Salud ordenó 100,000 pruebas Nova Test. (AP / John Raoux)

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó hoy la demanda de interdicto preliminar y sentencia declaratoria que presentó la empresa 313 LLC contra el Departamento de Salud por entender que no existe un daño irreparable ni se estableció la inminencia de un daño claro y real.

Según Cuevas Ramos, la compañía puertorriqueña debe presentar su caso judicial mediante un proceso ordinario y no mediante el remedio extraordinario de interdicto preliminar.

313 LLC acudió al Tribunal con el fin de que le ordenara al Departamento de Salud recibir 51,000 pruebas serológicas marca Nova Test para detectar el coronavirus que la agencia gubernamental le compró a la compañía en marzo y que, ahora solo está dispuesto a recibir si hay una reducción en el precio de las pruebas que fueron pagadas a $36 cada una.

Además, en su demanda la compañía alegó que con su acción Salud producía un daño irreparable porque las pruebas perderían su uso.

Cuevas Ramos determinó en su sentencia que no procedía ni la sentencia declaratoria ni el interdicto preliminar.

“El obligar al Departamento de Salud a recibir las pruebas de manera preliminar le daría fin a la controversia que reclama 313 que existe entre las partes”, dice la sentencia del juez superior de San Juan. “313 no puede aprovecharse del mecanismo interdictal para evitar la posible renegociación de un contrato. Para eso existen los remedios de equidad. No perdamos la perspectiva que, al final y a la postre, de lo que estamos hablando es de fondos públicos, dicho de otro modo, el dinero del pueblo”, añade la sentencia.

Además, denegó la sentencia declaratoria porque “313 LLC no ha demostrado sufrir un daño claro y palpable” sino que sus “alegaciones se basan en meras conjeturas sobre daños especulativos”.

Las pruebas ya fueron cobradas en su totalidad luego de Salud emitió un pago adelantado para una orden de compra de 100,000 pruebas marca Nova Test a un costo total de $3.6 millones. No obstante, las pruebas no fueron entregadas en la fecha acordada, 6 de abril, y Salud sostiene que, ante ese incumplimiento, no está obligada a recibirlas.

Mientras que 313 LLC sostiene que la tardanza se debió a los problemas en el transporte que ha generado la pandemia a través del mundo y que, por tanto, no es una acción atribuible a la empresa. Además, argumenta que el contrato no disponía de ninguna penalidad por retraso en la entrega y que el precio acordado fue negociado voluntariamente entre la compañía y la agencia.

Una investigación de El Nuevo Día reveló que las pruebas rápidas Nova Test son vendidas en China y Estados Unidos por $2.95 en compras hechas directamente al fabricante que es Atlas Link, con sede en Beijing. El gobierno de Puerto Rico las compró a 313 LLC, quien hizo las compras a través de la empresa mexicana Zogen Génetica Molecular, que sirvió como intermediario, según ha dicho la empresa local.

Salud pagó por esas pruebas a $45 en una primera orden de 1,500 pruebas rápidas que le hizo a 313 LLC. Luego hizo un segundo pedido de 100,000 pruebas a $36 cada una. Los $67,500 de la primera orden y los $3.6 millones de la segunda fueron pagados por adelantado por la agencia.

Una acción poco común en las transacciones gubernamentales y contrario a lo establecido en la orden de compra de que, habría un primer pago adelantado correspondiente al 60% de las pruebas y un segundo pago, con el restante 40%, al momento de su recibo.

313 LLC asegura en la demanda que el 13 de abril entregó al Departamento de Salud 49,000 pruebas de esa orden de 100,000 y también 600 pruebas que les falta por entregar de la primera orden de 1,500 pruebas.

Las 51,000 pruebas que aún faltan por entregar a Salud llegaron a Puerto Rico la madrugada del 18 de abril y están disponibles para su entrega desde el 21 de abril, después de pasar por la Oficina de Aduana y de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).


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