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La defensa del exrepresentante Nelson del Valle Colón y la fiscalía federal no llegaron a un acuerdo de confidencialidad para proteger información privada en el descubrimiento de prueba.
Así lo informó la fiscalía federal en una moción el pasado viernes, fecha límite fijada por la juez federal Silvia L. Carreño Coll para que entregan dicho acuerdo.
La jueza había advertido que si para ese momento no llegaban a un acuerdo de confidencialidad, emitiría una orden de protección que había solicitado la fiscalía federal originalmente.
En la audiencia del pasado jueves, nadie de los acusados tuvo objeciones a lo dispuesto por la juez.
Sin embargo, en la moción del viernes, el fiscal Scott Anderson informó al tribunal que ese día recibieron “confirmación de todos los acusados que no tenían objeción (con el acuerdo de confidencialidad), excepto Del Valle Colón, quien está insistiendo en añadir lenguaje a la orden de confidencialidad relacionado al material Brady, Giglio y Jenks”.
Estos tres nombres son términos que se refieren a evidencia de la fiscalía que usan los abogados porque usualmente benefician a sus clientes.
“El lenguaje que el acusado Del Valle Colón está solicitando es completamente innecesario porque la orden de confidencialidad/protección se relaciona con la producción inicial de descubrimiento de prueba sin tener que editarlo”, indicó Soctt en la moción, al proceso de tener que tachar información personal de acusados y terceros.
Las obligaciones con la potencial prueba exculpatoria “están encaminadas y no serán cubiertas por la orden de confidencialidad/protección porque ese material, si existe, se editará apropiadamente antes de su entrega, a menos que sea voluminoso, por lo que el Gobierno (fiscalía) solicitaría una orden separada”.
Según el expediente del caso, la defensa de exlegislador no ha reaccionado a la moción de la fiscalía.
Del Valle, de 56 años, enfrenta seis cargos por corrupción, según la acusación de un gran jurado federal.
Se expone hasta cinco años de prisión por el cargo de conspiración, diez años por el cargo de robo de fondos federales y soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones ilegales, 20 años por cada cargo de fraude y y hasta 20 por obstrucción a la justicia.
