El principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, recordó que no se cumplió el acuerdo alcanzado con la Junta Fiscal. (GFR Media) (horizontal-x3)
El principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, recordó que no se cumplió el acuerdo alcanzado con la Junta Fiscal. (GFR Media)

El gobierno comenzó ayer un análisis de cada una de las diferencias entre el presupuesto aprobado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el ratificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que por disposición del Tribunal Federal será el que regirá durante el año fiscal en curso.

La idea, según el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, es identificar cada una de las instancias en que el dinero asignado es insuficiente para sufragar las operaciones básicas de la agencia o para desarrollar la política pública del gobernador, de modo que puedan pedirle cambios concretos a la Junta.

Las modificaciones serían solicitadas porque el nuevo panorama legal esbozado por la jueza Laura Taylor Swain impide que el gobierno haga un ajuste de partidas sin el aval del organismo creado por el Congreso.

Maldonado Gautier, en una entrevista con El Nuevo Día, reconoció que el gobierno tendrá que negociar cada uno de estos cambios y que, con la decisión de la jueza, es relativamente poco el poder en materia fiscal que se deja en manos de los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al mandatario, quien se encuentra en un viaje oficial por Colombia y Argentina que terminará este sábado.

“Es un ejercicio de administración bien complicado”, describió el también secretario de la Gobernación. Los cambios en las partidas serían dentro de los límites que establece el presupuesto aprobado por la JSF, que es $48 millones mayor que el endosado por el gobernador.

Ayer, no se tenían cifras exactas sobre las diferencias en cada una de las partidas en las agencias. Se conocían, sin embargo, los contrastes en el presupuesto total de cada entidad pública y algunos casos particulares denunciados por ejecutivos del gobierno.

Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, insistía en que un recorte de $37 millones en la Policía afectaría significativamente las operaciones de la agencia. Maldonado Gautier, por su parte, mencionaba reducciones con posibles consecuencias operacionales en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El Nuevo Día tuvo copia de una comparación hecha precisamente por la OGP sobre los presupuestos aprobados por la Junta y por el gobierno.

El documento muestra que el presupuesto certificado por la JSF implica asignaciones menores a las aprobadas por la Asamblea Legislativa en el orden de $66 millones en Hacienda, $58 millones en Educación, $24 millones en la Legislatura y $14 millones en la Oficina del Gobernador, entre otras dependencias gubernamentales.

Vamos a implantar el presupuesto de la Junta, según fue determinado por la jueza... Lo que estamos buscando son alternativas dentro del proceso del presupuesto de solicitar distribuciones distintas (de fondos) para asegurarnos que podemos pagar el bono (de Navidad) y mantener los empleos”, enfatizó Maldonado Gautier.

“Estamos en ese proceso de análisis ahora, y necesitamos un poco más de tiempo. Pero todos los servicios se van a dar. El presupuesto es para el año completo. Es posible que, a lo mejor, las agencias puedan funcionar ahora, pero de aquí a cuatro o cinco meses ya la partida finalizó en términos de la cantidad de dinero. Ese análisis lo estamos haciendo con todos”, añadió.

El bono de Navidad implica un desembolso de entre $80 millones y $120 millones, explicó. Aunque la Junta técnicamente no prohibió el bono de Navidad, en el presupuesto que elaboró no hay una partida para costear ese beneficio laboral.

El reto de la administración Rosselló Nevares es precisamente promover recortes en otras áreas para poder sufragar ese beneficio durante este semestre, y lograr que la Junta apruebe ese cambio.

Alegan consecuencias

“Estas son las consecuencias de no validar el acuerdo que teníamos (con la Junta). Ese acuerdo permitía flexibilidad en las transacciones y protegía el bono de Navidad, los empleos, y las partidas estaban donde debían estar para implantar la política pública. Ahora, en la parte práctica, operacional, hay unas consecuencias de no tener ese acuerdo”, dijo el principal oficial financiero del gobierno.

El funcionario se refería al entendimiento al que había llegado Rosselló Nevares con la JSF, en el que el gobierno se comprometía con derogar la Ley 80, de indemnización por despido injustificado, a cambio de que no se alteraran las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos, se mantuviera el bono de Navidad, se atrasara el recorte de 10% en las pensiones, se establecieran dos fondos de ayuda para los municipios y se separara una partida para becas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

La oposición al acuerdo provino principalmente del Senado, donde solo se le dio paso a una derogación prospectiva de la Ley 80. Es decir, la compensación por despido injustificado, bajo esa ley, se eliminaba solamente para las contrataciones que ocurrieran en una fecha posterior a la vigencia del estatuto.

Este punto medio propuesto por el Senado no fue suficiente para la JSF, que se retiró del acuerdo.

“Si se hubiese validado el acuerdo, nada de esto hubiese sucedido... Antes, todos sabíamos que el presupuesto era a discreción de la Junta, pues eso está ya en la ley (Promesa). El alcance de esto, en términos operacionales, no estaba claro. La JSF podía usar el presupuesto para ajustar asuntos fiscales, y eso es comprensible, pero usar el presupuesto para cambiar política pública no era algo que se contemplaba en la ley”, lamentó Maldonado Gautier, mientras explicaba su inconformidad con la determinación.

Afirmó que la decisión judicial ahora le permite a la Junta timonear las decisiones de política pública del gobierno debido al amplio nivel de supervisión que le concedió la jueza Swain.

La decisión, sin embargo, todavía no es final y firme. El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, indicó que la intención del gobierno es llevar el reclamo ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Las probabilidades de que los jueces en Boston reviertan la decisión de Swain son relativamente pocas, coincidieron varios expertos en derecho.

“La probabilidad es casi cero. Es un asunto de interpretación estatutaria. La persona que más ha manejado la Ley Promesa es la jueza Swain. Esa es una ley especializada. Es muy difícil que el Circuito cambie la interpretación de la jueza”, expresó Rolando Emmanuelli, abogado experto en temas de bancarrota y Promesa.

Emmanuelli, sin embargo, recordó que la jueza Swain mantuvo activos varios reclamos de la demanda del gobernador contra la JSF, uno de los cuales toca el tema de la capacidad del gobierno de ajustar las partidas del presupuesto.

La decisión de Swain publicada el martes no es lo único que incide sobre los poderes de la junta que controla las finanzas de Puerto Rico.

Nueva política

Ayer, se supo que el propio organismo creado por el Congreso determinó que el primer ejecutivo y todas las agencias tendrán que consultarle antes de aprobar cualquier regla, reglamento u orden ejecutiva.

La nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la JSF, que el organismo federal identifica como “Política de RRO”, requiere que, en lo sucesivo, la Junta apruebe “ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas” antes de que el gobierno emita tales disposiciones.

Según la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, la nueva política “ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”.

La exigencia se justificó alegando que las órdenes ejecutivas y la reglamentación en las agencias y corporaciones públicas tiene el potencial de entrar en conflicto con las disposiciones en los planes fiscales vigentes.

Particularmente, la JSF tendría vela en “asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asuntos relacionados con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), asuntos relacionados con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas -incluyendo aquellos relacionados con compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados- entre otros”.

A esto, se le suma la determinación que la Junta tomó en octubre de revisar todos los contratos del gobierno de más de $10 millones, y la facultad que por ley federal tiene el organismo de detener la puesta en vigor de leyes que entienda que van en contra de las disposiciones fiscales.

La jueza Swain, en su decisión del martes, establece que los amplios poderes que posee el organismo federalno implican que el gobierno no tiene “dientes” o que el poder de decisión que tiene es irrelevante.

Menciona, por ejemplo, que la Junta no tiene la capacidad de aprobar leyes y que Promesa provee para que el gobierno, con sus ideas, cargue con la elaboración de las propuestas contenidas en los planes fiscales.

Estas facultades, sin embargo, son mínimas comparadas con las que poseían los ejecutivos gubernamentales antes de la aprobación por el Congreso de la Ley Promesa.

“No era verdad"

“La metáfora de los cuartos y los muebles no era verdad. Con la decisión, quedó demostrado”, destacó Emmanuelli.

Al referirse a la metáfora, se refería a la explicación que, en el 2017, dio el presidente de la Junta, José B. Carrión, sobre las funciones del organismo que dirige.

Describía las funciones fiscales de la Junta como las de una persona que define los límites de un cuarto. El gobierno, en cambio, era responsable de decidir dónde se colocaban los muebles dentro de ese cuarto.

La ilustración, en esencia, establecía que la Junta se encargaría de imponer límites en los gastos, mientras que el gobierno decidía en qué invertía los fondos disponibles.

“La jueza (con el fallo) le dio todo el poder a la Junta para imponer el plan fiscal e interferir en todas las áreas que el gobernador pensaba que le quedaban. El Plan Fiscal va por encima de todo, y la Junta tiene el poder de imponer sus planes mediante el presupuesto o recurriendo a la jueza. La Junta es un supragobierno del territorio”, puntualizó Emmanuelli.

El secretario de Asuntos Públicos del gobernador, sin embargo, recordó que la jueza Swain reconoce que la JSF no tiene la facultad de aprobar leyes, por lo que las decisiones tendrán que ser negociadas entre las partes.

“La jueza Swain reconoce que la Junta de Supervisión Fiscal no puede aprobar leyes; eso es un proceso de negociación”, dijo Rosario Cortés.

“No hay poderes significativos. Son para nombrar funcionarios y denominar las cosas y establecer las reglas de tránsito... Lo que les queda, más bien, es el derecho al pataleo”, sostuvo Emmanuelli.

Con la decisión del martes, el presupuesto del año fiscal 2019 se convirtió en el segundo que impone la JSF pese a las objeciones del gobernador.

En la demanda, Rosselló Nevares alegaba que la JSF había usurpado los poderes constitucionales que le correspondían, al tomar decisiones de política pública y no limitarse a los asuntos fiscales del gobierno.

La jueza también desestimó una demanda que, con argumentos similares, había presentado la Asamblea Legislativa.

La intención, al menos de la Cámara de Representantes, era apelar el fallo, indicó Raúl Colón, portavoz de prensa del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.


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