La jueza Liza Fernández (semisquare-x3)
La jueza Liza Fernández. (GFR Media)

La jueza superior Liza Fernández confirmó hoy, jueves, que renunció a su posición en la Judicatura, la que dejará a inicios del próximo año, y adelantó que impulsará cambios al Código Penal una vez esté fuera de los tribunales. 

Fernández, quien es esposa del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, dejará su carrera judicial de seis años para dedicarse a su familia, a la abogacía y a su función de primera dama, confirmó en una entrevista exclusiva con El Nuevo Día

La exrepresentante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) fue nombrada jueza en 2012 por el exgobernador Luis Fortuño luego de ser derrotada en las elecciones generales de ese año. 

Desde que Fernández juramentó a su cargo, estuvo destacada en la Región Judicial de Arecibo. 

“Tengo sentimientos encontrados porque me encanta, me gusta mucho mi trabajo de juez. Pero, por otro lado, siento alegría porque voy a poder tener más tiempo para estar con mis hijas, porque voy a poder ayudar a mi esposo en su faena como alcalde de Guaynabo”, indicó la jueza, quien actualmente preside una sala criminal. 

Fernández indicó que la renuncia, que será efectiva el 15 de enero, responde al bienestar de sus dos hijas, una de 10 años y otra de 11, así como a su deseo de poner en marcha diversos proyectos sociales en el Municipio de Guaynabo. 

La jueza reconoció que desde la Judicatura existen limitaciones para poder ejercer a cabalidad la función de primera dama. 

Sin embargo, dijo que ha buscado la forma de ayudar a su esposo, quien llegó al ayuntamiento en agosto de 2017 luego que el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill dejó el puesto en medio de denuncias e investigaciones sobre acoso sexual y laboral.

“Hay unas limitaciones porque en todo lo que es político yo no puedo estar. En asunto a su función como alcalde yo me he cuidado mucho, por mi función judicial, en participar de actividades que tengan alguna intención política”, sostuvo. 

Fernández señaló que como primera dama impulsará el desarrollo de una escuela para estudiantes con autismo, así como otras iniciativas dirigidas a la población con necesidades especiales.

“La cantidad de niños con autismo va en aumento y, aunque quizá de pequeños hay bastantes servicios, pero también quisiera poder ayudar, dar herramientas para ya cuando vamos creciendo poder encaminar y llevar una vida más independiente e integrada”, expresó.

No obstante, retomará la práctica privada de la abogacía y reconoció sentirse “con nerviosismo” ante esa nueva etapa.

“Estoy dejando un salario fijo y estable para como uno diría, para ver cómo me va afuera y eso siempre crea un poquito de nervios, pero confío en ese Dios todopoderoso que me va a ir bien”, estableció. 

Impulsará cambios

Fernández también adelantó que aprovechará su salida de la Judicatura para impulsar cambios en el Código Penal, ya que, según ella, las recientes enmiendas a la ley han producido escollos en los tribunales. 

“Me he dado cuenta de que hace falta enmendar muchas leyes. En algún momento ahora cuando salga, me voy a llevar quizás la preocupación a algún compañero legislador porque sí hay incompatibilidades”, describió. 

Resaltó que, por ejemplo, la Regla 240 de procedimiento criminal, que establece que no puedes procesar a una persona que no entiende el proceso criminal que atraviesa, crea actualmente problemas al momento de resolver los casos. 

Asimismo, dijo que como en los últimos 20 años el Código Penal ha sido enmendado en múltiples ocasiones, hay penas diferentes en delitos de similar naturaleza. 

Por otro lado, Fernández descartó que vaya a regresar a la vida política, pero no rechazó que pueda regresar a la Judicatura. 

“En cuanto a la rama judicial yo no cierro la puerta, no puedo ser tan categórica porque me ha gustado muchísimo y por lo que me dicen y uno sabe cómo trabaja, siento y sé que hago muy bien mi trabajo”, afirmó. 

Reflexiona sobre su paso por la corte

El nombramiento de Fernández como jueza despertó un intenso debate en el país, ya que diversos sectores consideraban que se trataba de un favor político del gobierno saliente de Fortuño. 

Asimismo, la posterior confirmación de la jueza en el Senado causó malestar entre un grupo de letrados del país por esta impulsar desde la Legislatura la descolegiación compulsoria de los abogados. 

Sobre este último asunto, Fernández mencionó que “eventualmente el tiempo me ha dado la razón”.  

“Tuve varios abogados que no querían que yo fuera para allá (el tribunal), que no me querían, que estaban prejuiciados conmigo. Pero que una vez me fueron conociendo en las distintas salas tienen que reconocer que se equivocaron e hice una buena función”, acotó. 

De igual manera, indicó que “el haber tenido esa calle política” le brindó herramientas importantes para desempeñarse en el tribunal. 

Fernández también rechazó que su afiliación política haya interferido en alguna de sus decisiones judiciales. 

“Muchas personas pensabanque se me ibaa ser difícil separar mi vida política de mi función judicial, pero te puedo garantizar que no vas a encontrar nunca una sola persona que diga que Liza Fernández decidió un caso por la afiliación política de otro”, defendió. 

Asimismo, contó que el mayor reto dentro de su carrera como jueza fue manejar la opinión pública y tomar una decisión correcta en derecho “cuando todo el mundo ha pasado juicio sobre un asunto o persona”. 

Fernández lamentó que la imagen de la rama judicial se considere lacerada por la actuación de diversos jueces que han puesto en entredicho su credibilidad. 

En noviembre una jueza encontró causa para arresto por 19 cargos contra el exjuez del Centro Judicial de Aguadilla Rafael Ramos Sáenz relacionado con comunicaciones que presuntamente realizó en horas de trabajo. 

Este caso se suma al del exjuez Manuel Acevedo, quien fue encontrado culpable en 2015 a nivel federal por cargos de corrupción judicial. 

“Es un poco justo que se piense que el sistema está lacerado, porque yo creo que la rama judicial hoy por hoy es la rama que se ha podido mantener con menos escándalos y menos situaciones ilegales”, opinó.


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