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El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurzt. (GFR Media/Archivo)

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo para detener la implementación de una ordenanza que permite el establecimiento de un programa de manejo y procesamiento de material de reciclaje y venta de bolsas plásticas.

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También se demandó a Consolidated Waste Managers, Corp. y a Consolidated Waste Services, LCC.

Según el documento, el recurso legal se presentó al amparo de la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

“El demandante solicita que el interdicto permanente prohíba la transacción tal y como está estructurada”, lee la demanda.

Se solicitó, además, una orden provisional de restricción y prohibición mediante la cual inmediatamente se les prohíba a las partes demandadas “poner en efecto o consumar cualquier transacción o contrato mediante el cual se monopolice el mercado del recogido de basura y el mercado de las bolsas plásticas de basura al obligar a los ciudadanos a adquirir bolsas plásticas anaranjadas especializadas”.

La legislatura municipal de Cabo Rojo aprobó el pasado 5 de abril una ordenanza que establece el programa de manejo y procesamiento de material de reciclaje, además de la venta de dichas bolsas.  El contrato de servicios con la compañía demandada se firmó el 10 de abril.

El municipio estableció el programa “Iniciativa Naranja”, que, según descrito en la demanda de Justicia, “consta de que los desperdicios no reciclables (basura) se depositan en bolsas plásticas especializadas de color anaranjados”. Las bolsas tendrían el escudo de Cabo Rojo y el nombre y el logo de la empresa.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó Wanda Vázquez, secretaria de Justicia. 


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