Uno de los animales que vendían eran los búhos de orejas cortas (Asio flammeus).
Uno de los animales que vendían eran los búhos de orejas cortas (Asio flammeus). (Shutterstock)

Un gran jurado federal acusó a tres hombres de conspirar para participar en el comercio ilícito de aves migratorias y fueron arrestados ayer por agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre junto a miembros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Uno de los imputados fue identificado como Carlos Flores Ríos, quien tiene un cargo de conspiración, cinco cargos por vender, ofrecer para vender y canjear aves migratorias; y un cargo por tráfico de vida silvestre. El ave que intentaba vender era búhos de orejas cortas.

Otro de los acusados es Edgardo Marín Candelario, quien enfrenta un cargo de conspiración y un cargo por tráfico de vida silvestre. Vendió dos búhos chicos, especificó la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

El tercer imputado es Misael Cruz Rivera, quien enfrenta un cargo por vender, ofrecer vender e intercambiar aves migratorias, específicamente un cernícalo americano, otro tipo de ave.

Según la acusación federal, estas personas retenían a los animales en viviendas temporales en lo que lograban venderlas. Las aves las ofrecían a través de grupos de chat privados en Internet.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de prisión de cinco años y una multa máxima de $250,000 por la conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias y cada cargo de la Ley Lacey; y hasta dos años de prisión y una multa máxima de hasta $250,000.00 por cada cargo de la Ley de Aves Migratorias.

La fiscal federal adjunta Carmen M. Márquez Marín está a cargo del procesamiento del caso.

“El tráfico ilegal de aves migratorias representa una seria amenaza para nuestros ecosistemas”, resaltó el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

El funcionario destacó que su oficina continuará procesando a todo aquel que participe en la venta ilegal de vida silvestre protegida.

Por su parte, el secretario del DRNA, Rafael Marchargo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no promueva este tipo de práctica.

“Los vendedores y posibles compradores de estos animales saben que las Autoridades Federales junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizan investigaciones sobre la posesión y venta de estas especies. Es ilegal, representan una amenaza para la flora y fauna de Puerto Rico y lo que es más preocupante, incluso podrían representar un peligro para la vida de las personas”, afirmó.