Reinaldo López Arroyo fue imputado luego de que su esposa lo denunció por, presuntamente, mantener un patrón de maltrato físico y emocional.
Reinaldo López Arroyo fue imputado luego de que su esposa lo denunció por, presuntamente, mantener un patrón de maltrato físico y emocional. (Suministrada)

La Fiscalía de Fajardo afirmó esta tarde que continuará con la vista en alzada por delitos de violencia de género y maltrato de un menor contra el pastor Reinaldo López Arroyo, pese a aseveraciones vertidas ayer por la víctima en las que comunicó que desistía de continuar el proceso.

A través de la portavoz del Departamento de Justicia, Joan Hernández, el Ministerio Público reiteró que la determinación de procesar o no un caso no recae sobre la víctima de ninguna pesquisa criminal, mucho menos en aquellas vinculadas a violencia de género o agresión sexual conyugal, como es el caso en cuestión.

“El caso no se suspende. El estado tiene un deber de procesar los casos y velar la justicia de las víctimas y del bienestar social”, aseguró Hernández, al tiempo en que reiteró que el caso está actualmente en una vista preliminar en alzada, lo que plantea el interés de la fiscalía en lograr una convicción.

De acuerdo con la portavoz, a su salida del Tribunal de Fajardo durante el día de ayer, martes, la denunciante, presuntamente, expresó que no quería continuar con el proceso. La comparecencia al centro judicial era para continuar con la vista en alzada, pero no se llevó a cabo debido a que el abogado de defensa, Ricardo Prieto García, estaba indispuesto de salud. La continuación del proceso quedó pautada para los días 22, 23 y 24 de febrero.

López Arroyo, quien es pastor del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Ekklesia en Fajardo, fue denunciado por su esposa en una querella del 7 de noviembre de 2021, en la que alegó al Negociado de la Policía que fue objeto de un patrón de abuso físico y psicológico que comenzó en diciembre de 2020.

De acuerdo con la querella, la mujer relató que López Arroyo la agarraba por el pelo y los brazos, y que fue objeto de abuso sexual conyugal.

En concreto, contra López Arroyo, de 25 años, pesan cargos por violación a los siguientes artículos: 3.5 (agresión sexual conyugal), 3.4 (restricción a la libertad) y 3.1 (maltrato) de Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y maltrato de menores, ya que los sucesos alegados ocurrieron en presencia de la hija de la querellante.

La organización en la que el imputado pastorea está afiliada a la iglesia La Senda Antigua, de la pastora Wanda Rolón, quien figura como testigo de defensa en este caso.

El caso es procesado por la fiscal Banessa Marcano Camis, mientras que la defensa del imputado está representada por el abogado Ricardo Prieto García.

“El control del proceso del caso es facultad del fiscal”

Enmarcada en la determinación de la Fiscalía de Fajardo, la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, Laura Hernández Gutiérrez, manifestó que este caso debe servir de ejemplo para erradicar la noción incorrecta en la sociedad de que “la última palabra en el procesamiento de casos de violencia de género la tienen las víctimas”.

En entrevista con El Nuevo Día, la fiscal condenó el hecho de que la discusión pública o el análisis social para casos de esta índole se circunscriba a una mera consideración de quién tiene la razón entre la víctima y el agresor, y urgió a potenciales testigos de casos de violencia de género a que “alcen su voz y cumplan con su responsabilidad social de denunciar estos actos”.

“Desde el año del 2002, como política pública del Departamento de Justicia, trabajamos los casos de violencia doméstica bajo el crisol de la investigación criminal si la víctima, a parte de ser víctima, también es testigo. Esa política pública establece de que independientemente de si una víctima tenga interés o no en el encausamiento del procesamiento criminal de su agresor, el estado tiene el deber de continuar con el procesamiento del caso”, formuló Hernández Gutiérrez vía telefónica.

Destacó que estudios en materia de casos criminales, a nivel mundial, estiman en más de un 80% la tasa de víctimas de violencia doméstica que se retractan de continuar con el procesamiento de un caso. Añadió que los mismos estudios resaltan que estas personas, además del peso de ser víctimas de una agresión, “cargan con el peso social, peso económico, aspectos sociales de lo que se espera de un matrimonio...y la relación afectiva-íntima con su agresor”.

“Tenemos que pensar que el ánimo de esa persona viene comprometido con esa relación que tiene con su agresor y esos lazos afectivos son bien fuertes, al igual que el rechazo que podría recibir de su familia, a veces, con una separación”, expuso la fiscal.

Hay casos donde un agresor es profesional, vive una vida en comunidad, pertenece a clubes sociales...y todo el mundo piensa que no es un agresor porque cumple con ciertos criterios sociales que provocan la estigma de los demás. Cuando una víctima denuncia un patrón de maltrato de x persona, lo primero que la gente dice es que no es posible, pero mire, esas cosas pasan”, agregó.

Al tiempo, mencionó que los casos de violencia de género envuelven la carga social que llevan consigo y las víctimas indirectas de la agresión: padres, madres, hijos, amigos, etc. Por ello, aconsejó a estas personas y a potenciales testigos a contactar confidencialmente a las autoridades no solo para denunciar cualquier patrón de violencia, sino, también, de auscultar los recursos disponibles para su seguridad física y emocional.

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Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.

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