Una discrepancia notable entre las cifras de feminicidios que registra la Policía y las que reportan organizaciones de base comunitaria, como el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, levanta bandera sobre las lagunas que continúan existiendo al momento de recopilar y organizar datos relacionados con las muertes violentas de mujeres en la isla.

En lo que va del año, la Policía ha reportado 23 asesinatos de mujeres adultas y tres de menores de edad, con 16 de esos casos catalogados preliminarmente como feminicidios; en contraste con el Observatorio de Equidad de Género, que sostiene que la cifra de feminicidios es de 63.

“Nosotros partimos de la base de la definición presentada por el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres producido por ONU Mujeres para el año 2015-2016″, explicó, en entrevista con El Nuevo Día, la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui Hernández.

De acuerdo con Upegui Hernández, quien desarrolla los informes mensuales de esa organización sobre Feminicidios, Desapariciones y Violencia de Género, “ese protocolo lo que indica es que los feminicidios son un fenómeno más amplio. No son solamente las muertes por violencia doméstica”.

Por su parte, la directora de la división de Violencia Doméstica de la Policía, Aimeé Alvarado, sostuvo que la Policía utilizaba el mismo protocolo aunque, “atemperado a la cultura puertorriqueña” y aprobado por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

El Comité PARE basa su definición en el “Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans por Razones de Género”, que afirma que el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona.

“Se denominará feminicidio, a manera ilustrativa y no taxativa, cuando la muerte haya ocurrido al perpetrarse algún delito de maltrato, violencia, amenazas, privación de libertad o maltrato psicológico; el victimario haya querido o intentado establecer o restablecer una relación sentimental; exista una relación laboral, docente o cualquiera que implique superioridad; existan signos de violencia sexual; o el victimario haya abandonado el cuerpo en un lugar público”, lee el documento.

Para Upegui Hernández, esta definición por la que se rige la Policía no abarca otras modalidades de feminicidio, como los indirectos, definidos como muertes violentas de mujeres como consecuencia de otro acto, así como los que se hallan bajo investigación. Debido a esto, la Uniformada excluye de sus cifras casos que el Observatorio sí abarca.

No obstante, Alvarado explicó que, aunque todas las investigaciones en las que muere una mujer comienzan como un feminicidio, el protocolo que usa la Policía establece varios criterios por los cuales, según dijo, se puede determinar concretamente si, en efecto, se trató de esa modalidad de asesinato. Es a medida que transcurre la investigación del caso que la uniformada determina si descartar ese ángulo o no, según comentó.

Algunos de esos protocolos analizan si existía o no una relación entre el agresor y la víctima, si el motivo detrás del asesinato fue motivado por un sentimiento de odio hacia la perjudicada, si el agresor mantenía un patrón de maltrato, abuso psicológico o un patrón de acecho contra la mujer, entre otros. También se dejan regir por los resultados de la autopsia que lleve a cabo el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y otros exámenes que pudiesen arrojar luz sobre la muerte.

Entre los casos que la Policía, sin éxito, buscó catalogar como feminicidio, figura la muerte de Linda Ebner Pérez, cuyo cuerpo fue desmembrado y esparcido por terrenos baldíos del casco urbano de Aguadilla en mayo de 2022 por Daunta Leshea Head.

“No lo pudimos incluir finalmente como un feminicidio porque la causa de muerte no se determinó como un asesinato”, afirmó Alvarado.

En ese caso, el ICF llevó a cabo una autopsia y encontró rastros de sustancias controladas en distintas partes del cuerpo de Ebner Pérez y, posteriormente, se determinó que la causa de muerte de la mujer fue por motivo de sobredosis y no por un asesinato directo perpetrado por Leshea Head, a quien solo se le pudo probar profanación del cuerpo y destrucción de evidencia.

Sin embargo, el Observatorio mantuvo a Ebner Pérez como un feminicidio no íntimo en su lista de 2022.

Otros casos que la coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos contabiliza en sus cifras son los que están bajo investigación en los que una mujer o niña murió violentamente. De acuerdo con Upegui Hernández, la Policía no considera estos incidentes como feminicidios, “porque si nunca se esclarecen, no van a aparecer”, aclarando que, por “esclarecer”, se refiere a que se identificó un sospechoso del crimen.

“Nosotros tenemos los feminicidios íntimos, los feminicidios familiares, los transfeminicidios. Existen también los feminicidios no íntimos, que por lo general los que vemos son casos en los que son vecinos o personas conocidas las que han cometido el asesinato. Y también tenemos los casos indirectos, que es donde clasificamos los casos que están relacionados con el crimen organizado o con muertes por sobredosis”, expuso la analista.

Por ejemplo, el Observatorio también mantiene como feminicidio el asesinato de Narda Castillo, en septiembre, en Puerto Nuevo, quien falleció tras ser apuñalada por dos individuos que se fugaron. Sin embargo, la Policía no ha catalogado este caso como un feminicidio por tratarse de una investigación que continúa en curso.

Un caso similar, que también se mantiene fuera de las cifras de la Policía, pero no del Observatorio, es el transfeminicidio de “Chanel”. La uniformada no cuenta este asesinato como un feminicidio debido a que todavía no se ha establecido un móvil tras el crimen.

“Nosotros queremos visualizar todos los asesinatos a las mujeres por razón de género. Eso yo lo quiero, yo quiero que todo el mundo sepa que una mujer es asesinada porque le tenían odio, porque la tienen menosprecio... pero no puedo clasificar de manera indiscriminada”, aseguró Alvarado.

Las consecuencias de la diferencia entre números

Más allá de una discrepancia entre sus cifras, para Upegui Hernández, las bajas cifras de la Policía son alarmantes, porque “invisibilizan la cantidad enorme de casos que permanecen bajo investigación y hace parecer que el problema de feminicidios es realmente un problema de feminicidios íntimos”.

“Los feminicidios íntimos son los que más fácil se van a esclarecer… porque la persona permanece en el entorno, porque hay testigos, porque hay quien puede hablar que había una relación problemática, etc. En los demás casos, van a haber muchos casos que pudiera haber sido por un desconocido, que pudiera haber sido por una persona conocida, pero que nadie sabía que tenía interés, puede haber violencia sexual, pero va a ser mucho más difícil de investigar y probablemente mucho más difícil de identificar a un sospechoso en el entorno”, denunció la analista.

Por su parte, Alvarado aseguró a este medio que los números reflejaban la realidad y que se ha estado viendo “una mejoría” en las situaciones de violencia que terminan en la muerte de mujeres del país.

“Desde el día que se firmó el protocolo (para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans por Razones de Género) comenzamos a darle seguimiento a todos los incidentes donde la muerte violenta era de una mujer para implementar todo el plan de trabajo que nos sirve de guía para decir si es un feminicidio o no”, afirmó Alvarado.

Reiteró, además, que con la orden ejecutiva que declaró un Estado de Emergencia, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en enero de 2021, se atendieron otras áreas y se han salvado miles de vidas.

No obstante, y aunque se solicitaron datos que sustentaran esa versión de la Policía de Puerto Rico, al cierre de esta nota no se habían recibido los antecedentes.