El convicto Oscar Santamaría fue sentenciado el martes a dos años y medio de prisión federal, además de $100,000 de multa y tres años de libertad supervisada, por uno de los varios esquemas municipales de corrupción que desarrolló en Cataño.

Además, Santamaría tendrá que restituir $6 millones, mientras que podrá entregarse en o antes del 2 de mayo de este año a los alguaciles en el Tribunal Federal en San Juan, desde donde será enviado a una cárcel del Negociado Federal de Prisiones (BoP por sus siglas en inglés). Santamaría pidió ser ingresado en la prisión federal en Pensacola, Florida.

En la audiencia ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, Santamaría estuvo representado por la abogada María Domínguez, mientras que el Ministerio Público contó con el fiscal federal Nicholas Cannon.

Antes de que la sentencia fuera dictada, Santamaría se expresó ante el juez asegurando estar arrepentido por sus acciones.

“Estoy aquí con el más profundo remordimiento por las decisiones y actos que me han traído ante esta corte”, expresó Santamaría. “Estoy consciente de mis acciones y tomo responsabilidad completa”.

Además, lamentó el dolor que ha causado a su familia por los pasados dos años, manifestando que sus acciones le “han quitado todo” y que acepta “la gravedad de estos cargos”.

“Me siento avergonzado”, agregó, al reconocer también que por sus acciones ha contribuido a la “pérdida en la confianza de las instituciones públicas”.

“Perdí compañías, negocios, oficina legal, amigos y mi lugar en la comunidad”, abundó. “Soy el único culpable por esto”.

Asimismo, apuntó que, tras declararse culpable ha sido objeto de ataques de personas que buscan obtener beneficio político.

En el resto de su alocución enfatizó en sus intenciones de pagar el castigo y reivindicarse, recordando su cooperación con las autoridades en investigaciones, lo que describió como un proceso “doloroso”.

“He cooperado lo más posible, asistiendo al Ministerio Público con información y documentos, siguiendo sus instrucciones en investigaciones proactivas”, resaltó. “Ha sido difícil testificar en corte contra personas que eran importantes en mi vida y que consideraba como mis amigos”.

Santamaría se había declarado culpable en el 2021 por un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales, mientras que no fue acusado por múltiples esquemas en otros municipios en los que cooperó posteriormente con las autoridades.

Domínguez y Cannon enfatizaron en la importancia de la ayuda de Santamaría al abogar ante el juez por una sentencia baja, de 18 meses. En ese contexto, expusieron que, a diferencia de otros casos, Santamaría no infló los costos de los contratos para pagar los sobornos con fondos públicos y que los proyectos sí se llevaron a cabo.

El fiscal indicó que están de acuerdo con que “se castigue a la gente por sus crímenes”, pero recalcó que “sin su cooperación no hubiera sido posible la convicción de Ángel Pérez (exalcalde de Guaynabo)”.

A su vez, Domínguez planteó que se consideraran diferentes factores y recordó palabras de su exjefe en la fiscalía federal, Guillermo Gil, describiendo la corrupción pública como “una relación simbiótica”, incluyendo a los que ostentan “el poder de la oficina pública”.

Dijo que Santamaría, en sus inicios, presentaba las propuestas más bajas en las subastas, pero “no era suficiente para llevarse el contrato” en “un sistema corrupto”, ya que “para algunos la consideración era tener un beneficio económico”. No obstante, reconoció que esto “no justifica la decisión de Santamaría para violar la ley”.

Sin embargo, el juez Arias Marxuach expresó que no aceptaría la “excusa” de que el “diablo lo hizo” cometer los actos por tratarse de un “sistema corrupto”.

“No fue un municipio. Fueron múltiples contratos y cientos de miles de dólares en Cataño, pero el informe presentencia dice que estaba en el centro de corrupción más allá de Cataño”, puntualizó Arias Marxuach.

El togado reconoció la importancia de la cooperación con las autoridades, pero también destacó que Santamaría contaba con las habilidades y experiencia para “ganarse un sustento honesto”, al contar con dos bachilleratos, un diploma de abogado y una maestría.

“Tenía todas las herramientas para seguir adelante con honestidad”, afirmó el juez, quien resaltó que, mientras cometía los actos de corrupción, Santamaría también había tenido contratos con varias dependencias del gobierno central, como la Procuradora de las Mujeres, DTOP, la ACA y AAFAF, entre otros.

Fuera de sala, Domínguez dijo que anticipaban que el juez fijaría una sentencia mayor a la recomendada por la fiscalía federal, pero que su cliente estaba tranquilo porque estaba preparado para cumplir cárcel. Además, aseguró que ya terminó su cooperación con las autoridades y que no apelará el castigo.

“Me parece que es una sentencia fuerte para una persona que cooperó a cabalidad, pero uno tiene que aceptar que el juez tiene toda la discreción”, reaccionó Domínguez, quien considera que el condena pudiera evitar que otros cooperen. “Podría ser. Habría que esperar al momento. Claro está, la sentencia también depende del juez que maneje el caso, porque cada uno tiene su discreción y propios criterios”.

Island Builders, Waste Collection y VIP Healthcare fueron algunas de las empresas de Santamaría que recibieron contratos municipales en casos de corrupción procesados por las autoridades federales.

Santamaría aceptó que, durante algún tiempo, entre el 2017 y el 2021, pagó $2,000 semanales al entonces alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

Según el acuerdo de culpabilidad, en ese período, una de sus compañías obtuvo sobre $39 millones en contratos con ese municipio. Una segunda empresa logró $584,830, mientras que una tercera superó los $7 millones.

“Tuve una reunión con él (Delgado), comenzó a llorar y dijo que él no podía vivir con el dinero que ganaba en el municipio y dijo que necesitaba dinero para pagar asuntos de salud de su esposa y su mamá”, relató Santamaría, al comparecer como testigo en el Tribunal Federal en San Juan.

Agregó que cuando le preguntó cuánto necesitaba, Delgado “dijo que necesitaba alrededor de dos mil (dólares) por semana. Yo acepté pagar los sobornos, para no perder la relación con él y los contratos en el municipio”.

Ese testimonio de Santamaría se produjo durante el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.

Aunque fue acusado solamente por un cargo de conspiración en momentos en que cooperaba con las autoridades federales, Santamaría mantuvo esquemas de corrupción similares con múltiples municipios además de Cataño y Guaynabo, incluyendo Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao.

Mientras, en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) mantiene en pausa una pesquisa sobre un contrato que Santamaría obtuvo con el Municipio de Cidra, donde había sido el asesor del entonces alcalde Javier Carrasquillo.

Santamaría fue identificado como un “líder” en los esquemas de corrupción municipales, según una moción de otro contratista convicto, Mario Villegas Vargas, quien expuso a su exsocio y también convicto Raymond Rodríguez, de JR Asphalt.

“Rodríguez, con Santamaría como líder, diseñó un plan para conseguir contratos gubernamentales mediante el pago de sobornos y comisiones ilegales a una amplia gama de candidatos políticos de los dos principales partidos políticos”, explicó la defensa de Villegas Vargas.

Añadió que, “incluso, antes de 2017 crearon un grupo de empresarios y profesionales que proporcionaría a Santamaría grandes cantidades de efectivo para dar contribuciones a los candidatos políticos, a alcaldes y otros cargos públicos para ayudar a garantizar que estos empresarios y profesionales, incluidos ellos mismos, obtengan contratos municipales”.

“Rodríguez y Santamaría acordaron que se solicitarían contratos en los municipios donde cada uno de ellos tenía conexiones políticas”, reveló la moción de Vargas.

Santamaría reconoció que tuvo su primera relación de soborno con Luis Arroyo Chiqués cuando era alcalde de Aguas Buenas, después de que lo conociera a través de Rodríguez y Villegas.

Lo que Santamaría no sabía era que, en algún momento, el alcalde de Cataño grabó en vídeo las interacciones ilegales, lo que pasó a formar parte de la evidencia de las autoridades federales. Delgado cooperó con los investigadores desde el 2020.

En mayo de 2021, Santamaría recibió una llamada de su abogada, quien lo citó con urgencia a su oficina.

“Cuando llegué allí fui al salón de conferencias y había dos agentes federales del FBI y tres asistentes de la fiscalía federal. Ellos me dieron una presentación, me mostraron algunas fotos, María me dijo que ellos tenían grabaciones que me conectaban con transacciones ilegales. Vi las fotos y vi que me habían estado siguiendo. Ella (Domínguez) me dijo que tenían todo listo para acusarme”, relató Santamaría.

Las autoridades federales le dieron a Santamaría dos horas para considerar declararse culpable. “Llamé a mi esposa, tuve una reunión con mi esposa. Como tengo seis hijos, decidí bajo la recomendación de mi abogado y mi esposa, declararme culpable”, apuntó Santamaría.

Y también acordó cooperar. Así fue cómo grabó las entregas de sobres con dinero en efectivo a Pérez. También fue el testigo clave en el juicio contra Pérez, quien fue sentenciado a cinco años de prisión.

“Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo”, afirmó Santamaría durante su testimonio en el juicio contra el exalcalde de esa ciudad.