TKC Intermediate Holdings y Trinity Services Inc. presentaron un recurso de apelación en mayo ante el tribunal. (GFR Media)

El Tribunal Apelativo de Puerto Rico revocó la resolución de la Junta de Reconsideración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en una decisión relacionada a un contrato de $300 millones para el servicio de alimentos, lavandería y comisarías en las cárceles.

“La actuación de la Junta no es cónsona con la política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores, ausente de presiones externas”, expresó el tribunal, por voz de los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Grace Grana Martínez y Roberto Sánchez Ramos.  

Esta es una de las subastas investigadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como parte de sus pesquisas de corrupción pública en Puerto Rico, según publicaciones de prensa.   

La compañía Trinity Services alegó que el DCR escogió a un proveedor que le costaba $70 millones anuales adicionales al erario, algo que la agencia refutó al igual que Empresas Santana, la compañía agraciada.

Con esta decisión, el foro apelativo revocó la resolución en la que la Junta de Reconsideración confirmó la adjudicación de una subasta a Carolina Catering Corporation. Además, le dio la razón a  TKC Intermediate Holdings y su subsidiaria Trinity Services cuando clamaron que había ocurrido intervención indebida de funcionarios del DCR.

TKC y Trinity apelaron la decisión en mayo, luego que la Junta de Reconsideración del DCR denegó la reconsideración.  

El tribunal basó su determinación en unos correos electrónicos donde se evidenció que el presidente de la junta, Alberto Carranza Amador, consultó su decisión con el secretario asociado del DCR, Eduardo Rivera Juanate. La compañía recurrente alegó que el secretario asociado instruyó a la junta a denegar la reconsideración, algo contrario a reglamento.  

“Saludos, remito la sentencia en asunto. Además, el licenciado Rivera Juanate nos solicita que presentemos especial atención a las páginas 13 y 14 donde se resuelven a favor dos planteamientos que trae Trinity en la solicitud de reconsideración en evaluación”, lee el correo electrónico enviado por Carranza Amador a los miembros de la junta.

El panel de jueces coincidió con que el Reglamento de la Junta de Reconsideración “prohíbe expresamente que empleados del Gobierno de Puerto Rico suministren información sobre cualquier recurso de reconsideración, intervengan con los documentos o actúen indebidamente de cualquier otra forma”.

“La Junta no siguió su reglamentación al aceptar evidencia provista de forma ex parte por un funcionario del Departamento de Corrección”, estableció la sentencia.

La subasta para este contrato enfrentó alegadas irregularidades desde principios de 2018, cuando también participaron en las reuniones de licitadores dos de los exmiembros de la administración de Pedro Rosselló González, entre ellos un donante importante de Ricardo Rosselló Nevares. Se trata, respectivamente, del exadministrador de Corrección Johnny Colón González y de quien fuera el gerente de alimentos durante ese periodo, José Murati Sepúlveda.

Las compañías en las cuales estos participaban decidieron retirarse del proceso, quedándose únicamente como licitadores Carolina Catering Corporation y Trinity Services.

Mientras, en expresiones escritas enviadas a los medios, Carolina Catering acogió con beneplácito la determinación del Tribunal de Apelaciones. 

“Nosotros hemos cotizado conforme a los requerimientos del RFP 17-005 del Departamento de Corrección y Rehabilitación, contrario a la compañía Trinity que se apartó de los términos de la solicitud de propuestas. Pero más importante aún, nuestra cotización está fundamentada en nuestra responsabilidad social ante el pueblo puertorriqueño de servir bien, sana y adecuadamente a la población de confinados del país y que merecen ser alimentados con dignidad”, señaló el presidente de Carolina Catering, José A. Algarín.

Erik Rolón, secretario del DCR, opinó que la sentencia no denota actos de corrupción, sino una consulta que “se salió del marco regulatorio”. Asimismo, confió que la Junta de Reconsideración pueda atender nuevamente el asunto y lo resuelva cuanto antes.

A preguntas de si entendía que Carranza Amador se debía abstener, contestó que “es algo que vamos a estar evaluando”. “Me tengo que sentar a analizar en detalle lo que pidió el apelativo, a ver si denota algún tipo de falta en contra de lo que todos queremos que son procesos transparentes”, reaccionó.  De su lectura inicial, dijo, no se señala actuación “más allá de lo razonable”.

En su defensa de los procesos administrativos del DCR, Rolón señaló: “Parece que (el presidente) tuvo alguna duda en términos de alguna controversia y recurrió al secretario asociado quizás por su profesión legal. Ahí es cuando el secretario asociado le remite a una sentencia del apelativo que resolvía controversias similares”.

Agregó que él como secretario no intervino, y lamentó que la agencia lleve más de un año intentando completar esta subasta, que fue impugnada en los tribunales en mayo de 2019.  Indicó que la Junta de Supervisión Fiscal aún no ha aprobado el contrato, en espera de que los tribunales resuelvan.

Por su parte, Carolina Catering le dio la bienvenida a la decisión del Apelativo de devolver a la Junta de Reconsideración la solicitud de reconsideración, pues defendió en declaraciones escritas: “No tenemos duda de que nuestra propuesta es muy superior a la de Trinity”.

La empresa agregó que el DCR concluyó que su propuesta “es superior en término de los alimentos, el valor calórico, el sistema de temperatura, y los suplidores”, además de dar prioridad a productos locales.  

Trinity alegó que el DCR escogió la empresa que cobraba 60 centavos más por plato.


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