El tribunal federal le fijó una fianza de $10,000 “asegurados” al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, tras ser arrestado esta mañana por cargos de corrupción presentados en su contra por un gran jurado federal.

Pérez compareció en la vista inicial ante el magistrado Bruce J. McGiverin mediante videoconferencia.

Estuvo representado por el abogado Osvaldo Carlo. Mientras, por el Ministerio Público estuvo Scott H. Anderson.

Antes de la vista, la fiscalía federal había sometido una petición de que el tribunal le fije una fianza de $50,000 “asegurados”, señalando que el acusado tiene los recursos para pagar la cantidad. “Asegurado” quiere decir que el acusado tiene que pagar el monto y no prestarlo a través de su firma.

Mientras, la Oficina de Probatoria recomendó que la fianza sea de $10,000 “no asegurados”. El abogado defendió la recomendación de la oficina de Probatoria y argumentó que no es un riesgo a la comunidad ni de fuga.

“No es un crimen violento. No tiene historial criminal. Sus contactos son con la comunidad local. Sus hijos y familiares residen en Puerto Rico, así que no es un riesgo de fuga”, planteó Carlo.

El magistrado, entonces, fijó la fianza de $10,000 “asegurados” y tiene diez días para pagarlos. La vista de lectura de acusación será el próximo 23 de diciembre.

Un gran jurado federal acusó con tres cargos federales a Pérez Otero, quien también es presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. El caso fue asignado a la jueza federal Aida Delgado.

Los cargos lo acusan de conspirar, de sobornos y extorsión. Los cargos conllevan un máximo de cinco años, diez años y 20 años de prisión, respectivamente.

Según el pliego acusatorio, la conspiración de Pérez comenzó a finales del año 2019 y se extendió hasta mayo de 2021. Durante ese tiempo, recibió pagos por $5,000 “de forma regular”.

“El propósito de la conspiración era para que el acusado Pérez Otero se beneficiara y se enriqueciera al aceptar sobornos y comisiones ilegales del Individuo A a cambio de asegurar contratos municipales con la Compañía A al presentarse las oportunidades”, indica una moción de la fiscalía federal.

El pliego acusatorio no indica cuál fue la compañía o el individuo, pero El Nuevo Día supo que los arrestos de hoy están relacionados con la divulgación pública ayer del acuerdo de culpabilidad del empresario Oscar Santamaría.

Santamaría tuvo contratos con Guaynabo a través de la empresa Island Builders por $2,396,751.

Antes de la vista de Pérez, se llevó a cabo la audiencia inicial del ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez, quien también fue arrestado por el FBI esta madrugada, pero en su residencia en Carolina.

Un gran jurado federal lo acusó de sobornos, comisiones ilegales y extorsión, en un esquema similar al de Pérez, según la acusación que alega que la conspiración de extorsión duró desde julio de 2017 hasta julio de este año.

Benítez estuvo representado por el abogado Michael Corona Muñoz, quien informó al tribunal que se cliente hace alegación de “no culpable en cada uno de los cargos”. El caso fue asignado al juez federal Pedro Delgado.

La fiscalía federal también solicitó $50,000 “asegurados”, pero la Oficina de Probatoria recomendó $10,000 “no asegurados”.

El abogado indicó que no es una amenaza a la comunidad ni de fuga, mientras que la fiscalía argumentó que por el dinero recibido, puede pagar el total.

El magistrado fijó una fianza de $10,000 asegurados.