La fiscal Janet Parra habla sobre el nuevo proceso judicial contra el acusado por el asesinato de Carmen Paredes.

Bayamón - El nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes, no iniciará, al menos, hasta el próximo año 2022 debido a que el tribunal de Apelaciones no ha resuelto la disputa por un delito menos grave contra el exconvicto y por la alteración a los trabajos en los tribunales a raíz de la pandemia del COVID-19.

Así lo adelantaron hoy, jueves, la fiscal del caso Janet Parra y el abogado de defensa, Harry Padilla, tras salir de una vista de conferencia - citada por la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán - en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón para conocer el estado de los procedimientos entre ambas partes.

“No creo que el juicio comience este año. El abogado de defensa está trabajando una apelación en el tribunal apelativo. Se le dio el espacio para que pueda presentar un alegato que aún el tribunal apelativo no le ha ordenado entregar”, indicó Parra a su salida de la sala 504.

Las partes acudirán, nuevamente, al tribunal de Bayamón el próximo 13 de mayo para una nueva vista de estatus sobre los procedimientos.

Cuestionado sobre qué implica el proceso en el tribunal Apelativo, Padilla explicó que se trata de la resolución de una controversia por la culpabilidad que se le encontró a Casellas Toro en un delito menos grave.

“El proceso apelativo, luego de que tú apelas, hay unas etapas para perfeccionar en lo que se llama el recurso, para que el tribunal pueda resolver. Por ejemplo, tú tienes que presentar la apelación, luego la lista de testigos, luego la transcripción de la prueba y, entonces, vienen después los alegatos. Ahora mismo en la etapa que están es que se presentaron la prueba”, resaltó el abogado.

Abundó en que cada presentación de un alegado y su posterior apelación conlleva un período de 30 días para ambas partes, estipulado por el reglamento judicial.

“En los próximos días o semanas vendrá una resolución del tribunal aprobando el haber recibido la transcripción de la prueba. Son mas de mil páginas. Una vez que el tribunal la apruebe empiezan a cursar 30 días para yo radicar alegato, luego vienen 30 días más para que el procurador general replique a su alegato y entonces el caso queda sometido”, detalló Padilla.

Ante eso, tanto la defensa como el Ministerio Público reconocen que el nuevo juicio no se podría iniciar este año, aunque sí están de acuerdo para dar comienzo con el escogido del jurado.

“Nuestra petición es que luego de que se entregue ese alegato, se programe una fecha para comenzar a desinsacular el jurado”, acotó Parra.

El abogado de defensa afirmó que no tiene reparos a tales efectos.

No obstante, las medidas contra contagios de COVID-19, que estableció la Administración de Tribunales, alteraron el proceso para citar y escoger jurados, por lo que esa etapa de los procedimientos podría tardar más de un año.

“La vez anterior nos tardamos un año en escoger el jurado y podíamos tener en sala 20 a 25 candidatos a jurado y ahora solamente podemos tener de cinco a seis personas”, resaltó la fiscal.

Parra añadió, a su vez, que la prueba que desfilará durante el nuevo juicio no se cambiará y que confía en que el resultado sea el mismo que en el juicio anterior: culpable en todos los delitos contra Pablo Casellas.

“Aquí se le hizo justicia a Carmen Paredes. Aquí un jurado encontró culpable a Pablo Casellas. Este caso está en nuevo juicio porque el tribunal supremo determinó que debía ser por unanimidad. Pero aquí nunca se ha cuestionado el valor de la prueba que se pasó y nunca se ha cuestionado que el veredicto haya sido tomando en cuenta una prueba no creíble”, exclamó la fiscal a preguntas de El Nuevo Día.

Casellas Toro enfrentará un nuevo juicio tras haber quedado en libertad luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó en abril del año pasado que todos los veredictos en delitos graves debían determinarse de forma unánime. Inicialmente, un jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, lo encontró culpable y enfrentaba una pena de 109 años en prisión. La decisión fue de 11-1.

Tras la decisión, la defensa solicitó la anulación del veredicto, lo que fue acogido por el Tribunal de Apelaciones, foro que más tarde ordenó la celebración de un nuevo juicio por todos los cargos graves, excepto el delito menos grave que aún está ante su consideración.

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