Dos de los hombres fueron acusados de robar un vehículo todo terreno propiedad del Servicio Nacional de Parques y luego mentir sobre la procedencia del mismo. (Shutterstock)

Un gran jurado federal emitió múltiples cargos de malversación de propiedad del gobierno federal y de proporcionar declaraciones falsas a autoridades federales contra David Luis Rey Delgado, David Santiago Delgado y José Daniel Cruz Gómez Hernández en incidentes separados en el Sitio Histórico Nacional de San Juan.

El Sitio Histórico Nacional de San Juan recoge las fortificaciones de la era colonial española como La Fortaleza, el castillo San Cristóbal, el castillo San Felipe del Morro, el fortín San Juan de la Cruz y las murallas que rodean el Viejo San Juan. Todas las edificaciones antes mencionadas son custodiadas por el Servicio Nacional de Parques.

La entidad federal maneja todos los parques nacionales, varios de los monumentos más importantes y también ofrece mantenimiento a edificios históricos y reservas naturales.

De acuerdo al comunicado difundido por el Departamento de Justicia federal, Rey Delgado y Santiago Delgado mintieron sobre la procedencia de un vehículo todo terreno marca Polaris que conducían en un incidente registrado el 11 de junio de 2019 en El Morro. Al ser detenidos, ambos mintieron al decir que le compraron el vehículo a un hombre, que no identificaron, en Toa Alta. Sin embargo, el vehículo era propiedad del Servicio Nacional de Parques y los acusados lo utilizaron sin pedir permiso.

Rey Delgado enfrenta un cargo adicional de malversación de propiedad del gobierno federal por hurtar y utilizar para sus propios fines el vehículo con valor de $1,000.

Mientras, Gómez Hernández enfrenta dos cargos por proporcionar declaraciones falsas y seis cargos por fraude por otro incidente que ocurrió el 23 de agosto de 2019. Según la investigación, Gómez Hernández fue contratado para remover y destruir un generador eléctrico, una mezcladora de cemento, una excavadora, una nevera, una unidad de lavadora y secadora y varios trolleys propiedad del Servicio Nacional de Parques y que estaban ubicados en El Morro.

Sin embargo, Gómez Hernández no destruyó ni dispuso del equipo y los mantuvo en un terreno para su uso personal y sin solicitar permiso. Además, Gómez Hernández intentó evidenciar que completó el trabajo al someter fotos como evidencia para cobrar el monto acordado de $1,050, lo que constituye fraude.

Los acusados también enfrentan la posibilidad de que el gobierno federal embargue sus bienes para recuperar el dinero perdido.


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