La Arquidiocésis de San Juan se acogió a la quiebra en agosto de 2018 (semisquare-x3)
La Arquidiocésis de San Juan se acogió a la quiebra en agosto de 2018. (GFR Media)

El juez federal Edward Godoy desestimó hoy la protección de la quiebra solicitada por la Arquidiócesis de San Juan.

Godoy acogió el reclamo de los abogados de los maestros de colegios católicos, que habían demandado a la Arquidiócesis de San Juan, argumentando que no se había cumplido con el proceso de quiebra.

Las Arquidiócesis de San Juan de inmediato anunció que hoy mismo radicó un recurso ante el Panel de Apelaciones de Quiebra en Boston.

La denuncia de los demandantes se fundamentó en que los tribunales han establecido que todas las diócesis de Puerto Rico tienen que responder por la demanda porque son parte de una sola “Iglesia Católica Romana y Apostólica”, que es la única que tiene personalidad jurídica en la Isla.

Pero las diócesis de Ponce y Mayagüez no sometieron su información - contrario a otras tres diócesis - defendiendo su independencia bajo el derecho canónico.

Godoy resaltó que la falta de entregar esos documentos constituye una “causa” para desestimación y que seis meses después de radicada la petición de quiebra, no hay indicio de que se vaya a subsanar, mientras que los acreedores tienen que tener que conocer cuáles son todos los activos del deudor.

“Finalmente, la negación ha condenado este caso de quiebra”, expresó Godoy. “No hay evidencia presentada, ni a través de las declaraciones de los testigos ni de otro tipo, que la falla en proveer el descubrimiento requerido ‘se curará en un tiempo razonable’”.

Agregó que “el deudor ni si quiera ha podido proveer cualquier garantía que el descubrimiento vendrá en la eventualidad de que una petición de certiorari sea denegado el Tribunal Supremo de Estados Unidos”.

“El deudor está dividido contra sí mismo. Y, como advierte la Biblia, ‘si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer’, apuntó el juez, citando a Marcos 3:25. 

Reacciona la iglesia

Por su parte, la licenciada Carmen Conde, quien representa a la Arquidiócesis en el Tribunal de Quiebra, lamentó la decisión del tribunal y expresó que el resultado a favor de 184 demandantes será “en detrimento” de 3,000 beneficiarios que ahora tendrán que esperar en lo que se dirimen los múltiples pleitos en las cortes locales antes de ver el resultado del litigio.

“Muchas veces ganando, se pierde.  El grupo de 184 demandantes, de los cuales solo 61 son pensionados, ganaron una batalla, pero han perdido la querra. El tiempo que tomará este litigio en los tribunales estatales luego que se terminen todas las apelaciones que están en curso hoy, es en detrimento de ellos mismos”, sostuvo Conde en declaraciones escritas.

“Perdieron la oportunidad de salir de este pelito ya que la Arquidiócesis les había presentado planes viables para resolver la situación en poco tiempo y de la mejor buena fe posible,” agregó.

Según Conde,los beneficiarios del plan de pensiones tienen derecho a una distribución mucho menor a lo que la Arquidiócesis les había ofrecido durante el proceso de la quiebra.

“Muchos desconocían que el plan de pensiones garantiza que se provean sólo cinco años de beneficios, lo cual muchos de ellos ya han recibido, por lo que no les corresponde compensación adicional, lo cual es una disposición menos favorable que la que les había ofrecido la Arquidiócesis mediante la quiebra”, añadió.

Estará por verse ahora qué sucederá con las ofertas que la Arquidiócesis había informado que había recibido para la venta de propiedades para cumplir con los acreedores, como el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar de San Idelfonso.

La Arquidiócesis radicó la apelación al fallo del juez Godoy en la tarde, mientras que sigue pendiente otra apelación relacionada a la demanda en el Circuito de Apelaciones.

También está pendiente la petición de cartiorari que sometió la Arquidiócesis de San Juan en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que busca revertir una decisión del Supremo de Puerto Rico, en cuanto a que la demanda de los maestros aplica a toda la “Iglesia Católica” en la Isla.

Pendientes los maestros

Mientras, el abogado de los maestros demandantes, Germán Brau, dijo que el Supremo de Estados Unidos tendría una conferencia este viernes sobre la apelación y que para la próxima semana podría producirse una expresión sobre si acogerán el caso o lo desestimarán.

Para que se entienda la magnitud del caso, la Iglesia le está pidiendo al Supremo de Estados Unidos que cambie el estado de derecho de 100 años. En un caso en el 1908, el Supremo de Estados Unidos resolvió que en Puerto Rico hay una sola Iglesia Católica con personalidad jurídica y que todas las diócesis son parte de ella”, dijo Brau.

“Por eso es que hemos prevalecido en los momentos más importantes de este caso que ya lleva dos años, como ahora en el tribunal de quiebra. Ya está resuelto que en Puerto Rico hay una sola Iglesia Católica”, abundó.

Aunque admitió sorprenderse con la determinación de Godoy, pues se había preparado para un remedio menor, Brau dijo no estar extrañado por la decisión porque se alinea con las resoluciones emitidas por otros tribunales desde que comenzó la demanda.

“Trataron a la iglesia como cualquier hijo de vecino. Si el Supremo federal decide ver el caso, señalaría  más adelante una vista argumentativa que podría tener lugar en cualquier momento durante el próximo año a año y medio, estimó Brau.

Ante es escenario, el abogado anticipó que esperará al menos una semana antes de acudir a los tribunales estatales para comenzar a reactivar el caso, queestaba detenido desde agosto de 2018, cuando surgió la petición de quiebra.

“No vamos a dejar de hablar con la Iglesia. Han habido conversaciones. No descartamos que se pueda llegar a un resultado negociado”, dijo Brau.

“Si no se puede, seguimos litigando para que los empleados cobren”, afirmó. “Esta decisión deja la puerta abierta para que vuelvan a embargar”.

Brau se refería a la orden de embargo por $4.7 millones que había emitido un tribunal estatal contra la Arquidiócesis de San Juan y que aplicaba a las demás diócesis de Puerto Rico.

El licenciado dijo que se llegaron a embargar $600,000 de la Arquidiócesis de San Juan, pero que faltaron otros fondos que no fueron consignados y que ahora son objeto de otra demanda que ahora regresa al tribunal estatal.

“El embargo era por $4.7 millones, pero el Banco Popular solamente consignó $600,000. El banco tenía fondos suficientes para cubrir los $4.7 millones, pero no los consignó porque eran de otras diócesis. Con la quiebra ese dinero se liberó y ahora no sabemos si se podrá recuperar ese dinero. Por eso estamos demandando al banco”, acotó.


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