El Tribunal Federal de Quiebras en San Juan paralizó hoy el embargo de las cuentas bancarias de las autoridades católicas en Puerto Rico hasta que se atienda su apelación en Boston.
La Iglesia católica en Puerto Rico enfrenta una orden de embargo por $4.7 millones impuesta por un tribunal estatal, tras la demanda de maestros de colegios católicos que reclaman el pago de sus pensiones.
Esa orden de embargo había estado en suspenso desde que la Arquidiócesis de San Juan solicitó acogerse a la quiebra en la corte federal en San Juan.
Pero, el mes pasado, ese tribunal desestimó la solicitud por incumplimiento con los requisitos del Código de Quiebras, por lo que las autoridades católicas volvieron a quedar expuestas al embargo.
Así que la Arquidiócesis acudió al Panel Apelativo de Quiebras (BPA, por sus siglas en inglés) del Primer Circuito de Boston para revocar la desestimación y pidieron al tribunal federal en San Juan que paralizara cualquier embargo hasta que se decida la apelación.
En su opinión, el juez federal de quiebra, Edward Godoy, indicó que para su decisión acogió los planteamientos del vicario judicial de la Arquidiócesis, Jorge Sáenz, y su analista de reestructuración, Doris Borroso.
Borroso indicó que para febrero el balance agregado de la Arquidiócesis de San Juan, y las diócesis de Caguas y Fajardo-Humacao sumaba $9.8 millones.
Señaló que, de ese total, el 90% eran fondos de 198 parroquias y ocho escuelas católicas, por lo que de entrar en efecto el embargo esas entidades se afectarían negativamente, incluyendo provocar que “muchos estudiantes cambien de escuelas”, así como la nómina para empleados y programas benéficos.
Asimismo, el juez encontró que maestros demandantes no se afectarían por la espera de la apelación debido a que su propio abogado informó al tribunal que la orden de embargo no se podría ejecutar por el momento, “por razones no relacionadas a este caso de quiebra”, las cuales no detalló en su opinión.
“De todas formas, el tribunal encuentra que cualquier daño a los demandantes del tribunal estatal al emitir una paralización se puede minimizar con una orden de detente con una confección ajustada”, indicó Godoy.
El juez también planteó que la paralización responde al “mejor interés público”.
“Además del impacto que pueda tener la congelación de las cuentas bancarias en el deudor y la comunidad mencionada antes, el caso toca asuntos de la Primera Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos), y el tribunal prefiere tratar esta área con cuidado”, afirmó.
En una acción legal separada, las autoridades católicas en Puerto Rico todavía esperan por saber si el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogerá una solicitud de certiorari para revocar una decisión del Supremo estatal, que estableció que todas las diócesis son parte de la misma entidad incorporada ante el gobierno y, por lo tanto, todas tienen que responder por la demanda de los maestros.
Este choca con el derecho canónico, que establece que todas las diócesis son independientes y que cada una responde directamente a El Vaticano, por lo que solamente la Arquidiócesis de San Juan sería la única sujeta a la demanda.
