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El Código Penal enmendado en 2012 tipifica como delito el que se revelen datos personales de una persona con el propósito de que otro se entere, un asunto que podría aplicarse a la divulgación, la semana pasada, de un vídeo en el que una mujer policía le práctica sexo oral a un agente.

Sin embargo, la abogada experta en redes sociales, Julizzette Colón, dijo que ese caso ejemplifica cómo aún no se sabe lidiar con posibles delitos de esta índole, a pesar de que existen las herramientas legales. Eso se evidencia cuando un legislador presenta un proyecto para penalizar el suceso.

“Los organismos de ley y orden locales no están preparados para el procesamiento de delitos electrónicos porque ya sabemos lo que la gente hace y por qué lo hace, y caemos en el mismo sitio y no hablemos de  proyectos pendientes ni de lo que dice la ley”, sostuvo la abogada.

Abundó que desde 2013 se radicó un proyecto de ley para combatir y erradicar el acoso cibernético o "cyberbullying" en Puerto Rico que sometió el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. La medida, que de aprobarse, se llamaría “Ley para la Prevención y Manejo del Acoso Cibernético”, define el cyberbullying como toda conducta mediante la cual se utilizan medios electrónicos para enviar comunicaciones no deseadas a una determinada persona. El proyecto hubiese educado sobre el tema y el reto que representa el uso de la tecnología porque contenía un componente educativo para empleados públicos y estudiantes de escuela pública. Pero la medida aparece aún en la fase de primera lectura en la Legislatura desde mayo del año pasado.

Colón opinó que la divulgación del vídeo de los policías, que se presume lo hizo una tercera persona, pudiese constituir una forma de acoso cibernético.

No obstante, Colón recalcó que el Código Penal tiene una sección completa que penaliza el envío de información íntima sin el consentimiento de una parte y con el fin de que sea divulgada a gran escala. Se refiere a la Sección de los Delitos contra el Derecho a la Intimidad que en sus diez artículos atiende, al menos, algunos delitos que se pueden configurar con el envío de imágenes, datos o comunicaciones personales.

En el Artículo 171 Violación de Comunicaciones Personales se tipifica como delito el envío de cualquier comunicación o documentos -incluso mediante el uso de aparatos electrónicos- “con el propósito de enterarse o permitir que cualquiera otra se entere”. El delito es sancionado con una pena de reclusión de tres años.

Colón indicó que los artículos 172 y 173 del Código Penal también podrían aplicarse a lo sucedido con el vídeo difundido. El Artículo 172 Alteración y Uso de Datos Personales en archivos prohíbe el uso o alteración de datos de carácter personal o familiar que “se hallen registrados en discos o archivos informáticos o electrónicos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. Esta conducta, establece el Código Penal, también será sancionada con reclusión por un término fijo de tres años.

Mientras, el Artículo 173 Revelación de Comunicaciones y Datos Personales está vinculado directamente con el Artículo 171 y también conlleva una pena de tres años fijos.

“Si (la persona que divulgó el vídeo) se metió en la cuenta del sargento y no tenía el consentimiento… estamos hablando de delitos locales. Averigua cuántos delitos se han procesado bajo el Artículo 171 y el 172”, cuestionó Colón, quien recalcó que, aunque existe el andamiaje legal para penalizar la divulgación de información o imágenes personales, mucha gente lo desconoce.

El desconocimiento fue patente luego de que el legislador popular Ángel Matos abogara por la aprobación de un proyecto a días de que trascendiera todo el escándalo por la publicación del vídeo entre los dos oficiales de la Uniformada. Su proyecto denominado “Ley Contra la Venganza Pornográfica en Puerto Rico” y presentado en febrero pasado, busca tipificar como un delito menos grave a cualquier persona “que intencionalmente o con conocimiento publique cualquier tipo de comunicación electrónica, fotos, vídeos o audios de material explícito consentido, sin la autorización ni consentimiento de su cónyuge, excónyuges, la persona que cohabita o ha cohabitado y la que sostiene o ha sostenido una relación consensual íntima, indistintamente de su orientación sexual o identidad de género”.

“Es ver que hay una discusión en la palestra y es querer ser el salvador del momento sin mucha ponderación”, sentenció Colón en torno a la acción del legislador.

Agregó que lo que es viable el procesar estos casos mediante el Código Penal y que las autoridades federales pueden colaborar.

El agente federal de la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Alek Pacheco, explicó que en este tipo de casos que involucran a adultos, las autoridades federales no tienen ingerencia.

“Por tratarse de dos adultos en una relación consentida, nosotros no tenemos ningún tipo de jurisdicción sobre ellos. Nosotros no investigamos casos cuando se trata de adultos y si se hubiese tratado de dos menores o un menor con un adulto, sí tuviéramos jurisdicción o pudiéramos colaborar con la Policía de Puerto Rico para lograr identificar quién publicó el vídeo”, afirmó Pacheco.

Esa colaboración pudiese darse para precisar quién en las redes sociales fue el responsable de divulgar el vídeo de los policías, que actualmente es objeto de una pesquisa interna ordenada por el superintendente de la Policía, James Tuller.

Pero Pacheco enfatizó que mientras más se divulgue el contenido de un vídeo o documentos por las redes sociales, más se dificulta hallar al responsable. “Una vez se convierte en algo viral, es difícil para las autoridades detenerlo e identificar de qué celular o fuente se está compartiendo porque son muchos los que lo están haciendo”, dijo.

Por lo tanto, tanto Pacheco como Colón aconsejaron no tomar vídeos, imágenes o información comprometedora de la que luego se pueda perder el control.

“La recomendación -tanto para adultos como para jóvenes y menores- es que hoy día con la tecnología, no recomendamos que se tiren ningún tipo de foto o vídeo de manera sexualmente explícita. Cuando incurres en una conducta como esta, hay el riesgo de que se pierda o se envíe a otra persona por error y la divulga. El efecto es que esa foto se divulgue en el área laboral lo que pudiera conllevar despido, afectarse la reputación y la salud emocional”, dijo Pacheco.