Luis Rafael Rivera

Punto de vista

Por Luis Rafael Rivera
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Código Civil: parto prematuro con fórceps

¿Cómo se pare una criatura de veinticuatro libras? Esa es la pregunta que debe hacerse cualquier legislatura parturienta si se propone dar a luz un nuevo Código Civil. No será un parto fácil, lo sabemos, sobre todo si el feto viene malformado y de nalgas.

Si se hace bien, toda gestación de este tipo vitalizaría las partes “envejecidas” del Código Civil, dotándolo de unidad y coherencia, y facilitaría el conocimiento del Derecho y la aplicación por los jueces. De lo contrario, de nada serviría.

Consciente de esa realidad, cuando en 1998 inició el proceso de reforma, se recurrió al legista. Así como hay sismólogos y epidemiólogas, existe el especialista en la elaboración de textos legales de calidad. Para ello no basta con haber estudiado Derecho ni saber aplicar la ley, hay que dominar la ciencia de la legislación compleja. De España, Luisiana, Argentina, Perú y Quebec nos nutrimos para elaborar un plan científico de reforma en el contexto de una sociedad democrática.

El legista no es un mero drafter. Piensa en un proceso más largo y complejo movido por la idea de que su labor cumple una importante función con respecto a los valores del ordenamiento. Mientras busca seguridad jurídica y certeza, tiene muy en cuenta cómo esto repercute en otros valores como la libertad. Si la ciudadanía no tiene problemas para entender cuáles son las conductas que puede llevar a cabo, las practicará sin temor a que en ello encuentre obstáculo o sanciones.

El plan de reforma del Código Civil de Puerto Rico, avalado por los tres partidos con representación legislativa, contenía los criterios orientadores del trámite y las etapas indispensables para lograrlo. Entonces, se buscaba evitar la reforma oculta. Esa que se promueve invocando buenas razones, pero que resultan luego reemplazadas por razones impropias, vinculadas a necesidades partidistas de muy corto plazo.

Ya en 2003, se estaban efectuando vistas públicas sobre los borradores de los libros “terminados”. El proceso fluyó de manera coherente hasta 2007, cuando el senador Jorge de Castro Font pasó a tomar el mando de la Comisión. Vinieron largos plazos de letargo e hibernación. Aunque algunos intentaron algo digno, poco se hizo mientras se mareaba la perdiz. Al final, todo fue rodeos, circunloquios y dilaciones para aprobar “algo” por cansancio.

Hoy, además de las deficiencias sustantivas identificadas por otras personas, existen razones de peso adicionales para concluir que el Proyecto que tiene ante sí la gobernadora es un concebido y no nacido.

Uno. No procura alinear el derecho a la vivienda con el principio democrático que hoy se encuentra ampliamente extendido en la sociedad, pero que resultaba demasiado débil en los años fundacionales del código vigente. Deja de proteger adecuadamente a los menores, los adultos mayores y los discapacitados.

Dos. Eliminó la referencia al carácter “social” de la propiedad. A tono con los tiempos, el Proyecto original disponía que la propiedad comprende derechos y deberes cuyo ejercicio debe ser compatible con el interés colectivo y en armonía con el medio ambiente. Y ¿qué pasó? Casi nada, la vuelta a los años finales del siglo XVIII, a la vieja definición napoleónica descartada por la doctrina y los tribunales. El síndrome de envejecimiento acelerado prematuro, esa enfermedad genética que exhiben ciertos niños, hace que el “nuevo” código nazca viejo.

Tres. No pasó por la fase final de articulación interna, proceso esencial para evitar las dudas, lagunas y ambigüedades. Tampoco hubo una operación de desyerbo en la selva de leyes que lo contradicen. Es crucial “limpiar” los textos legales de las inconsistencias que suelen caracterizarlos luego de procesos de reformas realizados a lo largo de años, a veces con apuro o poco cuidado.

Cuatro. Los códigos, como las constituciones, confían su reforma a la acción sucesiva de ciertas leyes orgánicas. Por ejemplo, el tratamiento parco del tema de los bienes públicos supone la aprobación de una ley especial para regular la materia. Ni siquiera el Tribunal Supremo pudo darle un cauce jurídico apropiado al asunto cuando el juez federal Gustavo Gelpí pidió un pronunciamiento sobre la viabilidad jurídica de las “calles privadas”.

Cinco. Se deshizo del nuevo libro de “Derecho Internacional Privado”, cuyo texto se inspiró en modelos recientemente adoptados en Europa y Estados Unidos. Tal parece que algún despistado convenció a cierto legislador de que se estaba “jugando a la república”. Con dos terceras partes de los puertorriqueños residiendo fuera de la Isla, el libro es indispensable.

Seis. Los procesos de creación y reforma legal deben ser abiertos, inclusivos, dialógicos, no meramente formales o decorativos. Así, se reducen los riesgos de que se creen leyes “con nombre y apellido” y de que se cometan errores involuntarios, tan propios de los procesos de decisión concentrados en pocas personas.

En este momento, la aprobación de un nuevo Código Civil es un proceso abierto e inacabado: un concebido pero no nacido. Es de esperar que termine de desarrollarse conforme a pautas como las descritas, para no verse afectado en su legitimidad y validez constitucional. Es posible y siempre deseable que así sea. De lo contrario, se le recordará como el extraño caso del nasciturus extraído con fórceps en medio de la cuarentena.

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