Juan Dalmau (izq.) y Denis Márquez (der.) sometieron el recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. (Ramón “Tonito” Zayas)

El senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón sometieron hoy, sábado, un recurso de interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced en busca de que la corte decrete como "inconstitucional" la Orden Ejecutiva 2020-036.

La Orden Ejecutiva, firmada por Vázquez Garce el pasado miércoles, otorgó inmunidad a los hospitales privados, las facilidades médicas y el personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de ser positivos a la enfermedad COVID-19 u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.

La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia ya sea porque han atendido pacientes positivos de COVID-19 o pacientes con otras condiciones. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.

La demanda, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia, solicita a la corte que decrete afirmativamente que la adopción de la Orden Ejecutiva firmada por Vázquez Garced "configuró una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionalmente delegados a la Rama Ejecutiva".

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Además, Dalmau Ramírez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, y Márquez Lebron, su contraparte en la Cámara baja, solicitaron que se concluya que la adopción de la Orden Ejecutiva "implica el ejercicio de prerrogativas legislativas y que, por tanto, procede su decreto de nulidad por contravenir al principio constitucional de separación de poderes".

Ambos legisladores solicitaron la aplicación de una orden de cese y desista a cualquier esfuerzo de producir la observancia y ejecucción de la Orden Ejecutiva y que la corte "emita cualquier otro dictamen que, de conformidad con las normas que son de aplicación, estime procedentes".

El abogado de Dalmau Ramírez y Márquez Lebrón, Adrián González Costa, resaltó en el documento legal que las reclamaciones judiciales por impericia médica están cubiertas bajo leyes existentes, como el Artículo 1802 del Código Civil, y la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley 104 de 1955), por lo que la Orden Ejecutiva 2020-036 "constituye una enmienda al ordenamiento vigente en Puerto Rico sobre reclamaciones de impericia médica realizada fuera del cause legislativo y, por lo tanto, en exceso de las facultades del Poder Ejecutivo".


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