(GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida a principios de mes por el juez superior Anthony Cuevas Ramos que declaró ha lugar una demanda de la Cámara de Representantes contra el departamento de Hacienda que retaba la constitucionalidad de una orden administrativa del secretario de la agencia, Francisco Parés Alicea.

Los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Ivelisse Domínguez Irizarry y Monsita Rivera Marchand atendieron el caso en el foro apelativo. La jueza Rivera Mrchand emitió una opinión disidente.

En la demanda, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio "Tony" Soto, solicitaban un injuction preliminar, permanente y sentencia declaratoria contra Parés Alicea obligándolo a que acate el texto de la Ley 60-2019.

La Ley 60-2019 obliga a compañías de telecomunicaciones y de seguros a confeccionar los documentos conocidos como Declaraciones Informativas que recogen los gastos incurridos por personas que trabajan por su cuenta y dueños de pequeñas y medianas empresas y así reclamarlos en las planillas. El nuevo estatuto les fijaba a las empresas que reciben estos pagos el 28 de febrero como fecha límite el envío de los documentos a sus clientes.

Sentencia del Apelativo en caso de la Cámara contra Hacienda by El Nuevo Día on Scribd

Cuevas Ramos sostuvo en su fallo que no tenía ante sí la interpretación de un texto ambiguo en el que la agencia administrativa, en este caso Hacienda, tenía el espacio para interpretar.

“Se ordena (en la Ley 60-2019) claramente que sean las entidades dedicadas a proveer servicios de telecomunicaciones, servicios de acceso a internet o servicios de televisión por cable o satélite en Puerto Rico o que reciba pagos por anuncios o primas de seguro las que vendrán obligadas a rendir una declaración informativa anual”, dijo Cuevas Ramos al sostener que Hacienda, que levantó como argumento que buscaba evitar “la confusión de los contribuyentes", no podía usar una excusa para “apropiarse de los poderes que la Constitución de Puerto Rico, al igual que la de Estados Unidos establecen claramente que existe una separación de poderes…”.

“El Departamento de Hacienda no tiene la capacidad ni el poder de enmendar la Ley 60 mediante una Determinación Administrativa”, finalizó el juez.


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