Zoé Laboy Alvarado

Tribuna Invitada

Por Zoé Laboy Alvarado
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A procurar balance al reformar el sistema de justicia juvenil

Durante las pasadas semanas se han discutido en el Senado de Puerto Rico dos proyectos de ley que promueven una reforma al sistema de justicia juvenil.  Aplaudo el que compañeras legisladoras y compañeros legisladores de todos los partidos e ideologías, así como el gobernador, se hayan preocupado por atender tan importante tema, pero reitero que necesitamos analizar con mayor profundidad las opciones.

Hay consenso legislativo con relación a que la ley de menores existente no funciona.  Pero ese hecho no puede movernos a dar pasos a la ligera, sin ponderar las repercusiones para aquellos y aquellas a quienes queremos hacer justicia:  nuestras y nuestros jóvenes.

Necesitamos esbozar un proyecto de ley que procure el balance; que no sea ni muy punitivo ni muy laxo.  Es imperativo que se provean los procesos adecuadas para ponderar los casos de acuerdo con sus circunstancias. Que se tomen en consideración aspectos vitales como la capacidad mental del o la menor, su edad, así como la naturaleza del incidente. Ningún caso es igual a otros y con nuestras y nuestros menores, no podemos generalizar.

Estoy convencida de que el procesamiento de un menor en los tribunales, ni en el Negociado de Instituciones Juveniles, debe ser la primera opción.

Al evaluar un proyecto de ley que modifique la forma en que se imparte justicia a las faltas cometidas por menores, debemos considerar que hay jóvenes a las y los cuales probablemente la sociedad les falló.

Durante los años que laboré en los sistemas correccionales del gobierno federal y de Puerto Rico fueron muchas y muchos los niños, niñas y jóvenes que conocí tras las rejas. Y, aunque no tengo un estudio científico, me atrevo a aseverar que la mayoría de ellos y ellas son producto de circunstancias como padres o madres ausentes o negligentes, víctimas de abuso y falta de atención.

Entonces, ¿Debe el Estado también fallarles negándoles una verdadera oportunidad?

Me opongo a que las conductas desviadas en las que incurran las y los jóvenes de nuestra Isla queden impunes. No significa que por su minoridad no debe haber consecuencia por sus actos. De hecho, estoy segura de que no tener consecuencias, haría un daño extremo aún peor.

Pero nos corresponde a nosotras y nosotros responsablemente determinar qué tipo de consecuencia tendrá una o un menor por cometer una falta y qué alternativas le vamos a brindar para corregir su conducta y rehacer su vida.

Si no aprobamos una ley que les haga verdadera justicia, terminaremos revictimizando a nuestros y nuestras jóvenes.

Para esto no puede haber prisa. Que nos tome el tiempo que nos tome.

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