El contratista convicto Oscar Santamaría conocerá su sentencia el martes luego de cooperar con las autoridades federales y liderar múltiples esquemas de corrupción en varios municipios de Puerto Rico.

Después de cuatro posposiciones, la audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana ante el juez federal Raúl Arias Marxuach, en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Contra Santamaría pesa solamente un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales, con relación a contratos en el Municipio de Cataño, bajo la administración de Félix “El Cano” Delgado. Ambos se declararon culpables simultáneamente, en noviembre de 2021, en el inicio de la racha de acusaciones contra varios funcionarios y contratistas municipales.

Santamaría fue acusado por el mismo cargo de conspiración que enfrentó Delgado, quien fue sentenciado el mes pasado a un año en prisión. La defensa y la fiscalía federal llegaron a solicitar un año de probatoria para Delgado porque supuestamente ayudó en, al menos, una docena de convicciones.

Sin embargo, a diferencia de Delgado, el acuerdo de culpabilidad indica que “las partes recomiendan” una sentencia de cinco años de cárcel para Santamaría, además de una confiscación de $6 millones. En caso de que la condena impuesta sea mayor, el empresario podrá apelar.

Hay que destacar que Santamaría no fue acusado por su participación en una serie de otros casos similares que han sido procesados en el Tribunal Federal en San Juan y en los que ha figurado como eje clave en la aprobación de contratos a cambio de pagos ilegales.

Island Builders, Waste Collection y VIP Healthcare fueron algunas de las empresas de Santamaría que recibieron contratos municipales.

De acuerdo con documentos judiciales, Santamaría estuvo involucrado -por lo menos- en los esquemas que llevaron a la cárcel a alcaldes de Aguas Buenas, Cataño, Guaynabo, Trujillo Alto y Humacao.

Asimismo, Santamaría fue identificado como un “líder” en los esquemas de corrupción municipales, según una moción de otro contratista convicto, Mario Villegas Vargas, quien expuso a su exsocio y también convicto Raymond Rodríguez, de JR Asphalt.

“Rodríguez, con Santamaría como líder, diseñó un plan para conseguir contratos gubernamentales mediante el pago de sobornos y comisiones ilegales a una amplia gama de candidatos políticos de los dos principales partidos políticos”, explicó la defensa de Villegas Vargas.

Agregó que, “incluso, antes de 2017 crearon un grupo de empresarios y profesionales que proporcionaría a Santamaría grandes cantidades de efectivo para dar contribuciones a los candidatos políticos, a alcaldes y otros cargos públicos para ayudar a garantizar que estos empresarios y profesionales, incluidos ellos mismos, obtengan contratos municipales”.

“Rodríguez y Santamaría acordaron que se solicitarían contratos en los municipios donde cada uno de ellos tenía conexiones políticas”, reveló la moción de Vargas.

Pero los detalles del ascenso de Santamaría como contratista mediante sobornos se conoció públicamente en marzo de 2023, cuando declaró como testigo principal en el juicio contra el el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.

Santamaría fue empleado de la Cámara de Representantes y lleva más de dos décadas como contratista con entidades gubernamentales.

A mediados de la década pasada, aproximadamente, Santamaría dejó sin efecto un contrato que tenía como asesor del entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, mientras que la empresa Waste Collection, que había incorporado en el 2012, obtuvo un contrato con ese municipio.

Esa movida fue investigada de forma preliminar por el Departamento de Justicia, que lo cerró en el 2016 sin avisar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), quien asumió jurisdicción de la pesquisa tras enterarse por la prensa, en mayo de 2022, lo que provocó que Carrasquillo renunciara a su puesto en Fortaleza como Secretario Auxiliar para Asuntos Municipales.

Sin embargo, la investigación ha estado paralizada porque “el testigo principal está bajo custodia del FBI”, según el PFEI, presumiblemente en referencia a Santamaría.

En el caso federal contra Pérez, desde el banquillo de los testigos, Santamaría aseguró que el contrato en Cidra y otro en Naguabo los obtuvo al ofrecer una cotización más baja y señaló que su primer acuerdo mediante soborno lo contrajo con Luis Arroyo Chiqués cuando era alcalde de Aguas Buenas.

Santamaría alegó que entró en esa relación después de que conociera a Arroyo Chiqués a través de Rodríguez y Villegas. En una reunión, Rodríguez le informó que “Chiqués quería un dólar” por cada una de las casas a la que le recogiera la basura.

Por su parte, al declararse culpable, Arroyo Chiqués aceptó que en el 2015 -antes de salir de la alcaldía- aprobó una extensión del contrato de Santamaría a cambio que le pagaran $5,000 mensuales. La acusación indica que llegó a recibir $270,000 en comisiones ilegales.

“En ese momento yo estaba muy asustado”, dijo Santamaría, al sostener que esa fue la primera vez en que aceptó pagar sobornos.

Mientras, Santamaría aceptó culpa por el esquema de corrupción en Cataño, que duró de junio de 2017 a febrero de 2021. Según el acuerdo de culpabilidad, en ese período de tiempo, una de sus compañías obtuvo sobre $39 millones en contratos con ese municipio. Una segunda empresa logró $584,830, mientras que una tercera superó los $7 millones.

En su acuerdo de culpabilidad, radicado en noviembre de 2021, Santamaría reconoció que le pegaba semanalmente $2,000 en efectivo a Delgado cuando era el alcalde de Cataño.

“Tuve una reunión con él (Delgado), comenzó a llorar y dijo que él no podía vivir con el dinero que ganaba en el municipio y dijo que necesitaba dinero para pagar asuntos de salud de su esposa y su mamá”, relató Santamaría, durante el juicio contra Pérez.

Agregó que cuando le preguntó cuánto necesitaba, Delgado “dijo que necesitaba alrededor de dos mil (dólares) por semana. Yo acepté pagar los sobornos, para no perder la relación con él y los contratos en el municipio”.

El testimonio de Santamaría fue clave para la prueba presentada al jurado que encontró culpable a Pérez, quien fue sentenciado a cinco años de cárcel.

“Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo”, afirmó Santamaría durante su testimonio en el juicio contra el exalcalde de esa ciudad.

Según Santamaría, fue Delgado quien coordinó su acercamiento a Pérez cuando todavía era alcalde de Guaynabo.

“Comenzamos a hablar, [...] le pregunté cómo podía ayudarlo”, contó. Santamaría indicó que Pérez le dijo que necesitaba saldar una deuda de $70,000 correspondiente a su campaña política. Acordaron entonces que Pérez recibiría los pagos de $5,000 cada cuatro a seis semanas.

Añadió que esa deuda se saldó, pero continuó haciendo los pagos de $5,000 y Pérez los recibía. “Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo”, abundó el contratista, en relación a la empresa Island Builders. La acusación alega que el esquema duró de 2019 a 2021.

Lo que Santamaría no sabía era que, en algún momento, sus interacciones ilegales con el alcalde de Cataño estaban siendo captadas en imágenes que pasarían a formar parte de la evidencia de las autoridades federales. Delgado cooperó con los investigadores desde el 2020. En mayo de 2021, Santamaría recibió una llamada de su abogada, María Domínguez, quien lo citó con urgencia a su oficina.

“Cuando llegué allí fui al salón de conferencias y había dos agentes federales del FBI y tres asistentes de la fiscalía federal. Ellos me dieron una presentación, me mostraron algunas fotos, María me dijo que ellos tenían grabaciones que me conectaban con transacciones ilegales. Vi las fotos y vi que me habían estado siguiendo. Ella (Domínguez) me dijo que tenían todo listo para acusarme”, relató Santamaría.

Las autoridades federales le dieron a Santamaría dos horas para considerar declararse culpable. “Llamé a mi esposa, tuve una reunión con mi esposa. Como tengo seis hijos, decidí bajo la recomendación de mi abogado y mi esposa, declararme culpable”, apuntó Santamaría.

Y también acordó cooperar. Así fue cómo grabó las entregas de sobres con dinero en efectivo a Pérez.

Mientras, el exalcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vergas fue sentenciado a a tres años de cárcel luego de declararse culpable por acumular una suma de $27,000 en efectivo como parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales (kickbacks) a cambio de otorgar contratos municipales a las empresas JR Asphalt y Waste Collection.

Por su parte, el exalcalde popular de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz se declaró culpable por recibir al menos $10,000 entre los años 2020 y 2021, de parte de una compañía de recogido de basura y de una empresa de asfalto. En relación a este caso, también se declaró culpable el vicealacalde, Radaméz Benítez.

“Para obtener ese contrato en Trujillo Alto para el manejo de residuos, a nombre de Santamaría, (Raymond) Rodríguez pagó al asistente ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona $200,000 y acordó pagarle $0.75 por cada casa donde se recolectaron los desechos, para un pago mensual total de $17,250. Estos pagos se entregaron entre 2017 y 2021″, detalló la moción de Villegas.