Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

La fiscalía federal tiene hasta el 15 de enero para responder a la moción. (GFR Media)
La fiscalía federal tiene hasta el 15 de enero para responder a la moción. (GFR Media)

El 2020 inicia con la mirada puesta en el caso por corrupción  contra la exsecretaria de Educación (DE) Julia Keleher.

Ante el juez federal Pedro Delgado está pendiente una moción presentada por la defensa de la exfuncionaria para cambiar la sede donde se llevará a cabo el proceso judicial, y si acoge la petición, sería la primera vez, en tiempos recientes, que un caso, cuyos alegados hechos ocurrieron en Puerto Rico, es trasladado a otro lugar.

La fiscalía federal tiene hasta el 15 de enero para responder a la moción, que implicaría que los acusados no sean juzgados por residentes en la isla, y que el juicio se lleve a cabo en otra corte de distrito en Estados Unidos. 

A mi mejor recuerdo, nunca antes ha ocurrido un cambio (de sede en la isla)”, afirmó el historiador y periodista Antonio Quiñones Calderón, autor del libro “Corrupción e impunidad en Puerto Rico”.

En la moción, los abogados María Domínguez y Javier Micheo sostienen que Keleher es hoy una de las figuras más despreciadas en la historia de Puerto Rico y aluden a las multitudinarias manifestaciones del verano del 2019, que comenzaron apenas días después del arresto de la extitular de Educación.

“Keleher se convirtió en el rostro de las protestas y el desdén colectivo por una clase política corrupta. La atención se centró injusta e injustificadamente en Keleher. Hoy, este odio continúa sin cesar”, argumentan los abogados.

Ese prejuicio es tal que, según la petición, el tribunal sería incapaz de encontrar en la isla un jurado imparcial que evalúe el caso.

“El cambio de ‘venue’ (lugar) o el traslado ciertamente es una opción, pero típicamente los tribunales no han estado muy receptivos a conceder dicha opción”, indicó Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

La primera consideración son los costos que implica el traslado del caso, abundó. “No meramente el traslado de los fiscales, sino los testigos, la evidencia, es decir, implica un montón de consideraciones administrativas que son muy onerosas para el Estado”, dijo a modo de ejemplo.

El siguiente factor de peso, añadió, se basa en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho del acusado a un juicio justo, pero también que la persona acusada será juzgada por un jurado imparcial del distrito y estado en que ocurrieron  los presuntos hechos.

Cuando una persona es acusada en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, “tus pares son los que están en Puerto Rico, no los que están en Florida ni en Nueva York”, acotó Fontanet.

El resto de los acusados en el caso, entre ellos la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud  Ángela Ávila, el expresidente de BDO Puerto Rico Fernando Scherrer, y el exsubcontratista y asesor Alberto Velázquez Piñol, se unieron a la moción. El juicio está pautado para el 4 de mayo.

Un gran jurado federal los acusó por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

El caso precedente

Según el exjuez federal José Fusté, el estándar en cuanto a la petición de cambio de sede en Puerto Rico lo estableció el caso del Cerro Maravilla, en el que 10 oficiales de la Policía fueron acusados y condenados a nivel federal por perjurio y obstrucción a la justicia en 1985.

La acusación de un gran jurado surgió luego que el Senado condujera una histórica investigación y vistas públicas televisadas que capturaron la atención del país, con relación a la emboscada y el asesinato de dos jóvenes independentistas a manos de agentes de la Policía, en el Cerro Maravilla en Villalba. La cobertura mediática sobre ese caso se extendió desde que ocurrieron los hechos, en 1978, hasta 1984.

“No quedó en Puerto Rico persona que no supiera el más mínimo detalle de todo lo que se alegaba y se decía (sobre el Cerro Maravilla)”, relató el exjuez.

La parte acusada pidió, entonces, retrasar el juicio, al menos, hasta después de las elecciones de 1984, bajo el argumento de publicidad negativa e inflamatoria. La jueza federal Carmen Consuelo Cerezo concedió la moción, pero negó un segundo intento de la defensa a inicios de 1985.

Cuando los acusados apelaron esa determinación, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston reconoció el alcance publicitario de los sucesos, “de seriedad inusual”, pero mantuvo la determinación de Cerezo y validó los procesos del tribunal en la isla para garantizar un juicio justo.

La doctrina del caso del Cerro Maravilla ha sido el precedente que se ha utilizado en peticiones posteriores de cambio de sede, como en el caso de la masacre de La Tómbola, en 2013, ante el propio Fusté.

Otras vías posibles

Existen otras medidas para garantizar un juicio justo, como el voir dire, un examen de carácter científico durante la entrevista a los potenciales jurados. Se trata de un proceso exhaustivo, explicó el exjuez del Tribunal de Apelaciones Hiram Sánchez, que incluye aumentar la cantidad de oportunidades que tienen las partes   de retirar un potencial jurado cuando su imparcialidad se pone en duda. Otra alternativa sería aplazar el juicio.

“La teoría de retrasar la fecha del juicio es hacer que se vaya perdiendo un poco la memoria de los detalles del caso a las personas que van a servir de jurado”, advirtió Sánchez.

Además, una vez inicia el juicio, el tribunal puede ordenar el secuestro del jurado “para evitar que se contamine con las noticias de prensa, radio y televisión”. Otra opción es importar un jurado o un juez de otro distrito.

“Creo que es obvio que la señora Keleher no cuenta con mucha empatía en Puerto Rico y, en ese sentido, uno tiene que reconocer que el planteamiento que hacen los abogados es muy meritorio”, dijo Fontanet.

Para la profesora Lourdes Lugo-Ortiz, catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, los derechos de libertad de prensa y expresión, versus el derecho a un juicio justo e imparcial, “se tienen que salvaguardar para los ciudadanos y ninguno puede estar encima del otro”.

Sin embargo, la prensa tiene el deber profesional y ético de ser leal a los derechos de los ciudadanos, como fundamento de la profesión, explicó Lugo Ortiz.

Los medios de comunicación tienen igualmente la responsabilidad de ser precisos y de ser justos en el modo en que se están cubriendo a las personas porque toda persona que se acusa de un delito se presume inocente hasta que se pruebe todo lo contrario, y nosotros como prensa tenemos que ser conscientes de eso”, puntualizó.