Luis E. González Martínez, acusado por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero en la avenida Los Filtros, en Guaynabo, en hechos reportados el 30 de septiembre de 2019. (GFR Media)

Luis E. González Martínez, acusado de asesinar a la empresaria Hilda Padilla Romero en la avenida Los Filtros, en Guaynabo, renunció a su derecho a la presunción de inocencia, descubrimiento de prueba y juicio rápido, como parte de un acuerdo con la fiscalía, trascendió este jueves durante la vista de lectura acusación en su contra.

“Hemos hablado con nuestro representado, le hemos explicado un sinnúmero de situaciones y de cosas de este caso”, sostuvo el abogado de defensa Alex Ramos Díaz, durante su intervención en la sala 704 del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. “Le hemos leído el acuerdo en varias ocasiones”, reiteró, al tiempo que indicó que González Martínez, libre y voluntariamente, renunció a sus derechos.

“¿De alguna forma usted se ha sentido coaccionado u obligado?”, cuestionó al acusado la jueza Nerisvel Durán Guzmán, a lo que el individuo de 23 años respondió con un “no”.

Fuera de la sala, Ramos Díaz explicó que renunciar a los derechos constitucionales antes mencionados era parte del acuerdo que el acusado firmó con la fiscalía.

“Es parte del acuerdo que él ya firmó antes de que yo llegara, yo no estuve en la etapa en que se da ese acuerdo. A mí el Tribunal me asigna para entonces velar unos derechos porque ya es acusado, todo ciudadano tiene derecho a un abogado en las etapas de los procedimientos”, expresó a El Nuevo Día.

“Yo el acuerdo no lo puedo modificar, por tal razón yo lo que voy a hacer es que él esté consciente, explicarle sus derechos, y que él tome las decisiones correspondientes en cuanto a eso”, sostuvo.

El juicio contra González Martínez, quien figura como el autor material de los hechos reportados el 30 de septiembre, estaba pautado para el 20 de febrero de 2020, pero hoy fue pospuesto para el 24 de marzo.

La vista de lectura de acusación se llevó a cabo luego de que el 4 de diciembre el acusado renunció al proceso de vista preliminar en su contra, tras entrar en el convenio con la fiscalía para testificar contra los otros dos imputados en el caso, Keishla Pérez Biggio y William Avilés González.

“Yo tengo un deber como funcionario de explicarle cuáles son sus derechos, a los que está renunciando, para que él sepa, nadie puede renunciar a algo que no sabe a lo que está renunciando”, manifestó el abogado.

El hecho de que el acusado haya renunciado a su derecho al descubrimiento de prueba como parte del acuerdo, es una manera de mantener “la pureza” del proceso que a la par se lleva a cabo contra los otros dos imputados por el asesinato.

De este modo, la evidencia en manos del Ministerio Público saldría a relucir cuando se lleve a cabo la vista preliminar y posterior juicio (si se determinara causa) contra Pérez Biggio y Avilés González, y no durante el procedimiento contra González Martínez, que a su vez sirve como testigo contra los otros imputados.

“Para la pureza del otro proceso, es mejor que esa prueba no esté por ahí, que se presente en el momento que se tenga que presentar”, afirmó Ramos Díaz.

A González Martínez se le presentaron cargos por violación al Artículo 93 por Asesinato en Primer Grado; dos cargos por Tentativa de Asesinato bajo el Artículo 93; y un cargo del Artículo 249 por Riesgo a la Seguridad u Orden Público al Disparar un Arma de Fuego. Además, se le radicó un cargo por violar el Artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular por Comercio Ilegal de Vehículos y Piezas.

También se le radicaron por violación a la Ley de Armas: dos cargos del Artículo 5.04 por Portación de Uso de Armas de Fuego sin Licencia; cuatro cargos del Artículo 5.15 por Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

El acuerdo con el acusado –cuyo testimonio será clave para el procesamiento de los otros implicados en el asesinato–, implica la reclasificación de algunos delitos, aunque los detalles respecto a ese asunto tampoco fueron precisados hoy, durante la vista de lectura de acusación.

La defensa legal de González Martínez reiteró ayer que, aunque su cliente llegó a un acuerdo con la fiscalía, no implica que el acusado no cumpliría una condena en cárcel.

“Hay distintos tipos de acuerdo, hay acuerdos de inmunidad, hay acuerdos de distintas formas, de acuerdo a los casos”, explicó Ramos Díaz. “Pero no es este caso, este caso no es eso”, manifestó a este medio, al asegurar que su cliente no obtuvo inmunidad en la negociación con el Ministerio Público.


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