La secretaria de Justicia solicitó ante el Tribunal de Apelaciones la paralización de una vista por desacato contra la agencia. (GFR Media)

Justo cuando el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, comenzaba a examinar el incumplimiento del gobierno con la entrega de un informe sobre el manejo de los suministros de emergencia en un almacén en Ponce, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución paralizando el proceso en corte.

Este desenlace ocurrió luego que el Departamento de Justicia y su secretaria Dennise Longo Quiñones, solicitaran a última hora una revisión del fallo que le ordenaba a la agencia entregarle el documento a la Cámara de Representantes, ente que investiga el manejo de los suministros de emergencia tras el terremoto registrado en enero.

“Evaluadas las alegaciones de la solicitud urgente, y a la luz de la inminente celebración de una vista de desacato civil, este Tribunal decreta la paralización de los procedimientos llevados a cabo ante el Tribunal de Primera Instancia”, sostiene la resolución emitida por los jueces Luisa Colom García, Misael Ramos Torres y Giselle Romero García.

“Esta orden de paralización, incluye, pero no se limita a la vista de desacato civil citada para hoy, 28 de febrero de 2020 a las 2:00 p.m.”.

El Tribunal concedió a las partes hasta las 5:00 p.m. del miércoles 4 de marzo para presentar los argumentos que tengan sobre los pedidos de Justicia ante el Tribunal de Apelaciones.

Longo Quiñones se ha negado a entregar el documento que fue encomendado al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para verificar el funcionamiento de un almacén en Ponce que estaba repleto de suministros de emergencia en momentos en que se solicitaba ayuda para los refugiados por los terremotos.

En esencia, Justicia alega que el documento, al que ha hecho públicamente referencia la gobernadora y el exsecretario de Seguridad Pública Elmer Román, es de carácter confidencial porque lo consideran parte de una investigación en curso. La Cámara de Representantes, sin embargo, afirma que la resistencia del Departamento en la entrega del documento viola los derechos constitucionales de los legisladores, como ente supervisor y fiscalizador de la Rama Ejecutiva del gobierno.

Desde su llegada a Justicia, Longo Quiñones ha adoptado posturas restringiendo el acceso a la información sobre los trabajos que lleva a cabo su agencia sin importar el interés público que exista sobre el tema que esté en controversia.


💬Ver 0 comentarios