Nelson del Valle (centro) conversa con su abogado luego de salir del tribunal federal. (David Villafañe Ramos)

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson del Valle Colón se declaró esta tarde no culpable ante el magistrado Bruce McGiverin de los seis cargos por corrupción que enfrenta tras haber sido acusado ayer por un gran jurado federal.

Del Valle, de 56 años, enfrenta hasta cinco años de prisión por el cargo de conspiración, diez años por el cargo de robo de fondos federales y soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones ilegales, 20 años por cada cargo de fraude y y hasta 20 por obstrucción a la justicia. Los cargos están conectados a un alegado esquema fraudulento de sobre $100,000.

McGiverin le impuso una fianza de $25,000, que no fue objetada por la defensa del funcionario y que debe prestar en los próximos siete días. En la vista inicial, así como vista de lectura de cargos y de fianza, el legislador estuvo acompañado por sus abogados, Jose B. Vélez Goveo y Lester Arroyo Crespo.

Junto a del Valle, también fueron acusadas Mildred Estrada Rojas, directora de la oficina del legislador, y Nickolle Santos Estrada, hija de Mildred y empleada del legislador en la Cámara de Representantes. Ambas se declararon no culpable.

El magistrado les impuso una fianza de $20,000 tanto a la madre como a la hija, que enfrentan cada una tres cargos. Las acusadas enfrentan, por separado, hasta cinco años por el cargo de conspiración, diez años por el cargo de robo y diez años por soborno en la modalidad de “kickbacks”.

En el caso de Santos, estuvo representaba por el abogado Wilfredo Diaz Narváez. Mientras Estrada estuvo acompañada por la abogada Yasmín Irizarry, de la Oficina del Defensor Público federal, aunque el licenciado Victor A. Ramos Rodríguez solicitó que se anotara su comparecencia como abogado adjunto de la acusada.

Los tres acusados fueron arrestados esta madrugada luego que un gran jurado federal emitiera la acusación.

De acuerdo con el pliego acusatorio, a principio de 2017, del Valle Colón infló el salario de la directora de su oficina, de menos de $1,000 quincenal a $2,300 quincenal, aunque según la acusación llegó a recibir pagos de hasta $3,500. El salario bisemanal de Santos, de otro lado, era de $2,000 desde que fue contratada por el legislador a principios de 2017. El salario de otro involucrado descrito como “persona A”, quien dirigía la oficina de distrito del legislador en Toa Alta, también fue alegadamente inflado de $1,500 a $2,650 bisemanal.

Alegadamente, una vez del Valle Colón inició su segundo término como representante en enero de 2017, de forma fraudulenta infló los salarios de Estrada, Santos y “persona A”, sin razones legítimas, y llegó a acuerdos corruptos con cada uno de ellos. Desde inicios del 2017 y hasta el 2020, los empleados del legislador recibirían su salario bisemanal, separarían para ellos una porción de su pago inflado, y enviarían el resto en forma de comisión ilegal al legislador. Cada uno de esas comisiones ilegales fluctuaría entre $500 y $2,000 aproximadamente.

Hubo varios métodos para transferir los fondos a del Valle Colón, como el retiro de dinero en efectivo y el posterior depósito en la cuenta de banco del legislador, así como transferencias electrónicas mediante la aplicación ATH Móvil.

Los cuatro implicados, según el pliego, “ocultaron la forma ilegal y corrupta de los salarios inflados, y ocultaron los sobornos y comisiones pagadas a del Valle Colón, por ejemplo, generalmente utilizando efectivo en lugar de transferencias electrónicas o cheques para transferir fondos a del Valle Colón y al negar falsamente su participación en el esquema en sus entrevistas con agentes de la ley federal”, sostiene el pliego.