Isoel Sánchez y Chrystal Robles eran empleados del Capitolio. (GFR Media)

Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez fueron sentenciados hoy, martes, a 10 meses y cuatro meses de prisión, respectivamente, luego de que se declararon culpables de conspirar para cometer fraude en el caso por contrataciones fantasmas en el Capitolio.

Luego de esa condena, ambos deberán cumplir, además, tres años de libertad supervisada. Tanto Sánchez Santiago como Robles Báez enfrentaban 18 cargos cada uno, pero tras el acuerdo con el Ministerio Público se redujeron a uno por cada acusado. Asimismo, el juez Francisco Besosa ordenó una restitución de $13,650 cada uno.

“Estar en la cárcel un día tiene unas consecuencias serias en el carácter de una persona. Esto no es un delito que amerita una cárcel, por lo menos en el caso de ella”, afirmó Melanie Carrillo, abogada de Robles Báez. Carrillo adelantó que radicará una moción de reconsideración para solicitar que la condena se cambie a una prisión domiciliaria.

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Los detalles más importantes del caso:

1. ¿Cuánto tiempo deben de pasar en la cárcel? Isoel Sánchez Santiago deberá cumplir 10 meses tras las rejas y Chrystal Robles Báez cuatro meses.

2. ¿Enfrentarán libertad supervisada? Sí, será por tres años.

3. ¿Cuánto dinero deberán restituir al Estado? $13,650

4. Finalmente, ¿cuántos cargos enfrentaron? Luego de un acuerdo con el Ministerio Público, se redujo la cantidad de 18 cargos a solo uno.

5. ¿De qué los acusaron? Enfrentarán cárcel por tener contratos en el Capitolio, y no rendir los servicios que dijeron que iban a ofrecer.

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“La cárcel tiene unos efectos bien serios en el ser humano, yo creo que una persona que entra a una cárcel jamás va a ser la misma persona que sale y eso no se puede tomar livianamente”, manifestó en declaraciones a la prensa, a su salida de la sala dos del Tribunal Federal en Hato Rey.

Luego de esa condena, ambos deberán cumplir tres años de libertad supervisada.

En la vista de sentencia, salió a relucir un memorandum radicado por el el abogado de Sánchez Santiago, Jason González, en el que se alegó que comentarios de personas en publicaciones en medios relacionadas al caso señalan al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como uno de los implicados no acusados por el esquema de empleados fantasmas. También dice que las publicaciones sugieren que la fiscalía federal no lo acusó por tratarse de un alto funcionario público.

“Lo que se dijo en la vista, que el juez de hecho fue el que leyó su parte del memorándum, es que el licenciado González dijo que la gente, el público, la gente de Puerto Rico, estánmolestos con el presidente (del Senado), no es que lo señala el licenciado González directamente, él lo que dice es que la gente lo señala directamente, no el licenciado Gonzalez, eso es lo que se acaba de decir en la vista”, sostuvo la abogada Gabriela Cintrón Colón, en declaraciones a El Nuevo Día.

“El licenciado González dijo que la gente, el público de Puerto Rico, ha expresado en los medios, en Facebook, en Twiter, en un montón de plataformas y redes sociales, que la gente está señalando al presidente como de los que está involucrados en esto”, manifestó. El memorándum fue radicado por ladefensa de Sánchez Santiago como parte de los argumentos para solicitarle a la Corte que la sentencia fuera una de libertad supervisada, sin pena en prisión.

“En general, los memorándum son para exponerle al juez las razones por las cuales uno está pidiendo las sentencia que pide”, explicó Cintrón Colón.

Sobre los argumentos de González en el memorandum, el fiscal Timothy Henwood a cargo del caso afirmó en sala que “no vamos a comentar sobre ninguna investigación, simplemente no tenemos comentarios”.

Previo a que el juez leyera parte del documento, la defensa se opuso a que el contenido se hiciera público. “Quiero que mi objeción quede en récord, por la seguridad de mi cliente”.

Besosa defendió que el contenido fuera público y sostuvo que lo señalado en el memorándum era una “declaración seria, extremadamente seria, quizás no debió haberse escrito”. Aunque el juez leyó un extracto en sala, el documento continúa sellado en el expediente del caso.

Durante la vista también se discutió una violación por parte de Sánchez Santiago a sus condiciones de libertad bajo fianza, mientras esperaba a ser sentenciado. De acuerdo a lo discutido en sala, el implicado se acercó a uno de los testigos que había declarado ante el Gran Jurado que lo acusó en el caso.

González argumentó que los fiscales nunca le informaron sobre quiénes eran los testigos que hablaron ante el Gran Jurado. No obstante, el fiscal Henwood puso en duda que la parte acusada no supiera que la persona era un testigo, debido a que en el descubrimiento de pruebas la Fiscalía entregó al acusado un listado con los nombres.

La violación fue informada por la Oficina de Libertad Condicional al Tribunal el 27 de enero, pero se trata de un documento sellado, por lo que los detalles no se conocían hasta hoy.

En su intento por lograr una sentencia de probatoria, González también hizo referencia a otros individuos alegadamente involucrados en el esquema, sin mencionar nombres, a lo que el juez respondió: “No me importa si son los únicos o no. Ellos son los únicos frente a la Corte”, en referencia al proceso judicial en cuestión.

Asimismo, la defensa de Sánchez Santiago argumentó que su cliente había cooperado con las autoridades federales. El fiscal Henwood aceptó que el sentenciado sía había cooperado. Sin embargo, afirmó que esa cooperación no alcanzó la clasificación de “asistencia sustancial”.

“Quizás el acusado tuvo miedo de hablar de ciertos individuos”, dijo el fiscal a cargo del caso.

Chrystal muestra arrepentimiento: “Lo que sucedió no me define, pero me cambió”

Durante su alocución, la sentenciada Robles Báez aseguró estar arrepentida de los hechos por los cuales aceptó culpabilidad y fue sentenciada hoy, un día que describió como una “pesadilla”. “Lo que sucedió no me define, pero me cambió”, afirmó.

“Me provoca mucha tristeza y vergüenza ante usted (juez Besosa), mi familia y Puerto Rico”, afirmó la mujer de 29 años, en referencia a lo ocurrido. “No voy a minimizar lo que ocurrió”, manifestó, añadiendo que quería resaltar su arrepentimiento. “Uno pasa por el proceso de hasta cuestionar la calidad de persona que uno es”. Luego, se dirigió a Sánchez Santiago.

“A Isoel, te quiero decir que te amo y esto fue una experiencia que nos unió más como pareja”, expresó en sala. “Aún nos faltan proyectos por realizar, y con Dios por dejarte siempre”. Luego se escuchar su sentencia, Robles Sánchez se fundió en un abrazo con Sánchez Santiago.

La evidencia que la fiscalía habría presentando en un juicio

Como parte de la evidencia que la Fiscalía habría presentado en sala si el caso hubiera llegado a la etapa de juicio contra los dos acusados, se sostuvo que tanto Sánchez Santiago como Robles Báez realizaron campaña a favor de figuras políticas previo a las elecciones generales de 2016 y que posterior a las elecciones, el 1ro de enero de 2017, Sánchez Santiago incorporó la empresa International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG). El mismo día, Robles Báez incorporó la compañía Global Instant Consulting Group, Inc. (GICG).

Luego de incorporar la empresa, Robles Báez firmó un contrato bajo su nombre con el Senado de Puerto Rico en capacidad de “coordinadora intergubernamental” por una suma de hasta $3,000 mensuales. La acusada firmó un segundo contrato el 17 de julio de 2017, aumento la cifra mensual a $3,500.

La acusada facturó por servicios profesionales que nunca brindó, según la acusación, indicando falsamente que durante esos días había asistido personalmente a la Oficina de Asuntos Gubernamentales de Senado. Además, utilizó nombres e información de personas sin contar con su consentimiento, para representar falsamente que les habría brindado servicios.

Las facturas de Robles Báez eran presuntamente aprobadas por Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, quien también fue acusado. Para cometer el presunto fraude, habría utilizado “la asistencia y servicios” de Sánchez Santiago.

Este último, además, firmó un contrato como consultor con la Cámara de Representantes, el 1ro de marzo de 2017, por la suma de hasta $14,500 mensuales. El contrato lo hizo utilizando la empresa ILGCG, incorporada por él. Asimismo, firmó un segundo contrato el 12 de julio de 2017, pero la suma de hasta $15,000 mensuales.

En el caso de Figueroa Cruz, se declaró culpable en octubre de 2019 y su vista de sentencia está pautada para el mes de marzo de 2020.


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