El juez Juan R. Torruella.
El juez Juan R. Torruella. (ELNUEVODIA.COM)

Washington D. C.Juan Rafael Torruella del Valle, primer juez boricua en el Circuito de Apelaciones de Boston e incansable crítico de la situación colonial de Puerto Rico, falleció hoy a los 87 años, a causa de un infarto cardiaco masivo luego de complicaciones con su enfermedad de la diabetes.

“Es un día muy triste para la comunidad jurídica. Nuestros pensamientos y oraciones están con Judy Torruella y el resto de la familia del juez”, señaló Susan Goldberg, quien confirmó la partida del juez y está a cargo de la Oficina Ejecutiva del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Amarilis de Soto, quien fue oficial jurídico de Torruella durante los últimos seis años, indicó que el juez estaba hospitalizado desde la semana pasada por problemas en una pierna relacionados a la diabetes. “Estábamos esperanzados por cada día mejoraba y su ánimo estaba mejor”, dijo.

Pero, esta mañana, cerca de las 6:00 a.m., sufrió un infarto cardíaco masivo.

De Soto indicó que esta tarde, a las 4;30 p.m, habrá un acto de recordación en el Tribunal Federal de San Juan, y se colocarán las banderas a media asta tanto en la sede principal de Hato Rey como en el antiguo edificio del Viejo San Juan.

Torruella fue juez presidente del Primer Circuito de Apelaciones de Boston de 1994 a 2001, del cual formó parte durante 36 años. No solo fue el primer boricua en ese foro judicial, que revisa las apelaciones de casos del Tribunal Federal de San Juan, sino el único hispano.

Torruella se desempeñó primero como oficial jurídico del entonces juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Pedro Pimentel.

En 1974, el entonces presidente Gerald Ford lo nombró juez del Tribunal Federal de San Juan, el cual presidió entre el 1982 y el 1984, cuando fue ascendido, por Ronald Reagan, al Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston. Nunca dejó de tener oficina en el Viejo San Juan.

Como juez, Torruella - creyente en la estadidad para Puerto Rico-, encabezó decisiones recientes en la que insistió en la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en su carácter colonial.

También fue parte del panel de jueces del Primer Circuito que en 2012 declaró inconstitucional la ley federal que solo reconocía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa decisión rechazó que se pudiera excluir a las parejas gay de beneficios federales que reciben parejas de sexos opuestos, como la posibilidad de radicar planillas de forma conjunta y recibir beneficios cuando uno de ellos muere.

Aunque fue revocado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Torruella encabezó el panel de jueces del Primer Circuito que el 15 de febrero de 2019 determinó que los nombramientos de 2016 de los miembros de la JSF eran inconstitucionales, por tratarse de funcionarios federales que debieron ser confirmados por el Senado.

Luego, sin embargo, el máximo foro judicial determinó que los nombramientos se hicieron de forma constitucional, tras concluir que los miembros del ente fiscal son funcionarios ‘territoriales’.

En abril, un panel del Primer Circuito de Apelaciones, también liderado por Torruella, determinó que a base del derecho constitucional a la igual protección de las leyes no existe una base racional para excluir a residentes de la isla del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El foro de apelaciones confirmó entonces la decisión del juez del Tribunal Federal de San Juan, Gustavo Gelpí, que concluyó que José Luis Vaello Madero, quien comenzó a recibir el SSI como residente de Nueva York, no tiene que devolver $28,081 que cobró en momentos en que su domicilio ya estaba en Puerto Rico.

En diciembre pasado, Torruella fue la voz disidente de un panel que se negó a paralizar la prohibición federal a las peleas de gallos que el Congreso extendió a Puerto Rico. Aunque no se expresó a favor o en contra de la prohibición, Torruella sí planteó que por lo menos se debió haber esperado a escuchar la posición de los demandantes puertorriqueños.

“Discrepo con la orden y daría la paralización. Nada se pierde son paralizar el asunto hasta que la corte escuche el caso. Esta ley se aprobó sin la participación de los puertorriqueños y concierne asuntos que tienen una larga tradición en su historia local. Lo menos que se puede hacer es paralizar hasta que sean escuchados”, rezan las expresiones de Torruella.

Para Torruella, ante la inacción del Congreso, el sistema judicial estadounidense tiene la tarea de corregir el trato discriminatorio que Estados Unidos otorga a sus ciudadanos que residen en Puerto Rico. En ese sentido fue una voz disidente en los casos, principalmente litigados por el abogado Gregorio Igartúa, en que el Primer Circuito rechazó conceder a los residentes de la Isla, por encima del Congreso, el derecho al voto por el presidente de Estados Unidos o a elegir congresistas.

En un artículo publicado en la revista Harvard Law Review, Torruella advirtió contra cualquier esfuerzo por redecorar la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, tras la imposición de la ley Promesa, preocupado por el legado de ese estatuto y la JSF.

En entrevista con El Nuevo Día, con ironía fina, Torruella se preguntó luego “en qué siglo” dejará de tener vigencia la junta federal.

Para Torruella, la imposición de la ley Promesa representó un ataque en contra de la limitada democracia de los residentes de Puerto Rico. “Este confrontamiento, que es como lo debo llamar, trae a la luz que somos una colonia”, dijo Torruella en una entrevista en 2016,.

Además de su reconocida carrera como jurista, Torruella fue deportista de toda su vida. Se destacó como voleibolista, baloncelista y, sobre todo, yatista.

Como atleta del deporte de vela a nivel mundial participó de cuatro Juegos Olímpicos a lo largo de su vida: Tokio 1964, México 1968, Munich 1972 y Montreal 1976. También fue medallista en la disciplina a nivel de Centroamérica y el Caribe. En el año 1998, recibió la prestigiosa Orden Olímpica, categoría plata, por sus contribuciones al olimpismo y por su apoyo al deporte.

“Mi forma de hacer ejercicios era el mar. Mi siquiatra era el mar. De mis actividades en el mar salieron también muchos de mis amigos”, decía Torruella.

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del juez Torruella.

“El juez Torruella fue un gran amigo para mí y mi familia. Durante casi cuarenta años en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, fue una voz contundente, fuerte y valiente a favor de Puerto Rico y de los derechos constitucionales que cobijan a todos los puertorriqueños. Su trayectoria se caracterizó por su entrega sin límites a la causa de la justicia y su preocupación profunda por la igualdad y la equidad”, expresó Oronoz en declaraciones escritas.

Torruella publicó más de dos mil opiniones. Es autor de varios libros, incluyendo The Supreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Separate and Unequal y Global Intrigues: The Era of the Spanish-American War and the Rise of the United States to World Power, así como de numerosos artículos de revista jurídica sobre la situación constitucional y política de Puerto Rico.

“Puerto Rico pierde a un juez con una cultura jurídica vasta, pulcritud probada, y una laboriosidad y valentía inquebrantable. A Judy y a sus cuatro hijos, nuestro abrazo solidario y la más sentida expresión de duelo de parte de todos y todas en la Rama Judicial de Puerto Rico”, manifestó Oronoz.

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