del tiempo en que se pagará la deuda pública, de 30 a 20 años. Esos 10 años, según la ejecutiva, le ahorrarían unos $5,000 millones al fisco.

El segundo factor que destacó del pacto es que la tasa de interés a pagarse rondará poco más de 5%, mientras los bonos vigentes tienen un cupón cercano a 8%. Y el tercer elemento del acuerdo con los bonistas que resaltó es que permitiría que el gobierno reduzca en 64%, la partida que tiene que dedicar al pago de la deuda, de unos $4,200 millones a unos $1,500 millones.

El pacto recibió el apoyo de la mayoría de los miembros de la JSF, pero el experto en bancarrota David Skeel indicó que votó en contra del mismo porque tenía muchos “cabos sueltos”.

Insistirán en anular los POBs

La segunda pieza del plan de ajuste de la JSF, de acuerdo con Jaresko, descansa en invalidar unos $3,000 millones en Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs), emitidos por la ASR, y reducir al mínimo los bonos pagaderos con ingresos sujetos a la cláusula de “clawback”, como serían los bonos de la Autoridad de Carreteras yTransportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC). En total, estas acreencias totalizarían otros $16,000 millones.

Mientras los bonistas de GOs y PBA (incluyendo los bonos que antes la JSF identificó como nulos) cobrarían 72 centavos de dólar, sus contrapartes bonistas en la ACT y la ADC, al igual que las acreencias generales no aseguradas y que representa el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), recibirían, en el agregado, unos tres centavos de cada dólar que prestaron al gobierno o por lo que facturaron en servicios y bienes al fisco.

De opositores a aliados

Aparte de lograr un recorte mayor en el pago de la deuda del gobierno central, la JSF celebró el respaldo de, al menos, cuatro cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico y, en especial, el de sobre una treintena de fondos de inversiones, incluyendo a Aurelius Capital Management, firma que cuestionó la legitimidad de la JSF al punto de llevar su litigio hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

También respaldan el nuevo RSA -GOs/PBA fondos de inversión que hace apenas tres años alegaban que los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) eran ilegítimos. Entre estos, Autonomy Capital, FCO Advisors y Monarch Alternative Capital, entre otros.

A grandes rasgos, en el RSA-GOs/PBA, los bonistas aceptaron intercambiar sus acreencias contra el gobierno central recibiendo, a cambio, tres garantías: que la JSF dejara en el olvido el litigio que buscaba invalidar unos $6,000 millones en GOs; recibir unos $3,809 millones en efectivo, incluyendo $400 millones en honorarios de abogados y asesores y recibir, a partes iguales, dos tipos de bonos: GOs y bonos subordinados de Cofina.

Intocable el recorte en pensiones

Si bien Jaresko destacó que los recortes a los bonistas serían mayores que los negociados en septiembre del año pasado, la funcionaria dejó claro que no hay espacio para modificar otros acuerdos como el suscrito con el Comité Oficial de Retirado (COR).

Jaresko recordó que el recorte propuesto de 8.5% solo afectará a uno de cada cuatro pensionados y que este se aplicará a compensaciones mayores de $1,200 al mes. Los ingresos del Seguro Social quedaron excluidos de esa cifra.

Según la funcionaria, lograr un ajuste mayor entre los bonistas, hará factible que pueda establecerse el Fideicomiso para el Pago de Pensiones, una partida restricta dentro del Fondo General que aseguraría el pago de esa obligación.

De igual forma, dijo Jaresko, el pacto con los bonistas hace más factible honrar el acuerdo con los empleados públicos para restituir a estos unos $1,300 millones en ahorros a su retiro bajo el Sistema 2000.

Para el gobierno,en cambio, ello no es suficiente.