Keishla Pérez Bigio está libre bajo fianza, mientras que William Avilés salió de prisión bajo restricciones ante un recurso de hábeas corpus. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
Keishla Pérez Bigio está libre bajo fianza, mientras que William Avilés salió de prisión bajo restricciones ante un recurso de hábeas corpus. (Gerald López Cepero)

El juicio por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero se llevará a cabo el próximo año después de que la defensa de los acusados solicitara hoy 30 días para evaluar la prueba recibida por la fiscalía.

Ante la jueza Nerisvel Guzmán, los cuatro abogados de Keishla Pérez Bigio y William Avilés indicaron esta mañana que el descubrimiento de prueba era tan extenso que necesitarán varias semanas para completar el análisis de la evidencia.

Ambos acusados enfrentarán juicio por jurado por los cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. Por este caso se declaró culpable Luis González Martínez, quien confesó haber sido la persona que disparó contra Padilla Marrero.

“La situación que tenemos es que la documentación es demasiado extensa, al extremo de que estamos hablando de miles de documentos”, sostuvo el licenciado Edwin Castro, abogado de Avilés.

Explicó que ya comenzaron la evaluación, distribuyendo la documentación entre los distintos abogados del caso, pues Bigio cuenta con tres representantes legales, pero que aún así no tendrán tiempo suficiente para estar listos para comenzar juicio.

En sala se mencionó que una gran cantidad de documentos responden a evidencia obtenida de llamadas o contactos telefónicos de los implicados en el caso.

En relación a esa evidencia, las fiscales Lizette Sánchez Vázquez y Jessica Correa González informaron que sometieron una moción para testigos adicionales.

Fuera de sala no fueron específicas, pero indicaron que la lista de testigos es de más de 20 personas. Los abogados de Avilés y Pérez Bigio indicaron que por el momento no podían adelantar cuántos testigos de la defensa se presentarían.

“Va a ser un juicio bien extenso”, dijo Sánchez Vázquez.

Las partes también están pendientes a cómo resolverá otra jueza la moción de desestimación de los cargos de tentativa de asesinato, que se relacionan con la presencia de las hijas de Padilla Romero en el vehículo al momento del ataque a tiros.

Castro reiteró que González Martínez declaró en su confesión que desconocía la presencia de ambas menores.

“El cargo de tentativa de asesinato requiere intención y él dijo que no sabía que ellas estaban allí”, comentó Castro.

Padilla Romero fue baleada en la tarde del 30 de septiembre del año pasado mientras conducía una guagua Honda Pilot, color negra, donde también estaban las dos hijas de la empresaria, ambas menores de edad y quienes no resultaron con heridas físicas en el atentado.

Las autoridades alegan que Pérez Bigio contrató para el crimen a Avilés González y a Luis González Martínez, quien confesó los hechos y se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía.

Según el testimonio de González Martínez, Pérez Bigio lo había contactado al menos un mes antes del asesinato, indicándole que necesitaba que “le hiciera una vuelta… que (Padilla Romero) le estaba haciendo la vida imposible a ella y a sus hijos” y que “no podía tener trabajo con su papá”.

Durante la vista preliminar se alegó que Pérez Bigio y Padilla Romero habían tenido problemas por razones económicas.

Padilla Romero trabajaba en la empresa de construcción de su esposo, Juan Pérez Colón, padre de Pérez Bigio.

González Martínez declaró en la sala del tribunal que por el asesinato de Padilla Romero recibió un pago de $1,500, de los cuales unos $750 los gastó en ropa, un celular y para comprar sustancias controladas.

Dijo que el dinero restante lo usó para pagarle a Avilés González por manejar el vehículo desde el que le dispararon a la víctima.