El vencimientp de la extensión de los términos judiciales que concedió el Tribunal Supremo a raíz de la pandemia vence hoy, lo que podría provocar la desestimación de casos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Tal y como ocurrió tras el paso del huracán María, sumariados en instituciones penales de Puerto Rico podrían salir en las próximas semanas a la libre comunidad debido a que cumplirán seis meses en prisión sin un juicio.

Además, el vencimiento, mañana miércoles, de la extensión de los términos judiciales que concedió el 22 de mayo el Tribunal Supremo a raíz de la pandemia, podría provocar la desestimación de casos.

Aunque el Colegio de Abogados y Abogadas, solicitó mediante carta al máximo foro judicial una nueva extensión de los términos, por no menos de 30 día adicionales, ayer la Oficina de Administración de los Tribunales informó que, hasta el momento, se mantenía vigente el término impuesto.

En la misiva al Tribunal, el Colegio indicó que habían recibido preocupaciones de los abogados respecto al vencimiento, mañana 15 de julio, de los de los términos para someter escritos o diligenciamientos de emplazamientos o citaciones.

Señala que no han tenido acceso a los documentos notificados de manera electrónica y cuyo término de acceso venció por haber transcurrido 45 días. Se quejaron, además, que han experimentado dificultades con la plataforma del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (Sumac) y que muchos abogados todavía trabajan en los protocolos para la reapertura de sus oficinas.

El vencimiento de los términos en los casos civiles tiene efectos diferentes a los que provoca en el área criminal, que pueden estar relacionados directamente con la libertad de una persona.

La jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Arlene Gordón, sostuvo en declaraciones escritas que el ministerio público estará preparado para levantar los planteamientos que entienda necesarios en las vistas evidenciarias.

“Antes de proceder con la desestimación de los casos, debe celebrarse por mandato de ley una vista evidenciaria donde se pondere las circunstancias de la dilación y se evalúen con referencia a los criterios de razonabilidad de la jurisprudencia si esta procede o no.  No hay cosa tal como una desestimación automática”, expresó la funcionaria. 

Debido a la pandemia, la rama Judicial recesó parcialmente el 16 de marzo. El 8 de junio inició un proceso de reapertura y el 22 de junio permitió la celebración de vistas presenciales, cuando no se pudiera atender mediante videoconferencias.  Es decir, que al menos transcurrieron tres meses sin que la mayoría de las vistas preliminares y juicios se pudieran celebrar en las salas de lo criminal. 

A ese tiempo corriendo se le suma que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se rehúsa a trasladar a los sumariados a los tribunales y los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que es el bufete más grande en la representación de casos criminales en la isla, se opone a ver las vistas preliminares o juicios mediante videoconferencias, por entender que menoscaba el derecho a una representación adecuada de sus clientes.

Guimazoa Miranda Hernández, abogada de SAL, explicó que las salas judiciales disponen de un monitor no mucho más grande que el de una computadora personal que proyecta simultáneamente las imágenes del juez a cargo, del abogado, del acusado y los otros participantes, 

“Así se pretende que los testigos identifiquen a la persona acusada, que la persona acusada se entere de lo que está pasando y sin poder hablar privadamente con su abogado”, añadió. “Quién está decidiendo aquí si se mueve el Tribunal es un miembro del gabinete de la gobernadora (el secretario de Corrección), que es el poder ejecutivo”, señaló la abogada de la SAL.

En tanto, la jefa de los fiscales se limitó a decir que el ministerio público ha estado preparado para atender los asuntos criminales “ya sea para la celebración de videoconferencias o vistas presenciales”.

A preguntas de El Nuevo Día, Miranda Hernández reconoció que el cierre prolongado del tribunal y las cancelaciones de las vistas, pudieran provocar excarcelaciones en las próximas semanas por rebasarse los seis meses de encarcelamiento preventivo.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe que una persona permanezca más de seis meses en prisión sin tener juicio, por lo que puede presentar un recurso para que el Ministerio Público evidencie porqué debe estar encarcelado y pedir su excarcelación, lo que se conoce como ‘habeas corpus’. 

En enero de 2018, el Tribunal Supremo determinó que ese término de seis meses no puede ser alterado ni siquiera por un cierre provocado por un fenómeno atmosférico, que en ese caso examinado fue el huracán María.

EL DCR no lleva a los confinados a las salas judiciales como medida para contener los contagios. Ayer, esa agencia informó que un sumariado, de 26 años, que ingresó el pasado fin de semana arrojó positivo a COVID-19.

La SAL, que atiende a imputados indigentes, ha atendido otros señalamientos judiciales de clientes en libertad bajo fianza, solicitudes de rebajas de fianza, habeas corpus y otras vistas con antelación al juicio en las que entiende que los derechos de sus clientes no se menoscaban si no están presentes físicamente en sala.