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Presenciamos un operativo del hurto de cobre en la isla.

9:15 a.m. Estacionamiento del coliseo Roberto Clemente, en San Juan. Transcurría un entra y sale de personas rumbo al Cuartel General de la Policía y a otros centros de trabajo que ubican frente a esta instalación deportiva.

Pero lejos de ese trajín, en un área solitaria detrás del coliseo, un grupo de 20 personas, algunos con uniformes de la Policía y otros vestidos de civil, se reunía ayer bajo la sombra de un árbol para discutir el plan de trabajo de un operativo que iban a realizar esa mañana.

La misión: inspeccionar por sorpresa dos centros de reciclaje de metales.

El objetivo: detectar alguna actividad ilegal que viole la Ley 41, que fiscaliza al hurto de metales, especialmente el cobre. Y es que este delito sigue en boga en la isla, afectando a miles de ciudadanos y dejando, en lo que va de este año, sobre $1.4 millones en pérdidas a empresas de telecomunicaciones y al sector gubernamental.

Si una persona es atrapada robando cobre o poseyendo material hurtado, se expone a multas y hasta ocho años de cárcel.

Con la ley de su parte, el Comité Interagencial contra el Hurto de Metales, que está compuesto por 11 agencias gubernamentales y cuatro empresas de telecomunicaciones, estaba listo para su “cacería”.

Dos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) se encargaron de explicar el plan. Reinaba la expectación, la ansiedad. Y es que ninguno de los presentes, con excepción de la Uniformada, sabía a dónde iban, qué negocios de San Juan iban a impactar.

Fue un secreto que las autoridades procuraron tener bien guardado para que nadie filtrara la información y poder garantizar la pureza del proceso y de los resultados.

“Buenos días, perdonen la demora”, saludó al grupo el sargento José Rosario, de la Oficina del Coordinador de Inspección de Centros de Reciclaje, adscritos al CIC.

“El sargento Valentín está a cargo del plan operacional y va a discutir lo que vamos a hacer”, indicó.

Allí, el sargento explicó que las inspecciones a los dos centros serían simultáneas. Una vez llegaran se iba a verificar que tuvieran los permisos al día para operar, las licencias de rentas internas que requiere el Departamento de Hacienda para comprar metales, los formularios PPR-577, que son los registros de cada transacción de la compra de metales e inspeccionarían los alrededores para detectar algún material ilegal.

Y es que la Ley 41 establece que los centros de acopio pueden recibir y comprar cobre únicamente de personas que están licenciadas y certificadas como los peritos electricistas, plomeros certificados, desarrolladores, contratistas, técnicos de refrigeración, ingenieros, entre otros.

OJO. Ningún ciudadano que no esté licenciado puede vender cobre a los centros de reciclajes.

Estos centros tampoco pueden recibir cobre ni piezas de metal que sean propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la empresa de telecomunicaciones Claro ni de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) porque los tres tienen centros únicos de acopio.

Momento de la división

Con papel en mano, Rosario dividió el grupo interagencial en dos equipos para visitar los dos centros de reciclaje que, expresó, “son un poco controversiales” y que están ubicados en la PR-1, uno en dirección hacia Caguas y el otro hacia Río Piedras. En este punto todavía se negaba a decir los nombres.

Me uní a un equipo como de 13 personas compuesto por personal de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), dos oficiales del CIC, personal de la AAA, un representante del Departamento de Asuntos al Consumidor, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Hacienda, y personal de Claro y AT&T.

“¿Todos tienen transportación?”, preguntó Rosario. “Mi equipo va a seguir al auto Toyota blanco. Los dos grupos van en la misma dirección y después se van a dividir. Vamos suave, no con prisa”, instruyó el sargento antes de pasarle la palabra a la presidenta de JRT, Sandra Torres.

Allí, Torres le resaltó la problemática del hurto del cobre en la isla y las graves consecuencias que general este delito.

“Es un mal que nos incumbe a todos por las grandes consecuencias”, expresó la funcionaria.

“Aunque roben un pedacito de cobre, eso tiene grandes efectos porque las personas que tienen grilletes electrónicos se quedan por la libre sin que los detecten porque cortaron las líneas telefónicas. Las personas enfermas que usan equipos eléctricos se afectan porque se quedan sin electricidad”, explicó la funcionaria.

Precisamente, contó que uno de los casos más recientes ocurrió hace apenas dos semanas en Orocovis, donde desconocidos robaron 800 libras de cobre de las líneas telefónicas dejando sin servicio telefónico a más de 800 ciudadanos.

Debido a la magnitud del delito, al día de hoy todavía no han podido reestablecer el servicio completo a los clientes.

Torres resaltó, además, que las personas que son ofensores sexuales también quedan sin ser detectados por la Policía, ya que personal del CIC, además de trabajar en esta área de seguridad, es el encargado de realizar los operativos contra el hurto del cobre y metales.

Cabe destacar, que aunque los casos de hurto de cobre ocurren a través de toda la isla, según Torres, proliferan más en la zona norte y la zona montañosa de Puerto Rico porque son áreas más lejanas y donde hay muchos cables de cobre visibles.

Para robar el cobre, los delincuentes impactan los postes de luz, de teléfono, las escuelas, restaurantes, torres de telecomunicaciones, entre otras estructuras.

“Esta modalidad criminal ya no es solo de las personas drogadictas que roban el cobre para obtener la cura del día. Este delito ha llegado a grandes escalas, pues hay personas organizadas que ganan hasta $5 millones anuales”, manifestó Torres al grupo antes de partir al operativo.

“Si encontramos algo ilegal en esos negocios habrá personal experto que va a servir de apoyo.  Dios nos acompañe porque siempre se corre un riesgo”, puntualizó la funcionaria.

La reunión acabó en 15 minutos y a las 9:30 a.m. los grupos abordaron los autos para partir al destino final, que aún era desconocido.

Comienza la acción

La fila de vehículos salió del coliseo hacia la PR-1 en dirección hacia Caguas. En una de las intersecciones, el primer grupo dio un viraje para llegar a uno de los centros que ubica en dirección contraria.

Los centros de acopio en la isla compran los metales, los compactan y todos los lunes una barcaza procedente de República Dominicana transporta ese material a China, que es el principal comprador de metales.

En apenas 10 minutos, a eso de las 9:40 a.m., mi grupo arribó al centro de reciclaje de metales Max Metals, que ubica frente a la carretera. Una enorme verja de metal bastante oxidada dirigía hacia la entrada del negocio.

Allí, en una pared lucía un enorme cartel de la Policía de Puerto Rico que instruía sobre la Ley 41, un requerimiento que todos los centros de acopio de metales deben cumplir.

Este comercio, más que un centro de reciclaje, parecía más un lugar de depósito de chatarra, ya que el enorme solar, que es abierto y sin techo, tenía miles y miles de piezas de metal esparcidas por todo el lugar.

Una enorme grúa estaba ubicada en el medio de todo aquel mar de metales, que incluían radiadores de autos, cables de carros, carrocería de autos, enormes de bolsas de latas de aluminios, entre muchos otros objetos.

Llegué a pensar que se necesitaría más de 13 personas para poder inspeccionar todo el lugar y poder detectar alguna ilegalidad, pero no fue así.

Rosario y otros oficiales del CIC acudieron primero a hablar con el dueño del negocio, Juan Ortiz, para avisarle de la inspección.

El comerciante, que hace dos años administra este centro, lucía algo incómodo por la presencia de tanta gente que estaba allí y no era para venderle metales.

“Hagan su trabajo como dicen”, comentó Ortiz.

El grupo entró manos a la obra. Un representante de seguridad de la AAA se puso unos guantes azules y comenzó a buscar por el piso, por las pailas de pintura llenas de cables, por los zafacones azules grandes, de esos que hay en las casas para la basura, que estaban llenos de metales en busca de alguna pieza que pertenezca a la AAA.

Otro representante de la empresa Claro cogió uno de los zafacones azules llenos de cables de carros y lo vacío con sus manos para detectar si había cables de cobre de esta empresa telefónica escondidos entre aquel enredo.

El empleado terminó con las manos manchadas de tanto que escarbó. No encontró nada.

Una venta sospechosa

Mientras parte el equipo interagencial inspeccionaba el solar, personal del CIC y la presidenta de la JRT permanecieron dentro de la oficina del negocio, que lucía sucia y con metales y cables tirados en el piso, dentro de pailas de pintura y en varios zafacones de basura.

Allí, las autoridades le solicitaron al comerciante sus permisos, y los formularios PPR 557 que documentan las transacciones diarias. Esos formularios tienen que incluir el nombre de la persona o empresa que vende los metales al centro de acopio, la dirección física y postal de ese vendedor y el número de licencia del colegiado. Además, la descripción del material, la procedencia, el vehículo utilizado para la entrega del material, el precio pagado por libras de cada metal y el total pagado en esa transacción, la cual tiene que ser en cheque no en efectivo.

Según Rosario, la ley ordena que estos centros de acopio tienen que acudir todos los lunes al cuartel de la Policía más cercano para entregar los formularios de las transacciones realizadas la semana anterior.

En la oficina de Max Metals, la presidenta de la JRT revisó una veintena de formularios y detectó irregularidades en algunos de ellos. Lo que levantó bandera fue el nombre de un ciudadano del sector Torrimar, en Guaynabo, quien en una semana le vendió al centro más de $1,500 en cobre, pero el formulario no informaba la procedencia de ese material y si la persona era colegiada.

De hecho, detrás de Torres había un zafacón grande de basura color dorado con 600 libras de cables de cobre que, aparentemente, les vendió ese mismo hombre de Guaynabo.

La funcionaria le cuestionó al comerciante la omisión de esa información, ya que solo aparecía la licencia de conducir.

El dueño del centro aseguró que le habían orientado que esa información era suficiente. La respuesta le causó malestar a Torres y las autoridades presentes porque no es el procedimiento correcto.

“Esa persona que le vendió podía ser un ciudadano particular, un ‘handyman’. ¿Sabe a qué se dedica esa persona?”, le preguntó Torres al comerciante.

“No le sabría decir”, contestó el dueño.

“¿Es un contratista?”, le volvió a cuestionar la funcionaria.

“No sé”, ripostó Ortiz. “Hay gente que tiene material en su casa, y me habían dicho que con la licencia de conducir es suficiente”, añadió el hombre.

“No es así. La persona que le vende tiene que estar licenciada, así que, si no puede explicar la procedencia, la compra sería ilegal”, señaló la funcionaria.

Por esa irregularidad, la Policía le informó a Ortiz que sería citado al cuartel para iniciar una investigación por violar la ley.

Una pieza prohibida entre la chatarra

Pero eso no fue todo. En uno de los rincones de este comercio, cerca de otra grúa con metales alrededor, uno de los empleados de la AAA encontró lo que parecía ser una pequeña pieza antihurto en forma de estrella que pertenece a esta corporación pública.

Para verificar la autenticidad del objeto, el empleado de AAA buscó un libro con fotos de los materiales de la agencia y la pudo identificar.

Cuando el dueño fue notificado de esa ilegalidad, levantó la voz asegurando que alguien de afuera lo pudo haber tirado por la verja.

Tras este hallazgo, personal forense de la Policía tomó una foto al pedazo de metal.

La mera tenencia ya establece la presunción, por lo que se consultaría con un fiscal, explicaron las autoridades.

En medio de este “refugio” de metales, las autoridades también detectaron que el dueño tampoco tenía la licencia de Rentas Internas que requiere el Hacienda para comprar metales. Aunque el hombre les aseguró que tampoco le habían mencionado ese requisito, un personal de la agencia le advirtió que se expone a una multa de hasta $5,000. El comerciante tiene 30 días para acudir a la agencia a pedir un recurso de revisión.

Ante este operativo, Ortiz no quiso hacer comentarios a endi.com, pero su hija, Dayanara, que lo acompañaba, aseguró que desconocían de ciertos requisitos porque no fueron instruidos correctamente.

Luego de casi una hora y media en el lugar, el operativo culminó y cada uno de los integrantes del Comité Interagencial de Hurto de Metales abordó en los autos sin conocer cuándo será la próxima vez que se van a encontrar para su próxima misión.

¿Misión cumplida? Sí. Torres mostró su satisfacción, pero reconoció que se necesitan más operativos como este y reforzar las orientaciones a los policías para que puedan identificar metales.

“Se necesita hacer más intervenciones en los centros de acopio y buscar más inteligencia investigativa porque hay transacciones clandestinas que se están haciendo antes de que ese metal llegue a estos centros. Eso hay que detectarlo con más labor de inteligencia”, puntualizó.


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