El Tribunal de Primera Instancia tendrá que realizar una vista de evidencia. (GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación que hiciera el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a una demanda contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera, por ordenar el servicio de escoltas para el exgobernador Ricardo Rosselló, pese a que no terminó el cuatrienio en su cargo.

El recurso legal inicial fue presentado el pasado 19 de agosto de 2019 por el abogado Orlando José Aponte Rosario, quien solicitó un mandamus e injunction preliminar y permanente contra Escalera.

En su demanda, el letrado alegó que la asignación de escoltas para una persona que renunció a su cargo y que no realiza ningún tipo de gestión pública conlleva “la erogación de fondos públicos para beneficio exclusivo de personas privadas”.

La decisión del Tribunal de Primera Instancia fue tomada el 18 de septiembre luego que los abogados del gobierno argumentaron que la controversia por la demanda se tornó académica y que Aponte Rosario no tenía legitimidad para presentar el recurso.

El juez de aquel momento, Anthony Cuevas, dictaminó la desestimación cuando la gobernadora Wanda Vázquez ordenó el retorno de las escoltas que prestaban servicio a Rosselló en Estados Unidos.

“Se deja sin efecto la desestimación del pleito según decretada por el foro apelado, por entender que el caso ante nuestra consideración no es académico”, sostuvo la decisión del Supremo emitida hoy.

El alto foro también ordenó a Instancia celebrar una vista evidenciaria, para que el abogado pruebe si tiene legitimidad para presentar la demanda.

Rosselló renunció efectivo el 2 de agosto pasado en medio de protestas ciudadanas por su participación en un chat de Telegram en el que realizó comentarios homofóbicos y sexistas.

Escalera, con el aval de Pedro Pierluisi, firmó una orden para concederle escoltas al exmandatario, quien se había mudado para Estados Unidos.

Pierluisi ocupó La Fortaleza como gobernador durante varios días, tras ser nombrado secretario de Estado por Rosselló antes de su dimisión. Al no ser confirmado por la Asamblea Legislativa, el Supremo invalidó su administración.


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