María de Lourdes Guzmán

Punto de Vista

Por María de Lourdes Guzmán
💬 0

Caso Jensen Medina: ¿juicio justo o circo mediático?

Mucho se ha comentado sobre la transmisión televisiva de procesos judiciales criminales en Puerto Rico, particularmente, en casos que han despertado gran interés público. Podemos recordar el proceso criminal seguido contra Luis Rivera Seijo, alias El Manco y el de Pablo Casellas, los cuales se ventilaron en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó la transmisión televisiva del caso que se sigue contra el Sr. Jensen Medina Cardona pero, esta vez, desde la etapa de la vista preliminar. Dicha transmisión causó inusitado interés en el público, al extremo de que miles de personas se concentraron en observar el proceso que se transmitió por los canales de televisión de mayor audiencia y en las páginas digitales de medios periodísticos. 

La defensa del Sr. Medina Cardona se opuso a la transmisión de los procesos en etapa tan preliminar, por la publicidad excesiva que dicha transmisión imprimiría al proceso y la forma en que, como resultado de eso, se lacerarían los derechos constitucionales fundamentales de su representado. Con la autorización de la transmisión del proceso, se pretendió garantizar el derecho del pueblo a estar informado y salvaguardar el derecho a la libertad de prensa. 

Es mi muy personal y humilde opinión, que a pesar de que nuestra rama judicial trata de hacer un balance entre ambos derechos, por las circunstancias prevalecientes del Puerto Rico actual, ese balance no es posible. Si bien es importante que la ciudadanía esté informada de los procesos judiciales, sobre todo de aquellos en los que expresa un marcado interés, no es menos cierto que cuando se trata de procesos judiciales penales, los derechos de una persona imputada cobran una relevancia excepcional, máxime cuando de lo que se trata es de garantizar un juicio verdaderamente justo e imparcial y la protección del derecho del acusado a la presunción de inocencia. Una vez este derecho se desvanece irremediablemente, se corre el riesgo de que el proceso se convierta en una farsa.  

Para muchos de los abogados y abogadas que practicamos el derecho penal, la apertura a la transmisión de estos procesos, levanta profundas preocupaciones. Desde hace varias décadas se ha reconocido el derecho a que los procesos penales sean públicos desde la vista preliminar, por lo cual se comenzó a permitir el acceso a la prensa desde dicha etapa. El Vocero de PR vs Puerto Rico, 508 US 141 (1993). No obstante, nuestro Tribunal Supremo reconoció que, con la apertura de las salas a la prensa, el derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial, a la protección de su derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso de ley, cobraban una importancia mayor. En Pueblo vs Andaluz, resuelto en 1997, la exjueza presidenta de dicho Tribunal, Miriam Naveira Merly reconoció, en su opinión de conformidad, que hacer la vista preliminar un proceso abierto al público “podría tener graves repercusiones para el derecho del imputado a un juicio justo”. Añadió, “No se trata solamente del contacto que pueda tener el jurado con una publicidad perjudicial durante el desarrollo del juicio. La publicidad adversa durante esta etapa investigativa reduce grandemente el número de candidatos idóneos para desempeñarse como juzgadores de hechos, personas que actúen con total imparcialidad y rectitud. Indudablemente, la publicidad excesiva de un proceso criminal pone en serio riesgo el derecho de un acusado a la presunción de inocencia y, por ende, a un juicio justo e imparcial. 

Durante la transmisión del proceso de vista preliminar del caso del Sr. Medina Cardona, las expresiones de miles de personas, principalmente, a través de las redes sociales, confirmaron que un gran sector de nuestra gente no comprende el alcance de los derechos constitucionales de un acusado, los que, a fin de cuentas, son derechos civiles que nos protegen a todos y todas en la eventualidad de encontrarnos imputados de delito. Las expresiones de burla hacia los abogados y de odio hacia el imputado, unido a las opiniones desorientadas y sesgadas que en tiempos modernos se emiten desde los programas de chismes, ponen en precario la protección de la carta de derechos del acusado, convirtiendo el proceso en uno de corte farandulero. Eso es muy peligroso para nuestro sistema de justicia, que debe velar por el balance justiciero de los intereses que están en juego, más aún cuando de procesos penales se trata. La preocupación expresada por la Hon. jueza Naveira, hace dos décadas, sigue vigente.

Otras columnas de María de Lourdes Guzmán

💬Ver 0 comentarios