Tala de árboles y palmas en Cerro Gordo. (Suministrada)

La jueza Sara Rosado Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, le ordenó al gobierno a entregar toda la documentación que el Estado entienda justifique la tala de sobre 1,000 árboles, palmas y otras plantas en el balneario Cerro Gordo de Vega Alta como parte de labores de remoción de supuesto material vegetal muerto asignago por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Las partes, además, acordaron en sala reunirse mañana, viernes, desde las 10:30 a.m., en el balneario para evaluar si la zona, que comprende 152 acres, es segura, luego de los trabajos realizados, como para permitir la reapertura para el público en general. Rosaro Morales fijó otra vista para el 26 de octubre, desde las 2:00 de la tarde, para atender otros asuntos que queden pendientes.

Los trabajos fueron paralizados en lo que se dilucida el caso en corte.

El alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago, y vecinos de Cerro Gordo demandaron al DRD y al DRNA y a sus titulares, Rafael Machargo Maldonado y Adriana Sánchez Parés, respectivamente, luego que dos compañías contratadas por las agencias talaron árboles, palmas y otras plantas saludables sin presentar evidencia alguna de que tenían permiso para llevar a cabo las labores.

El DRD y el DRNA entraron en un acuerdo colaborativo para, supuestamente, ejecutar un plan autorizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la identificación y remoción de material vegetal enfermo o muerto en los parques nacionales a consecuencia del paso de los huracanes Irma y María en el 2017.

El alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago, demandó a los titulares del DRD y del DRNA al conocer sobre la tala de árboles y palmas en Cerro Gordo.

“La jueza le concedió al gobierno hasta el mediodía del próximo miércoles (21 de octubre) para que finalmente produzcan toda la documentación que, según el Estado, les dio paso a realizar los trabajos en el área de Cerro Gordo. El tribunal ya les había concecido varias prórrogas y, al momento, no la han producido”, explicó el licenciado Humberto Berríos, uno de los abogados que representa al Municipio de Vega Alta y a los vecinos de Cerro Gordo en el pleito legal.

El letrado explicó que los informes de progreso que el contrato interagencial entre el DRD y el DRNA exige se preparen y entreguen cada 30 días no han sido mostrados, ni tampoco un plan de mitigación y reforestación que explique los pasos que las agencias tomarán para plantar árboles y plantas que restauren la vegetación de las zonas impactadas.

“La creación de ese plan también está estipulado en el contrato. Lo único que sabemos es que se cortaron árboles, pero no sabemos cual es el plan del gobierno para reforestar las áreas impactadas. Se supone que lo tuvieran (plan de reforestación) antes de comenzar los trabajos porque ya, de antemano, conocían cuántos árboles se iban a impactar. En cuanto a la cantidad de vegetación removida, lo único que tenemos es una admisión de la secretaria del DRD (Sánchez Parés) que cerca de 1,200 árboles fueron impactados como parte de las vistas que se celebraron ante la Cámara de Representantes”, añadió Berríos.

El abogado sostuvo que el equipo de abogados del Departamento de Justicia que representan al DRD y DRNA explicaron en sala que la demora en la entrega de la documentación se debe a errores humanos y al hecho de que tienen que evaluar una cantidad voluminosa de papeles.

Los abogados Antonio Almodóvar, Ashley Carrrillo y Lorna Rivera, del Departamento de Justicia, representan al DRD y al DRNA en el caso.

Las partes se reunirán mañana en el balneario

Mientras, Berríos y Pedro Ortiz Álvarez, otro de los abogados que representan al municipio y a los vecinos de Cerro Gordo, indicaron que acogieron una recomendación de Rosado Morales y las partes acordaron reunirse en el balneario para ascultar la posibilidad de restaurar el acceso del público.

Nos reuniremo los abogados y varios peritos para ver si es posible identificar áreas que puedan reabrirse. Al presente, el DRD colocó unas vayas y unos carteles indicando que el área estaba cerrada al público. Se le informó al Tribunal el interés del municipio de que los ciudadanos y los visitantes tengan acceso, pues la posición del municipio es que no hay riesgo porque los trabajos fueron paralizados”, sostuvo Berríos.

“Queremos ver a qué entendido podemos llegar para que las facilidades puedan ser utilizadas por los ciudadanos”, enfatizó el abogado.

Sánchez Parés dijo anteriormente que ante recomendaciones de FEMA y la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación (COR3), el DRNA y el DRD suscribieron un acuerdo de colaboración en el 2019 para transferir los trabajos de recogido y limpieza de escombros al DRD, incluyendo la tala de árboles que representaran un riesgo inminente a la ciudadanía.

Sánchez Parés abundó que, conforme al acuerdo interagencial con el DRNA, un arbolista certificado tenía que hacer una evaluación minuciosa del árbol y determinar su condición de salud, así como si representaba un riesgo a la vida o propiedad. Además, indicó que por cada árbol removido, el DRD sembraría dos más en zonas donde no representen un peligro.

El personal contratado inició los trabajos de remoción de material vegetativo en el balneario de Cerro Gordo el pasado 6 de junio, pero detuvieron las labores el 25 de septiembre tras las denuncias de vecinos de la zona.

“Hasta ese momento, se había completado el cien por ciento del trabajo en el área del balneario, el estacionamiento, y el área de acampar. Solo resta que se recoja el material ya podado. Cabe destacar que el balneario consta de 152 acres de terreno y las áreas que han sido impactadas por estos trabajos comprenden menos del 10 por ciento de su totalidad”, argumentó Sánchez Parés.

El DRD contaba con un presupuesto de $6 millones para limpiar y disponer de todo el material vegetativo. Al darse cuenta que la tarea era mayor, la agencia solicitó a FEMA un aumento de fondos. El 4 de abril aprobaron $8 millones adicionales. Luego, FEMA concedió en mayo 19 otros $17 millones en fondos.

El Nuevo Día solicitó una reacción de los abogados de Justicia que representan al DRD y al DRNA. La portavoz de prensa de la agencia, Brenda Quijano Arroyo, indicó mediante comunicación escrita que “la posición del Departamento de Justicia ante el caso de Cerro Gordo quedó expuesta en la moción presentada hoy en el tribunal”.