Ante la resolución del conflicto que interrumpió, esta semana, los servicios a estudiantes de Educación Especial en el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), la jueza superior María Cabrera Torres canceló una vista que buscaba dar seguimiento este viernes al caso de Rosa Lydia Vélez en torno a la alegada falta de asignación de fondos, por parte del Departamento de Educación (DE), para atender esa población.

La determinación de la jueza Cabrera Torres, sin embargo, generó malestar entre padres y madres de estos alumnos, y grupos que velan por sus derechos, que argumentaron que la audiencia judicial no se limitaba a discutir la disputa contractual entre el IMEI y la agencia.

El IMEI reanudó el jueves sus servicios educativos y terapias para los estudiantes de Educación Especial luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló una enmienda en el contrato que el DE mantiene con la institución académica, mediante la cual se le asignarán casi $3 millones adicionales por los servicios brindados el pasado año fiscal a estos alumnos.

“Esta vista no solamente se trataba del pago o no pago de IMEI, se trataba de la cantidad increíble de miles de padres que el Departamento les adeuda el rembolso por servicios que ellos pagan en instituciones privadas de su bolsillo”, denunció la presidenta del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, Carmen Warren González, quien también subrayó que, en la institución, se vieron afectados 220 estudiantes.

Warren González destacó que hay múltiples instituciones alrededor del país que no han denunciado el incumplimiento del DE, pero están en la misma situación que estuvo el IMEI de falta de pagos por parte de la agencia.

“No es responsabilidad de la Junta (de Supervisión Fiscal). El Departamento pide tarde las autorizaciones para esos desembolsos”, aseveró.

De igual forma, sostuvo, a las afueras del tribunal, que la JSF, el síndico federal designado para el DE, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) “entorpecen los procesos del cumplimiento” para que los estudiantes de Educación Especial reciban los servicios, al señalar que los cuatro entes son responsables por autorizar los desembolsos de dinero en el DE.

“Los niños reciben daños, en todo momento, cuando no reciben servicios educativos adecuados, cuando no reciben los alimentos que necesitan, no reciben los servicios de terapia. Un estudiante que no recibe un servicio educativo o no recibe terapia tiene regresión y retroceso en todo lo que ha logrado, ha aprendido y ha adelantado”, señaló Warren González.

Anabel Rivera Torres, madre de un joven con síndrome de Down que se encuentra en su último año de escuela superior, calificó el proceso de solicitud de servicios como “un calvario”.

“Nosotros, los padres de Educación Especial, empezamos desde cero a conocer y a enfrentarnos a un monstruo. Yo he tenido que aprender a tocar las puertas que no me corresponden para lograr conseguir algo”, puntualizó Rivera Torres.