Miguel Encarnación Correa, al centro, renunció a su cargo en febrero de este año. (Gerald López Cepero)

La jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sentenció hoy, miércoles, a Miguel Encarnación Correa, exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), a una probatoria de cuatro años y seis meses por violaciones a múltiples artículos del Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental.

Encarnación Correa renunció a su cargo el 23 de febrero de 2018 por lo que, en ese momento, catalogó como razones personales. Sin embargo, La Fortaleza lo refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor ante denuncias de corrupción. Encarnación Correa también fue objeto de una querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Las irregularidades fueron detectadas en una investigación que realizó la fiscal Wanda Meléndez Santos, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, y la agente Elizabeth Hernández, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Por esta razón, Justicia determinó referir el caso al PFEI. Esta entidad tuvo que analizar las pruebas y asignar a un fiscal especial independiente para determinar si se le radican cargos criminales.

Según las denuncias, Encarnación Correa solicitó favores de naturaleza sexual a dos de sus supervisados en la ASG, según la pesquisa llevada a cabo por Justicia. Sin embargo, dichas acusaciones no formaron parte de la sentencia.

Además, fue denunciado porque tras el paso del huracán María prestó a varios empleados generadores eléctricos, así como vehículos de motor y autorizó su abastecimiento de combustible. Según las denuncias el uso que se le dio a este equipo fue personal y no como parte de servicios oficiales prestados a la entidad gubernamental.

Encarnación Correa enfrentó cinco cargos criminales por el Articulo 252 (Aprovechamiento ilicito de trabajos o servicios públicos), un cargo por el Art. 108 (Agresión) y otro por el Art. 241 (Alteración a la paz), los cuales cumplirá de manera concurrente. Así mismo, la sentencia incluyó tres cargos por violaciones al Art. 4.2 (q) de la Ley de Ética que debera cumplir de manera consecutiva.

Los fiscales Emilio Arill García y Manuekl Núñez Corrada añadieron que Encarnación Correa restituyó los dos generadores eléctricos propiedad del gobierno de Puerto Rico.