(GFR Media)

El Primer Circuito de Apelaciones determinó este miércoles que el gobernador de Puerto Rico no tiene autoridad para hacer ajustes presupuestarios si este no posee autorización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

También concluyó -confirmando así el fallo de la corte de distrito federal- que si el organismo fiscal hace una recomendación al gobierno y este no lo acata, nada impide que la JSF pueda implementar el curso de acción sugerido.

“No vemos nada en este lenguaje que precluya a la (JSF) de adoptar una recomendación si esta tiene el poder de adoptar la acción recomendada por sí misma”, reza el fallo emitido por el juez de Apelaciones, William J. Kayatta.

Según el fallo del foro intermedio, la interpretación del gobierno en torno al carácter de “letra muerta” de la sección 205 de la ley federal Promesa no se sostiene y esta disposición, para nada supone una la pérdida del poder que posee la JSF para implementar los cambios o ajustes que entienda necesarios, incluyendo prohibir el uso de fondos para gastos no autorizados.

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En su fallo, Kayatta describió los argumentos del gobierno como “desconcertantes”.

¿Por qué litigaban Rosselló y la Junta?

De esa forma, el juez Kayatta puso fin a una demanda incoada por el exgobernador Ricardo Rosselló en julio del año pasado, cuando la JSF determinó que el presupuesto que se aplicaría al gobierno sería el certificado por el organismo fiscal y no el aprobado por la Legislatura.

La disputa de Rosselló se produjo luego de un proceso de negociación presupuestaria fallido, donde el exgobernador aceptó derogar la Ley de Despido Injustificado a cambio de recibir más asignaciones presupuestarias. La Legislatura determinó que no haría cambios al estatuto federal y la JSF certificó su propio presupuesto.

Rosselló ripostó con la demanda, alegando -entre otras cosas- que el organismo fiscal no tenía autorización para prohibir el uso de fondos no utilizados en años presupuestarios previos o para imponer, por la vía presupuestaria, lo que antes fueron sugerencias a través de la sección 205 de Promesa y rechazadas por el gobierno.

Al examinar la controversia el año pasado, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concluyó que el presupuesto que se adoptaría sería el adoptado por la JSF y estableció además que la autoridad conferida al organismo fiscal bajo la sección 202 de Promesa, le permite restringir o determinar el uso de fondos no utilizados en años previos. Empero, Swain remitió al foro apelativo la controversia acerca del alcance de la JSF bajo la sección 205.

“Estamos agradecidos por la decisión del tribunal y esperamos continuar trabajando hacia mayor responsabilidad fiscal, transparencia y disciplina en el gasto público”, indicó el presidente de la JSF, José B. Carrión, en declaraciones escritas.

Referencia para otras disputas

De otra parte, en su escrito, el juez Kayatta parece anticipar la suerte que correrá el gobierno en cualquier otra disputa parecida. Esto, puede incluir la demanda de la JSF al gobierno por la implementación de la Ley 29 de este año y la aprobación de unas 23 resoluciones conjuntas. En el caso de la Ley 29, el estatuto que liberó a los municipios del pago de sus aportaciones al plan de pensiones y la reforma de salud, mientras las resoluciones reasignaron fondos de una partida y de años previos a otros usos.

Si bien la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que hereda la disputa legal, ha establecido que trabajará junto a la JSF, su administración continúa defendiéndose en la demanda incoada por la JSF en torno a la Ley 29.

En su fallo, Kayatta reafirmó que Promesa precluye al gobierno territorial de asignar fondos presupuestarios de años previos y estableció que cualquier ley estatal que establezca lo contrario quedará ocupada por la ley federal.

Asimismo, el juez escribió que dado que el uso de fondos reprogramados por parte del gobierno parece ser objeto de disputa continua entre las partes, la resolución de la controversia, “ayudará a la corte de distrito a analizar cualquier otra disputa existente o futura en torno a la relación que prevalece entre la JSF y el gobernador”.


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