El secretario de Hacienda, Fracisco Parés. (GFR Media)

El juez Superior Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar una demanda radicada por la Cámara de Representantes contra el Departamento de Hacienda, en que retaba la constitucionalidad de una orden administrativa firmada por su secretario, Francisco Parés Alicea.

En la demanda, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio "Tony" Soto, solicitaban un injuction preliminar, permanente y sentencia declaratoria contra Parés Alicea obligándolo a que acate el texto de la Ley 60-2019.

La Ley 60-2019 obliga a compañías de telecomunicaciones y de seguros a confeccionar los documentos conocidos como Declaraciones Informativas que recogen los gastos incurridos por personas que trabajan por su cuenta y dueños de pequeñas y medianas empresas y así reclamarlos en las planillas. El nuevo estatuto les fijaba a las empresas que reciben estos pagos el 28 de febrero como fecha límite el envío de los documentos a sus clientes.

Cuevas Ramos sostuvo en su fallo que no tenía ante sí la interpretación de un texto ambiguo en el que la agencia administrativa, en este caso Hacienda, tenía el espacio para interpretar.

“Se ordena (en la Ley 60-2019) claramente que sean las entidades dedicadas a proveer servicios de telecomunicaciones, servicios de acceso a internet o servicios de televisión por cable o satélite en Puerto Rico o que reciba pagos por anuncios o primas de seguro las que vendrán obligadas a rendir una declaración informativa anual”, dijo Cuevas Ramos al sostener que Hacienda, que levantó como argumento que buscaba evitar “la confusión de los contribuyentes", no podía usar una excusa para “apropiarse de los poderes que la Constitución de Puerto Rico, al igual que la de Estados Unidos establecen claramente que existe una separación de poderes…”.

“El Departamento de Hacienda no tiene la capacidad ni el poder de enmendar la Ley 60 mediante una Determinación Administrativa”, finalizó el juez.

Previo a la aprobación de la Ley 60-2019, los ciudadanos tenían que preparar las Declaraciones Informativas con la información que mantuvieran en sus expedientes personales.

Soto recalcó en una conferencia de prensa reciente que, en septiembre del año pasado, Parés Alicea, preparó lo que se conoce como un Boletín Informativo recordándoles a las empresas afectadas la aprobación de la ley y notificando que se había creado un formulario para que estas entidades reportaran los gastos al Departamento de Hacienda. Pero, en diciembre el secretario firmó una Determinación Administrativa aplazando la entrada en vigor de la Ley 60-2019 por un año, obligando a los consumidores a preparar sus propias Declaraciones Informativas.

A juicio del representante penepé, Parés Alicea básicamente se abrogó la facultad de enmendar una ley debidamente aprobada, por lo que sus acciones deberían ser declaradas nulas por el tribunal.

“El secretario decidió cambiar las reglas de juego o la legislación desde su oficina”, dijo Soto en la conferencia de prensa. al defender la Ley 60-2019.

Soto insistió que estas compañías ya cuentan con toda la información de sus clientes para realizar estos documentos y sostuvo que, tras la firma de la Determinación Administrativa del 9 de diciembre, desde la Cámara se le advirtió a Parés que no estaba cumpliendo con la ley y no hizo caso.

El recurso legal contra el secretario de Hacienda fue presentado el 16 de enero. De hecho, Soto había anunciado que así lo haría, con la anuencia de Méndez, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez vetara el Proyecto de la Cámara 2172, conocido como el de Enmienda Técnicas a la Reforma Contributiva.

Entre otras cosas, esa medida aplazaba la entrada en vigor de la Ley 60-2019 por un año, ante señalamientos de compañías de seguros y de telecomunicaciones de que se les hacía cuesta arriba cumplir con la fecha límite del 28 de febrero del 2020.


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