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Las vistas públicas que celebra la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las diversas compras del gobierno en el contexto de la emergencia del COVID-19 se reanudan mañana, miércoles, con la comparecencia de funcionarios de la Administración de Servicios Generales (ASG), el Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead) y la Oficina del Tesoro del Departamento de Hacienda, supo El Nuevo Día.
Personal de la comisión, incluyendo su presidente Juan Oscar Morales, se encontraba reunido hoy al mediodía para discutir qué funcionarios de las mencionadas entidades serían citados.
Las vistas continuarían el jueves. Morales ha indicado que entre esta semana y la próxima radicará el primer informe parcial sobre la pesquisa.
Posibles citados
La Oficina del Tesoro del Departamento de Hacienda es dirigida por Jeira Belén. Esta funcionaria fue la persona con la que el secretario auxiliar de contabilidad central de Hacienda, Alfonso Rossy, se comunicó para autorizar el adelanto de $19 millones que solicitaba la empresa Apex General Contractors para firmar el contrato de $38 millones para la venta de un millón de pruebas rápidas COVID-19, según su testimonio del viernes ante la Comisión de Salud.
Ese día, Rossy defendió la decisión de Hacienda de autorizar el adelanto de los fondos y que se hiciera mediante transferencia electrónica, a pesar de que se demostró que la empresa no tenía una relación contractual con el suplidor de las pruebas. Rossy argumentó que se había demostrado que existía escasez de pruebas disponibles en el mercado.
Por su parte, personal de ASG tenía la obligación, entre otras cosas, de certificar que la empresa contratada estuviera en la lista de licitadores del gobierno.
En el caso del Nmead, fue a nombre de dicha dependencia que se hizo el contrato con Apex. Este Negociado también tiene un rol dentro de la controversia más amplia sobre movidas irregulares en el contexto de la emergencia, ya que fue a su sede que se desviaron 500 pruebas COVID-19 el 25 de marzo, supuestamente por órdenes del doctor Segundo Rodríguez Quilichini.
El doctor ha dicho que el comisionado del Nmead, el general José R. Burgos, fue quien dio esa orden.
Morales había solicitado al Nmead los vídeos de seguridad del 25 de marzo, pero el Negociado solo había entregado vídeos de entre las 12:00 p.m. y las 5:00 p.m. El viernes, casi en la noche, esta dependencia entregó el resto del pietaje solicitado.
El representante ha acusado públicamente a Burgos de mentirle, por lo que considera referirlo al Departamento de Justicia. Supuestamente Burgos, en su comparecencia ante la Cámara el 8 de abril, se contradijo al identificar a la persona que recibió las pruebas de Quest en las oficinas del Negociado. Morales, por un lado, trajo a colación un correo electrónico que Burgos le envió a la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, indicándole que las pruebas fueron recibidas por Mabel Cabeza, en ese entonces enlace entre La Fortaleza y el llamado “task force” médico. La mujer llegó a La Fortaleza luego de que Quiñones de Longo firmara su traslado, molesta por su desempeño.
Sin embargo, el legislador tiene en su poder un recibo que demuestra que Adil Rosa, execretaria Auxiliar de Administración en Salud, fue quien recibió las pruebas.
Morales indicó que la repartición de las pruebas de Quest fue determinada por el grupo asesor médico, ignorando el peritaje de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud. Esa supuesta decisión ha sido confirmada por testigos en las vistas públicas.
