La magistrada Sylmarie Del Toro indicó que el caso por presuntamente violar tres cánones de ética queda sometido e indicó que la decisión se dará a conocer por escrito.

La vista de descalificación que celebró hoy, miércoles, la jueza Sylmarie De la Torre Soto contra los abogados de Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, expuso posibles faltas procesales tanto de la Policía como de la defensa durante la incautación de las armas que le pertenecen al acusado.

Medina Cardona enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas por los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en Villa Marina Boulevard en el muelle de Fajardo.

El proceso judicial en contra de la defensa busca resolver la moción que presentó el Ministerio Público ante el Tribunal de Fajardo para descalificar a Orlando Cameron Gordon por presuntamente haber violentado cinco cánones éticos al colocar a disposición de las autoridades las armas de fuego de su cliente, sin tener conocimiento de las órdenes de allanamiento.

Los hechos considerados hoy en sala se remontan al pasado 20 de agosto cuando el agente Luis Alejandro Velázquez llegó hasta la urbanización Caguas Milenio, en Caguas, donde reside el padre del acusado, Julio Medina, para ocupar un equipo DVR con material visual y las armas de fuego que le pertenecen al acusado.

Sin embargo, tras registrar la residencia, los agentes no encontraron las armas y fue la hermana de Medina Cardona, Glendaliz, quien notificó a las autoridades que su hermano residía en el barrio Río Cañas del mismo municipio y no donde habían llegado los agentes.

Surgió en sala que las autoridades no tenían una orden para allanar la residencia en el barrio Río Cañas, pero de todas formas Cameron Gordon puso a su disposición las armas.

“El agente Alejandro dijo que el licenciado (Cameron Gordon) los escoltó hasta el barrio Río Cañas e incluso les dijo que estaban allí y les señaló una funda que colgaba en el cuarto donde se hallaron pertenencias del acusado”, dijo el fiscal Eduardo Beale durante su alocución en sala.

“Señoría, esto fue una entrega voluntaria. El abogado puso las armas a disposición del agente sin conocer sobre las órdenes de allanamiento”, añadió Beale.

La moción de descalificación señala específicamente a Cameron Gordon. No obstante, de ser declarada ha lugar, la descalificación incluiría a Jorge Gordon Menéndez y Jorge Gordon Pujol, quienes completan al equipo de defensa, por lo que Medina Cardona necesitaría una nueva representación legal para enfrentar la etapa del juicio.

Precisamente, Gordon Menéndez insistió en que las órdenes que se presentaron eran de registro y no de allanamiento, por lo que resaltó el componente técnico de los términos utilizados.

Revive las incidencias:

Asimismo, narró que fue la hermana de Medina Cardona quien le pidió al abogado Cameron Gordon acompañarla para llevar a los agentes hasta la residencia de Jensen.

“Fue Glendaliz Medina quien le pidió al abogado que la acompañara, porque ni siquiera él conocía dónde quedaba exactamente la residencia de mi representado. Cómo es que él va a escoltar a los agentes si no sabe a dónde dirigirse”, cuestionó Gordon Menéndez.

“Le sacaron fotos al cuarto donde encontraron las armas y las cajas donde estas se encontraban, pero no tienen una foto con el abogado entregando las armas. ¿Por qué no le pidieron un recibo? ¿Por qué Luis Alejandro, con su experiencia y ‘expertise’ no se le ocurrió pedirle al abogado, oiga fírmeme aquí como que me está entregando las armas?”, insistió.

Además, el letrado aseguró que Cameron Gordon siempre se mantuvo a las afueras de la residencia “con el contingente de agentes que allí estaban”.

La vista se caracterizó por varios turnos de argumentación por parte de los abogados de defensa. Y es que la plantilla original de abogados de Jensen estuvo acompañada por otros cinco letrados. Quienes litigaron en sala en defensa de Cameron Gordon fueron Pablo Colón Santiago y Ramón Nevares Andino.

La línea de argumentación de la defensa se enfocó en resaltar que Cameron Gordon “solo cooperó con las autoridades” durante el proceso de la incautación de armas como parte de su “responsabilidad de asistir a su cliente en todo momento como debe ser”, según Nevares Andino.

Mientas, la alocución del Ministerio Público se fundamentó en las declaraciones del agente investigador Alejandro Velázquez quien, según se escuchó en sala, dijo que fue Cameron Gordon quien le señaló en todo momento e identificó en dónde estaban las armas.

Violaciones éticas y fundamentos de derecho

Los cinco cánones éticos que el Ministerio Público establece que violentó Cameron Gordon son: litigios injustificados, defender el interés del cliente, lealtad al cliente, abogado como testigo y preservación del honor y dignidad de la profesión.

El canon que genera mayor controversia es el de un abogado como testigo de un caso contra su cliente. Este incurre en una falta de ética por violar el acuerdo de confidencialidad abogado-cliente. El abogado, incluso, podría perder su título de concretarse esa falta.

Entre la documentación que tiene la jueza ante su consideración se encuentra un subpoena que le pidió la Policía al Departamento de Transportación y Obras Públicas con información deMedina Cardona, las tres órdenes de allanamiento para ocupar las armas en su residencia, y las transcripciones de la vista de aumento de fianza de donde la defensa fundamentó sus argumentos.

Mientras, las declaraciones juradas que tiene la jueza ante su consideración son de los agentes Luis Alejandro Velázquez y Orlando Fred.

La jueza informó que dará a conocer su decisión “lo más pronto posible” dado la necesidad por resolver la controversia con rapidez y así continuar con la evaluación de otra serie de mociones que no se pueden dilucidar hasta tanto se complete esta etapa.

La controversia entre mociones presentadas por la defensa y el Ministerio Público obligó a atrasar el inicio del juicio contra Medina Cardona para febrero del 2020.

Supresión de evidencia

De otro lado, en una vista de estatus de conferencia, la jueza Carilyn Díaz Rivera fijó para el próximo lunes, 23 de diciembre la vista de supresión de identificación y para el 26 de diciembre la vista de supresión de incautación de armas. Ambas fechas están condicionadas a la decisión de la vista de descalificación.


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