Edgardo Arlequín Vélez. (GFR Media)

El Tribunal Supremo, en una sentencia publicada hoy, martes, aclaró que cuando un servidor público utiliza los deberes y facultades de su cargo para proporcionarse el beneficio ilegal de un favor sexual no consentido, no solo incurre en el delito de acoso sexual, también infringe la Ley de Ética Gubernamental.

Con su determinación, el Supremo restituyó el fallo de culpabilidad contra el exalcalde Guayanilla Edgardo Arlequín Vélez, por la infracción al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental, por el que fue encontrado culpable en 2015 y revocado en 2017 por el Tribunal de Apelaciones.

La restitución del fallo de culpabilidad no significa que el exalcalde, quien goza del privilegio de clemencia ejecutiva, vaya a prisión.

La sentencia, además de aclarar dudas sobre la interpretación de ese artículo de la Ley de Ética, en la práctica, lo que hace es mantener ese delito en el récord penal de Arlequín Vélez, con el efecto de que se mantengan las condiciones que le impuso el exgobernador Alejandro García Padilla cuando lo indultó en 2016.

Como no hubo una conmutación de la sentencia, cualquier violación de Arlequín Vélez a las condiciones del indulto podría conllevar su encarcelamiento.

El Artículo 4.2(b) establece que un servidor público “no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

La sentencia señala que el Supremo consideró “que el Artículo 4.2(b) no es ambiguo y brinda una notificación razonable sobre la conducta que se prohíbe, pues mediante el sentido común se puede entender que existe un beneficio personal e ilegal en aquellos casos donde un funcionario público- en este caso un alcalde-, utiliza los deberes y facultades de su puesto con el fin de proporcionarse un beneficio ilegal, tal como lo es un favor sexual no consentido, al acosar sexualmente a otra persona”.

Si ese beneficio que señala ese articulado de la Ley podía ser de tipo sexual o si se refería aun provecho únicamente tangible fue objeto de controversia judicial en este caso de Arlequín Vélez y más recientemente en el proceso contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.

Por la fecha en que ocurrieron los hechos, el caso de O'Neill aplica la Ley de Ética Gubernamental anterior a la aprobada en 2012 y en la de Arlequín Vélez se utiliza la ley vigente.

El argumento del exalcalde de Guayanilla es que el mencionado artículo era inconstitucional por su vaguedad en el concepto "beneficio" y el de O'Neill es que la anterior Ley de Ética no permitía interpretar el acoso sexual como un "beneficio" en tanto no era uno tangible.

El año pasado al exlíder novoprogresista de Guaynabo se le desestimó un cargo por violación a la Ley de Ética cuando la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón entendió que un favor sexual no está contemplado dentro del beneficio al que se refiere la Ley de Ética Gubernamental.

En ese momento, el fiscal Guillermo Garau resolvió su contrato con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por diferencias irreconciliables con el Panel.

Aunque Garau no indicó cuáles eran esas diferencias, en ese entonces El Nuevo Día supo que se establecieron cuando el Panel no quiso apoyarlo en su determinación de apelar esa determinación judicial que benefició a O’Neill.

Precisamente fue Garau quien llevó las apelaciones en el caso del exalcalde de Guayanilla. En el caso de O'Neill, el fiscal señalaba que las definiciones de "beneficio" contenidas en el Código Penal eran aplicables a la vieja Ley de Ética. La sentencia del Supremo, aunque refiriéndose a la Ley de Ética de 2012, hace esa relación.

No obstante, a juicio de la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, por tratarse de leyes distintas, la opinión del Supremo no aplicaría en el caso desestimado a O'Neill relacionado a la violación ética. Sin embargo, la exjuez sostuvo que sí puede incidir en un recurso de reconsideración que tienen la Oficina del FEI ante el Supremo respecto a la prescripción de uno de los delitos imputados a O'Neill.

El Tribunal de Apelaciones entendió que el delito de acoso sexual, de una de las dos presuntas víctimas del exalcalde, no caía dentro de los delitos de corrupción que no tienen prescripción. El FEI entiende que sí fue un acto de corrupción porque el acto supuestamente cometido se dio en la oficina del alcalde, ante una llamada de él a su subordinada y que, evidentemente, estaba en el ejercicio de su poder frente a su empleada, quien, además, estaba en esos momentos solicitando asistencia municipal para obtener una vivienda.

Cotto Vives interpreta que la sentencia del Supremo establece que hay una relación entre el acto sexual no deseado y la acción de corrupción al cometerse el presunto acto en el ejercicio de las funciones del exalcalde.

En el caso de Arlequín Vélez, el Supremo concluye que “quedó establecida su intención criminal y antiética”.

En su sentencia, el Tribunal Supremo señala que, al revocar el fallo, el Tribunal de Apelaciones erró al descartar la deferencia debida a la apreciación de la prueba realizada por el TPI que escuchó y dio credibilidad a la prueba desfilada en este caso, incluyendo el testimonio de la víctima, quien era una empleada municipal.

“La prueba que obra en el expediente y el derecho aplicable sostiene en su totalidad la convicción y sentencia impuesta al exalcalde”, indica la sentencia que no tuvo opiniones disidentes.

La violación ética por la que fue convicto el exalcalde popular es de modalidad grave, en cambio, el acoso sexual por el que también fue hallado culpable es de naturaleza menos grave.


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