El representante Ángel Matos. (GFR Media)

En momentos en que se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto que busca aumentar el presupuesto de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, conocida también como (DMO, por sus siglas en inglés), la jueza Lauracelis Roques Arroyo ordenó hoy que esta dependencia le entregue al representante popular Ángel Matos García una serie de documentos que había solicitado sin éxito para ejercer su trabajo de fiscalización.

Roques Arroyo determinó, a más de un mes de escuchar a las partes en una vista evidenciaria en el Tribunal de San Juan, que el DMO es una entidad gubernamental para fines del derecho constitucional de acceso a información pública, por lo que los documentos del DMO son públicos. 

"Por ello, se ordena a la parte demandada a proveer los siguientes documentos: todos los contratos vigentes y nuevos otorgados desde su creación mediante la Ley 17- 2017, hasta el presente y un inventario comprensivo y detallado de los fondos comprometidos o gastados por la Corporación, en o antes del viernes, 15 de noviembre de 2019'", reza la sentencia. 

"La única solicitud que este Tribunal deniega son las solicitudes de propuestas de las subastas por la posibilidad de existir secretos de negocios de partes que no están en el presente pleito. En síntesis, en la medida que no exista un interés gubernamental apremiante que justifique la confidencialidad de la información solicitada por el Peticionario, el DMO no puede negar acceso a los documentos públicos en su custodia, por lo que, de existir algún documento de subasta —tal como una resolución— que no esté protegido deberá proveerse también", finaliza la jueza.

Matos García celebró el fallo.

“Agradezco la determinación de la honorable jueza, Lauracelis Roques Arroyo. Esta determinación arrojará luz sobre el gasto abusivo de esta organización (DMO), con los chavos del pueblo. Ahora se sabrá quien dijo la verdad y quien se arrastra en la mentira ", dijo en declaraciones escrtas.

El rol del DMO, que opera con fondos públicos, es mercadear, fuera de la isla, a Puerto Rico como destino turístico. La Compañía de Turismo, ahora una oficina dentro del Departamento de Desarrollo Económico, se encarga del mercadeo dentro de la isla, pero tiene otras facultades como la atracción de convenciones a la isla y la negociación de contratos con líneas aéreas y de cruceros.

Con el Proyecto de la Cámara 1435, radicado el 17 de octubre, se busca aumentar de $25 millones a $35 millones el dinero que recibe el DMO para sus operaciones. Ese dinero sale de loe recaudos del canon de habitación, que le generó a la Compañía de Turismo $72.9 millones el pasado año fiscal. 

Otra disposición del proyecto consiste en que el DMO recibirá todo el dinero en exceso del recaudo del canon por habitación alcanzado en el año fiscal 2018-19, entiéndase sobre los $72.9 millones. Con estas enmiendas a la ley orgánica del DMO, se deja sin efecto un programa de pareo o fondo de equiparación en que la organización recibía $5 millones del gobierno si tenía la capacidad de generar esa misma cantidad.

El autor de la medida, el representante por el Partido Nuevo Progresista Néstor Alonso Vega cita supuestos logros del DMO en la Exposición de Motivos de la medida para justificarla, como haber alcanzado $92 millones en ventas de convenciones y reuniones y que se lograra un incremento de 47% en los ingresos relacionados a la industria de turismo durante los primeros cinco meses del año corriente. El DMO también lanzó un nuevo sitio web.

"En su primer año, la Corporación (DMO) ha generado un impacto fundamental en la marca de Puerto Rico como destino al lograr crecimiento sustancial en la industria de turismo a pesar de tener fondos limitados", sostuvo Alonso Vega.

Con el proyecto propuesto, el DMO podría realizar labores de cabildeo en la Legislatura y dentro del poder Ejecutivo. También se le libera de pagar ciertos impuestos con que tiene que cumplir con el gobierno.

El 27 de septiembre, Matos García presentó una petición de mandamus enmendada ante Roques Arroyo y el DMO replicó con una solicitud de desestimación el 17 de octubre.

En el recurso legal se hace un recuento de cómo se llegó al punto de recurrir al tribunal, que incluye una misiva del 10 de junio de Matos García en que solicitaba los documentos al DMO y cómo radicó también la Resolución de la Cámara 1435 para exigirle al DMO la entrega de los documentos que luego fueron solicitados por la vía judicial. El 23 de junio, el DMO, en una carta firmada por Brad Dean, principal ejecutivo del DMO, le contestó que estaban dispuestos a tener una reunión con el legislador, adjuntando con la comunicación una copia del reporte anual de la entidad.

El 12 de agosto, Matos García cursó una segunda carta al DMO alegando que el reporte anual no incluía toda la información solicitada y que le daba un plazo de 24 horas para entregar la documentación o, de lo contrario, acudiría alauxilio del tribunal. Un día después, Dean le replicó alegando que los abogados de la entidad le habían recomendado que no se entregara la información solicitada ya que la R. de la C. 1435 no había sido aprobada.

Matos García, quien también solicitaba los expedientes de subastas y solicitudes de propuestas otorgadas y adjudicadas por el DMO, además del listado de funciones del personal del DMO, plantea que la información es pública y de alto interés público, que el DMO opera con fondos públicos y que, al no proveer la información solicitada, viola la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).

El representante legal del DMO, el bufete bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez sostuvo en una carta a Matos García que el DMO es una entidad privada sin fines de lucro y que, por lo tanto, no se le considera ni un departamento, ni una agencia, una corporación pública o una instrumentalidad, dependencia o subdivisión del gobierno. Sostiene también que Matos García no tiene legitimación activa para el remedio solicitado, que solicita que se expida un mandamus contra figuras que no son funcionarios públicos y que solicita documentos que no son públicos.

Sí reconocen que el DMO es auditado por la Oficina del Contralor al recibir fondos públicos.

Acto seguido, recordaron que la ley orgánica del DMO, la Ley 17-2017 especifica la “única” información que la corporación está obligada a someter y que el DMO así lo ha hecho. Sostienen también que la Junta de Directores del DMO aprobó una política que establece las condiciones bajo las cuales se divulgará información.

Junto con una carta que el bufete le hizo llegar a Matos García, se proveyó una lista de los 42 contratos bajo el reglón de promoción, ventas y relaciones públicas del DMO y los 30 de administración (ambos sin los montos), además de los 16 contratos en los que se llevó a cabo un proceso de subasta, un resumen de los cuatro contratos principales del DMO y una lista de los empleados y las posiciones que ocupan, aunque sin publicar los salarios.

“Bajo la política de divulgación de la Corporación, el texto de los contratos se mantiene confidencial por razones estratégicas, para proteger información propietaria o para proteger la privacidad, pero se divulga la información de las partes del contrato, el periodo de duración del mismo, el objetivo y alcance del contrato y la cantidad de los pagos que la Corporación está obligada a hacer bajo el mismo”, reza la carta.


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